Unificar la lucha contra la violencia machista en Europa. Este es el objetivo de la Directiva contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, su nombre completo. Una norma en fase de negociación. A día de hoy, España y Suecia son los dos países más avanzados en legislación específica contra la violencia de género. 

El Parlamento Europeo acogía esta semana las jornadas Violencia contra las mujeres: análisis de las novedades jurídicas en la UE, organizadas por la izquierda europea. Más de treinta expertas en materia de violencias machistas se daban cita. La eurodiputada María Eugenia Palop, la fiscal Teresa Peramato o la magistrada Glòria Poyatos. También, la actriz y superviviente de violencia sexual Thelma Fardin, representantes del Lobby Europeo de Mujeres y de WAVE o de otras múltiples organizaciones españolas. Sobre la mesa: aprobar una directiva histórica que amplía la protección a las mujeres europeas víctimas de cualquier violencia machista. 

Unificar la legislación

En los últimos años, la violencia machista y la igualdad se han convertido en temas clave de debate en la Unión Europea. Hay una mayor sensibilización. Eso se materializa en ejemplos tan claros como la menciones de Úrsula Von der Layen. La presidenta de la Comisión Europea habló en su discurso de Estado de la Unión de los logros en igualdad. "Ha habido dos avances históricos: la adhesión de la UE al Convenio de Estambul y la propuesta de esta Directiva. Estamos dando pasos en la buena dirección", explica Irene Rosales, coordinadora de campañas de conciencia política en la Unión Europea del Lobby Europeo de Mujeres. Rosales se refiere a los logros en materia feminista del mandato de la Comisión Europea actual, desde 2019.

Hasta ahora el Convenio de Estambul (2011) era la norma que regía para los miembros adscritos a ella en el seno de la Unión. España se adhirió a él en 2014. Otros países como son Hungría, Bulgaria, República Checa, Latvia, Lituania y Eslovaquia no han ratificado el convenio. Por lo tanto, no adaptan su legislación. Turquía, por ejemplo, dejó de aplicarlo en 2011. 

Una Directiva frente al negacionismo

La novedad sí se aprueba la Directiva es que habría unas normas básicas en materia de violencia machista de obligado cumplimiento para los Veintisiete. Esto es especialmente importante en el caso de países como Polonia que ha amenazado varias veces con desligarse del Convenio de Estambul. Con el cambio del Gobierno polaco podría darse un cambio de postura. Sin embargo, la Directiva establecería un marco común y obligatorio. Esto evitaría mantener a las mujeres en un limbo de incertidumbre con respecto a sus derechos.

Existe en Europa una ola reaccionaria contra los avances legislativos feministas. Bulgaria, Croacia, Hungría y Eslovaquia, países "que apoyaban la igualdad ahora apoyan políticas neutrales", comenta Susana Pavlou, directora del Instituto Mediterráneo de Estudios de Género. Esta neutralidad funciona a favor del negacionismo de la violencia de género. Promociona "la idea errónea de que cualquier persona es susceptible de ser víctima". Una violencia sin género que tiene un impacto "en la disposición de recursos" contra la violencia machista. 

Paso a paso

En marzo de 2022, la Comisión Europea se hacía cargo de la proposición. Este año, en julio, el Parlamento Europeo continuaba con el proceso y establecía negociaciones con el Consejo —los Estados—. A partir de ahí, este martes tenía lugar una nueva reunión del trílogo —las reuniones entre Comisión, Parlamento y Consejo—. Su contenido es confidencial pero trascienden algunos detalles. Este es el proceso de negociación de todas las directivas, lo que hace difícil conocer el estado de las negociaciones.  

El Parlamento Europeo quería ampliar los tipos penales que ya incluía la directiva. Incluir el matrimonio forzado, la esterilización forzada, el abuso sexual, el acoso en el ámbito laboral y la mutilación genital intersex. "Ahora nuestra pelea, lamentablemente, está en lo más obvio que es en defender que la violación se incorpore como tipo penal", explica a Público, María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada del grupo de la izquierda y ponente en la sombra de la directiva. Es el Consejo el que se resiste a que entre la violación como delito.

