¿Cuál es la posición de la izquierda europea en las negociaciones de la Directiva contra la violencia contra las mujeres?

Hemos propuesto ampliar la lista de delitos planteada por la Comisión Europea. Además de la violación, la mutilación genital femenina y las distintas formas de ciberviolencia, pedimos que se incluyan la agresión sexual, la mutilación genital intersexual, la esterilización forzada, el matrimonio forzado y el acoso sexual en el entorno laboral.

Estamos particularmente orgullosas de haber mejorado en la propuesta del Parlamento Europeo las medidas de prevención, protección y acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia, los recursos de atención especializada o la recogida de datos. Aunque sean aspectos menos mediáticos, las medidas de apoyo son de vital importancia para muchas mujeres en la UE y los datos son esenciales para luchar contra las violencias machistas.

¿Ve posible que la norma se apruebe durante la presidencia española del Consejo de la UE?

Estamos empujando para que así sea, aunque es imposible asegurarlo porque las negociaciones finales, los trílogos, dependen de las tres instituciones: Comisión, Consejo y Parlamento Europeo.

De momento, ocho Estados miembros apoyan la incorporación de la violación, pero ¿cree hay probabilidades de que se incluya en la Directiva la violación basada en el 'sólo sí es sí' ? 

En el Parlamento, he defendido que es necesario regular todas las formas de violencia sexual, no sólo aquellas en las que hay penetración. También hemos conseguido introducir una definición de violencia sexual que sitúa en el centro el consentimiento, sin vincularlo necesariamente a la violencia y la intimidación, y valorando el contexto y las circunstancias.

No hemos inventado nada nuevo, seguimos la línea de lo establecido en el Convenio de Estambul, como ha hecho España. Aun así, el Consejo se opone a incorporar la violación a la Directiva. Parece que las resistencias no sólo provienen de los sospechosos habituales, sino que otros Gobiernos, como el de Francia, serían reticentes a poner el consentimiento en el centro. Hemos presionado y seguimos presionando para lograrlo, alineadas con el movimiento feminista, pero no puedo asegurar que el camino esté allanado.

¿Qué consecuencias tendría aprobar la Directiva sin el artículo relativo a la violación?

Hay aspectos que serán igualmente beneficiosos para las víctimas de violencias machistas, pero corremos el riesgo de que la primera Directiva sobre violencia contra las mujeres de la UE quede descafeinada al no incorporar el delito de agresión sexual, entendido como todo acto de carácter sexual en el que no medie consentimiento.

Por esto nos pareció tan importante un paso previo que luchamos, pero no logramos: reformar los tratados y, en concreto, el artículo 83 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) para que todas las formas de violencia contra las mujeres puedan ser legisladas en toda su integridad.

¿Se retirarán la denegación del acceso al aborto y el proxenetismo como delitos dentro de la Directiva?

Aunque desde el grupo de La Izquierda presionamos para incluir la denegación del acceso a la interrupción voluntaria y segura del embarazo y el proxenetismo en la propuesta del Parlamento Europeo, estos elementos se quedaron fuera por el bloqueo de otros grupos políticos.

Nos parece sorprendente que se excluyera el proxenetismo, que está directamente relacionado con la explotación sexual de las mujeres, precisamente uno de los eurodelitos que sirve de base legal para la Directiva. Se están anteponiendo otros intereses, en lugar de facilitar la prevención y la protección frente a todas las formas de violencia machista.

¿Se podrían incorporar los tipos de violencia e intimidación para que el Consejo apruebe la norma, tal y como acabó pasando con la ley del 'solo sí es sí'?

En la propuesta de la Comisión y del Parlamento Europeo ya se reconoce que hay violencia sexual que se ejerce con violencia e intimidación, pero es necesario repensar el consentimiento y no dejar de perseguir y proteger a las víctimas que sufren violencia sexual sin que medien esos elementos. Sin embargo, dada la posición del Consejo, podría estar en riesgo incluso la incorporación del propio delito de violencia sexual.

¿Qué supondría la Directiva para las mujeres europeas en países negacionistas de la violencia machista?

Actualmente solo hay dos Estados europeos con leyes específicas contra la violencia machista: España y Suecia. La Directiva aporta un marco común para enfrentar la violencia contra las mujeres y proteger a las víctimas.

Ayudará, en primer lugar, a armonizar la legislación y facilitar una respuesta común en todos los Estados, y, en segundo lugar, permitirá mejorar los datos que disponemos, que son escasos o prácticamente inexistentes en muchos casos. En tercer lugar, facilitará dar una respuesta más eficaz teniendo presente la ciberviolencia o los modos de perpetuar y ejercer violencia en el ámbito digital.

Respecto al avance de la extrema derecha negacionista, que pretende volver a un tiempo retrógrado y oscuro, sembraríamos un precedente que obligará a legislar contra la violencia machista en la UE y obstaculizará su objetivo de regresión en cuanto a los derechos de las mujeres.

¿Qué plazos habrá para llevar a cabo las políticas que contiene la Directiva?

La propia Directiva marcará los plazos para su trasposición, pero tendremos que estudiar primero cómo queda el texto tras las negociaciones.

¿Qué habrá antes Directiva de Trata europea o Ley Orgánica contra la Trata en España?

A mí me gustaría que se aprobara antes la española, porque las Directivas conllevan un periodo de transposición, que puede ser de dos años o incluso más. Eso significaría que, en menos tiempo, podríamos tener una ley orgánica que nos hace muchísima falta.

¿Qué balance hace de las políticas de igualdad en esta legislatura?

España ha estado en primera línea en la lucha feminista, en las políticas de igualdad, en el ámbito de los cuidados, en los derechos sexuales y reproductivos, en la lucha contra la violencia contra las mujeres y en el ámbito laboral.

El Ministerio de Trabajo ha impulsado una ley pionera en la UE, la ley de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. También se han llevado a cabo reformas laborales y la subida del salario mínimo, que tienen un impacto positivo directo en la vida de las mujeres que, como sabemos, son las más afectadas por la pobreza y la precariedad laboral. Estamos en primera línea en la UE.

¿Teme un avance de la extrema derecha en las elecciones europeas de junio?

La extrema derecha se articula en torno al antifeminismo, así que tenemos que estar vigilantes. Si avanzan, y es probable que así sea, viviremos un retroceso importante en nuestros derechos. A las mujeres las atraviesan todos los elementos identitarios de la extrema derecha —la familia, la nación, la raza, las costumbres y los usos, las tradiciones, la religión—, así que por ello es un elemento político en disputa.

Si queremos saber a lo que nos enfrentamos, sólo hay que mirar dentro de la UE o a Argentina, donde el recién electo Javier Milei, con vínculos con la extrema derecha europea y con Vox. Milei ha prometido un referéndum para denegar el aborto y niega que exista una brecha salarial entre hombres y mujeres, entre otras cuestiones.

Si el feminismo es el objetivo de la extrema derecha es porque también es su antídoto, por eso debemos continuar la batalla.