El atentado sufrido este domingo por Evo Morales deja a Bolivia sumida al borde del abismo político. El coche donde viajaba el exmandatario fue tiroteado desde dos camionetas en una carretera de la región cocalera del Chapare. El líder indígena, que salió ileso, ha responsabilizado del ataque al presidente Luis Arce, con quien mantiene un agrio enfrentamiento por el liderazgo de la izquierda en el país sudamericano. 

Las denuncias de Morales contra el Gobierno de Arce enrarecen aún más, si cabe, el clima político en Bolivia a menos de un año de las elecciones presidenciales. Ambos dirigentes aspiran a encabezar las listas del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que ha gobernado el país de forma casi ininterrumpida desde 2006.

El presidente se ha apresurado a anunciar la apertura de una investigación "para esclarecer los hechos", pero miembros de su facción política han acusado a Evo de fingir un "autoatentado". Responden así con las mismas armas dialécticas utilizadas por los partidarios del expresidente en junio, cuando calificaron de "autogolpe" la fallida asonada militar protagonizada por el general Juan José Zúñiga (hoy en prisión) contra Arce.

Mientras la izquierda boliviana se devora a sí misma, sus enemigos naturales (las élites económicas y los sectores más reaccionarios del Ejército y de la Policía) se mueven entre las sombras para azuzar el conflicto. El Chapare, feudo histórico de Morales, vive en tensión desde que hace unas semanas este último fuera acusado de un supuesto delito de abuso de menores y no se presentara a declarar ante el juez. Para evitar que fuera detenido, sus seguidores iniciaron un bloqueo de carreteras en la región y desde entonces los enfrentamientos con la Policía se han sucedido. Los terratenientes del próspero departamento de Santa Cruz han pedido mano dura contra los cocaleros y, por elevación, contra su líder histórico. 

El tiroteo a Morales desata la crisis en Bolivia

A través de la red social X (antes Twitter) Morales ha denunciado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ha asegurado que sus agresores son "agentes de élite del Estado boliviano". En el tiroteo resultó herido leve en la cabeza el chófer del expresidente. Según el diario boliviano La Razón, fuentes militares de la Novena División del Ejército, acantonada en la zona, admitieron haber recibido en sus dependencias a varios policías que habrían participado en la operación. Según esas fuentes, los agentes fueron evacuados posteriormente en helicóptero. Morales se dirigía desde la ciudad de Villa Tunari, donde reside, hacia Lauca Eñe, donde cada domingo realiza un programa en la emisora Radio Kawsachun Coca. 

La animadversión de policías y militares hacia el expresidente no es nueva. Fue derrocado en un golpe de Estado en 2019 y tuvo que huir a toda prisa del país y exiliarse primero en México y más tarde en Argentina. Y en junio pasado, el general Zúñiga, antes de sacar a sus tropas a la calle, le había amenazado con detenerlo si seguía con su intención de presentarse a las elecciones de 2025.

La gravedad de lo ocurrido pone en cuestión la capacidad de Arce para mantener bajo control a unos efectivos policiales y militares que parecen dispuestos a echarle más leña al fuego prendido por las disputas ideológicas entre el actual mandatario y Morales. Bolivia sufre una grave crisis económica, principalmente por la escasez de combustible y la falta de divisas.

El malestar ciudadano exacerba los ánimos de unas clases populares que contemplan al mismo tiempo con estupor cómo se parte en dos el MAS, el movimiento que transformó el país en las últimas dos décadas. La disputa entre Morales y Arce se originó a raíz del derrocamiento del líder indígena en 2019. Tras un año de gobierno de facto presidido por Jeanine Añez (condenada por el golpe), Morales dio su aval para que Arce fuera el candidato del MAS en las elecciones de 2020. Tras imponerse en esos comicios, el exministro de Economía fue distanciándose progresivamente de su mentor político.

Violencia en América Latina

La violencia política que se ha instalado en Bolivia ya la han experimentado otros países de América Latina. En México se disparan los muertos cada vez que se acercan unas elecciones. La campaña de este año (se celebraron comicios presidenciales el 2 de junio) fue la más violenta desde que se tienen registros, según un informe del think tank Laboratorio Electoral. Entre los meses de la precampaña y la jornada electoral hubo al menos un centenar de muertos entre candidatos locales, familiares de éstos y funcionarios de distintas administraciones. Entre las causas que detecta el informe figuran las disputas políticas y económicas y el control del territorio por parte de grupos criminales de distinta índole. 

Colombia también vive inmersa en una continua violencia política. El presidente Gustavo Petro fue objeto de un intento de atentado durante la campaña electoral de 2022 y ha denunciado en varias ocasiones desde que llegó a la presidencia que su vida corre peligro. Colombia tiene una trágica tradición de violencia electoral. Varios candidatos presidenciales fueron asesinados en el pasado y un solo partido, la Unión Patriótica, de izquierdas, vio cómo mataban a más de 5.000 de sus militantes entre 1984 y 2016, según la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Brasil y Argentina también han vivido episodios de violencia política en los últimos años. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sufrió un intento de magnicidio a las puertas de su casa en septiembre de 2022. Y Lula da Silva estuvo a punto de ser derrocado por una turba de seguidores bolsonaristas en Brasilia nada más acceder a su tercer mandato presidencial en enero de 2023.