Hay preocupación por aprobar la norma antes de las elecciones europeas del 9 de junio. Todo indica que puede darse una victoria de la derecha frente a la izquierda europea. Lo que se traduciría en una mayor falta de voluntad política para aprobarla o ratificarla con mayores recortes. El Parlamento pretende que salga adelante antes del fin de la presidencia española del Consejo, en diciembre de este año. 

Claves de la Directiva

Una de las claves de la propuesta de la Comisión Europea es establecer una tipificación de la violación basada en el consentimiento. Esto se suma a otros aspectos importantes como la ciberviolencia o la mutilación genital femenina. La Comisión Europea quiere que estos tres delitos se legislen con estándares mínimos en todos los Estados. Según fuentes del Parlamento Europeo cercanas a las negociaciones, en este trílogo no se habría abordado el artículo 5, el de la violación.

Está en juego que el Consejo apruebe el delito de violación según el modelo positivo del 'solo sí es sí'. Incluso con la incorporación de los tipos agravantes de violencia e intimidación no se asegura que los miembros aprueben la norma. "Todo lo referente con el delito de violación está muy difícil", reconoce Palop a este diario. 

El Consejo incluso llego a eliminar la mención a la violación en su informe sobre la directiva. Quedó tachada, de manera literal, cualquier alusión a la definición de este delito basado en la falta de consentimiento. ¿Qué alegaron? Dos cosas: la "heterogeneidad" de posiciones de los miembros UE para unificar el delito y "la falta de base jurídica".

"Base jurídica hay, la directiva se basa en el eurodelito de explotación sexual", explica Palop. El Parlamento quería ir más allá y propuso que la violencia machista se considerase un eurodelito. Esto tampoco ha sido considerado por el Consejo en donde varios estados estaban en contra. 

"Cuando la UE no quiere hacer algo alegan que no hay base jurídica. Hay resistencia a que determinados temas entren en el sistema normativo", explicó Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional, durante otra jornada informativa de la Comisión de Malos Tratos previa al acto de Bruselas. En cualquier caso, la experta se alegraba de que la Comisión aprobara la directiva: "Para descorchar champán". 

¿Quién está a favor y quién está en contra?

Para entender las posiciones de cada Estado es importante ver su legislación propia al respecto. Muchos países de la Unión todavía siguen teniendo leyes sobre violencia sexual basadas en la utilización de la fuerza.

En el siguiente mapa elaborado a través de una comparativa jurídica del Lobby Europeo de Mujeres lo vemos claro. En verde, los que utilizan el modelo 'solo sí es sí', entre ellos, España. En rojo, los que obligan a justificar la falta de consentimiento a través de la violencia. En naranja, los que tiene una legislación basada en el 'no es no', menos garantista con las mujeres, como Alemania.

¿Y quién está en contra del 'solo sí es sí'? Los más importantes por voto: Alemania y Francia. Para conseguir que salga adelante se necesita que uno de estos dos países dé un paso al frente y cambie de postura. Para aprobarlo es necesario el 'sí' de 15 estados europeos o de los que sumen al menos el 60% de la población. Por eso, que dos de los grandes cambien de posición, salvaría la propuesta para incorporar el delito de violación.

¿Y si no se consigue? La palabra que más se escucha entre las expertas en Europa es "descafeinada". Sería una Directiva sin la fuerza esperada. "No considero que sea un paso en falso porque hay otros tipos penales. Y se plantean muchísimos mecanismos de apoyo, ayuda y asistencia a las víctimas y también de cooperación internacional, por tanto, inútil nunca será", defiende Palop que acaba por nombrar también la palabra crítica, "pero, en fin, sí, quedaría muy descafeinada".