La Red de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de
Género (SAVG) de Madrid ha denunciado la situación de desamparo que sufren por parte del Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida. Según han transmitido las trabajadoras de este servicio esencial para la protección de quienes sufren maltrato machista, los recursos de la administración madrileña no cubren las necesidades básicas de las víctimas.

Las reivindicaciones de las trabajadoras coinciden con la publicación de las nuevas cifras de violencia de género por parte del sistema de protección policial para víctimas de violencia machista VioGén. Según estos datos, en el mes de febrero se cuantificaron 690.188 víctimas de violencia de género en todo el Estado, un número un 7,3% superior a la del mismo periodo del año anterior.

El abandono institucional del Ayuntamiento deriva, según las profesionales de la red, en un déficit de protección no sólo hacia las mujeres víctimas y a sus hijos menores, sino también hacia las propias profesionales del servicio, que se hallan absolutamente colapsadas. Tanto es así que en los equipos de trabajo de la red existe una elevada movilidad de profesionales, las cuales acaban desplazándose a otros centros debido al nivel de desgaste emocional que les genera ejercer su profesión en espacios precarizados.

Así lo denuncia Ana (nombre falso), portavoz de la SAVG, quien sostiene en conversación con Público que las trabajadoras conviven diariamente con enfermedades tanto psicosomáticas como psíquicas derivadas de las condiciones laborales que afrontan. "Muchísimas bajas se deben a enfermedades relacionadas con el estrés, lesiones de espalda, cervicales, vértigos, úlceras de estómago…". Ello se suma a tener que atender a las víctimas "con la frustración y la impotencia de disponer de escasísimos medios y no llegar a dar cobertura a todas sus necesidades".

El grado de especialización, responsabilidad y formación que se exige a estas profesionales no se relaciona, sin embargo, con los salarios que perciben ni con el valor que se le concede a su trabajo. "Se nos exige, en la mayor parte de los puestos, que tengamos titulación universitaria, con másteres en el caso de las psicólogas y una formación especializada en violencia de género así como una experiencia mínima de dos años". 

Asimismo, este miércoles la portavoz de Más Madrid Rita Maestre anunció en el acto Más Feminismo: las políticas de cuidados en el centro tras su reunión con varias trabajadoras de la red, que "en Madrid, cuando una mujer llama al Servicio de Atención a víctimas de Violencia de Género 24 horas puede tardar hasta dos meses en tener una primera cita de valoración". Este es el único recurso de emergencia y de primera acogida de la red de violencia. 

Por otro lado, en los cinco centros ambulatorios donde se presta apoyo psicológico y terapéutico, la inestabilidad y la alta rotatividad de las profesionales se traduce en demoras de hasta cuatro semanas para tener cita. Esta realidad, declaran desde la red, dificulta el proceso terapéutico y puede generar un intenso sufrimiento a corto, medio y largo plazo de las víctimas.

Maestre ha destacado también que, cuando una de estas mujeres se encuentra en un momento de riesgo inminente, "el ayuntamiento tiene tan solo 15 plazas de alojamiento en la Zona de Estancia Temporal (Z.E.T) para todas las mujeres en esa situación". Esto implica que esas plazas, que no se corresponden a unidades familiares sino a personas (una mujer con un niño a su cargo ocuparía, por tanto, dos plazas) quedan desbordadas de mujeres en situación de riesgo. 

Por esta razón, se han llegado a utilizar lugares alternativos para alojarlas, como hoteles o espacios de la Red de Personas sin Hogar. Aunque el tiempo óptimo para que las mujeres residan en estas estancias es de 72 horas, algunas han llegado a permanecer hasta un mes. 

Las denunciantes sostienen que estos establecimientos no son adecuados para las víctimas ya que "las mujeres están solas, sin profesionales que las puedan atender en casos de crisis, donde pueden ser localizadas por los agresores y donde ellas mismas pueden ponerse en contacto con ellos al encontrarse en un momento extremadamente vulnerable", destaca Ana. 

La saturación de recursos de los que dispone esta red implica a su vez que únicamente las mujeres que se encuentran en grave riesgo disponen de esos alojamientos. No así todas aquellas que están siendo sometidas a violencias previas al maltrato físico pero que necesitan salir de esa situación antes de que su vida corra peligro. Por tanto, resulta imposible abordar la violencia desde la prevención ni se puede conseguir que las víctimas escapen de la vivienda que comparten con el maltratador antes de que éste las agreda físicamente.

Esto afecta a las mujeres que sufren violencia psicológica, quienes "piden ayuda porque necesitan salir de esa convivencia con su pareja agresor y no pueden hacerlo porque no se considera que estén en situación de emergencia al no haber una amenaza física", según explica Ana.

Además, tanto Ana como Maestre indican que las mujeres que sufren violencia de género están a menudo afectadas por muchas otras violencias, las cuales les impiden separarse de su maltratador y abandonar el hogar para acudir a un lugar más seguro. Así, la violencia por razón de género entronca con otras violencias económicas o de índole racial que agravan su vulnerabilidad de forma acusada. "Cuando una mujer depende materialmente de su pareja agresora de cara a asegurar su sustento y el de sus hijos, es muy difícil que pueda separarse de él", señala Maestre.

La política de Más Madrid también ha apelado directamente al alcalde de Madrid, quien debería saber que "en esta ciudad conviven en el mismo espacio a veces hasta más de tres unidades familiares de mujeres víctimas de violencia de género con sus hijos, que han tenido que huir de su agresor" en lugar de "estar en una habitación separada, bien cuidada y con los materiales adecuados para niños que están en grave riesgo".

Las trabajadoras convocan parones y una protesta el 8M

La respuesta por parte de las profesionales lleva meses organizándose colectivamente a través de asambleas y esta semana se han convocado, durante la jornada del 8M, parones parciales de varias horas en sus recursos de atención. Éstos podrían prolongarse, explica Ana, "si a largo plazo no hay respuesta ni acuerdos o directamente no se puede negociar", pudiendo llegar incluso a una huelga completa.

También han convocado en la mañana del viernes una concentración a las 12.00 frente a la Puerta del Ayuntamiento, en la Plaza de Cibeles, en protesta contra la precariedad a la que están sometidas a diario estas trabajadoras en la capital. Las reivindicaciones que pondrán sobre la mesa durante la manifestación van desde la exigencia de un modelo actualizado de intervención que aporte una respuesta real a las necesidades de las víctimas hasta una mejora de las infraestructuras de los centros de atención. 

Las trabajadoras se enfrentan de nuevo a la derecha 

Esta no es la primera vez que las trabajadoras de la Red de Atención a Víctimas de Violencia de Género salen a la calle para condenar públicamente el desmantelamiento de los recursos en Madrid: el año pasado, las profesionales denunciaron la iniciativa de Carla Toscano de Baldín, concejala y portavoz adjunta de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, sobre poner en marcha una comisión de investigación sobre los servicios de la red de centros. 

La concejala de la formación ultraderechista alegó que estos servicios de protección podrían perjudicar la igualdad ciudadana y vulnerar la presunción de inocencia de los hombres así como sus derechos fundamentales. Fue la única que votó a favor de esta propuesta, que fue rechazada por el resto de partidos, inclusive el Partido Popular.