La violencia del conflicto armado, que se creyó desterrada de Colombia por la firma de la paz con las FARC, ha resurgido en vísperas de las elecciones legislativas, amenazadas en muchos lugares por el fortalecimiento de la guerrilla del ELN y de los disidentes de las FARC.

Hace cuatro años el país vivía un panorama diferente porque por primera vez en décadas los colombianos acudían a las urnas en paz pues las FARC acababan de dejar las armas y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en diálogos con el Gobierno, había declarado un alto el fuego unilateral tanto para las elecciones legislativas como para las presidenciales.

Eso hizo que la violencia guerrillera se redujera a cero y que los incidentes electorales fueran por problemas logísticos, de comunicaciones y de corrupción por la compra de votos.

Sin embargo, el descuido del Gobierno con la aplicación del acuerdo de paz de 2016 y principalmente su incapacidad para ocupar las zonas donde se desmovilizaron las FARC hizo que los demás grupos armados ilegales y sus propias disidencias coparan esos territorios, donde hoy están en riesgo las elecciones de este 13 de marzo.

Estos grupos, a los que el Gobierno responsabiliza del asesinato de líderes sociales, atacaron en las últimas semanas batallones del Ejército con carros bomba en distintos lugares del país, e incluso a un convoy de tres vehículos de Naciones Unidas y del Consejo Noruego de Refugiados en el departamento del Guaviare (centro-sur), sin víctimas en este último.

Amenaza para la democracia

"El recrudecimiento de la violencia es una amenaza latente para la democracia colombiana. Un claro ejemplo de ello es la escalada violenta del pasado enero en la que hubo ataques a delegaciones humanitarias, líderes políticos, sociales y comunales, además de atentados coordinados contra la fuerza pública", afirma la directora de la plataforma Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios.

En opinión de Barrios, "estos hechos tienen un efecto sobre el proceso electoral, pues se impide la realización de actos de proselitismo político y se infunde miedo a la ciudadanía a la hora de ejercer su derecho al voto".

Para el analista Mauricio Jaramillo Jassir, la violencia de las semanas previas a las elecciones legislativas se debe al "cuasi abandono del Gobierno a los acuerdos de paz de La Habana" y a la "falta de voluntad de paz" con el ELN.

Esa guerrilla anunció la semana pasada un alto el fuego de cinco días como "un gesto por Colombia" para "facilitar la jornada electoral" del próximo domingo pero, según el ministro de Defensa, Diego Molano, lo que el ELN busca es forzar un diálogo de paz sin tener voluntad real de negociar.

Elecciones en peligro

Según la MOE, solo en enero de este año hubo 37 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, lo que supone un incremento del 27,6 % respecto al mismo periodo de 2018, último año electoral, en el que fueron contabilizados 29.

La ONG señaló que en 319 de los 1.003 municipios colombianos hay riesgo por factores de violencia en estas elecciones, lo que atribuye a "la reconfiguración y disputa por el control territorial por parte de los grupos armados".

Además, agregó que este año han contabilizado ocho amenazas a candidatos al Congreso, un atentado contra un candidato a ocupar un escaño en una Circunscripción Transitoria Especial de Paz y una amenaza contra un precandidato presidencial.

También la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía alertaron de "muy graves riesgos de seguridad" en al menos 13 departamentos, especialmente en Arauca y Norte de Santander, donde la violencia de los grupos armados ilegales ha restringido la posibilidad de hacer campaña.

En Arauca, departamento fronterizo con el estado venezolano de Apure, el ELN y dos frentes de disidencias de las FARC libran una guerra a muerte que en lo que va de año deja más de 70 muertos, situación que además imposibilita cualquier campaña política.

Demostraciones de fuerza

La mayor "demostración de fuerza" la hizo el ELN dos semanas antes de las elecciones con un "paro armado" de 72 horas durante el cual atacó obras de infraestructura y paralizó el transporte y el comercio en varias regiones del país mediante amenazas y la colocación de explosivos, acciones que dejaron un muerto y siete heridos, todos civiles.

"Para ellos (el ELN) es importante aparecer en el mapa político y siempre en vísperas de elecciones se da un incremento de las acciones", explica a Efe Jaramillo, profesor de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.

En cuanto a las disidencias de las FARC, que también han mostrado los dientes en los meses previos a las elecciones, Jaramillo considera que "su juego es intentar hacerse visible y reivindicar que son la verdadera guerrilla".

"Ahí opera la lógica de la criminalidad" y lo que corresponde es que el Estado imponga la autoridad porque "es complicado negociar con las bandas criminales", apostilla.

Seguridad gubernamental

Para garantizar la seguridad de candidatos y electores el Gobierno puso en marcha el "Plan Democracia", en el que participan 210.000 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

Dicho plan hace énfasis en 55 municipios en los que se estima puede haber alteraciones del orden público y en los 167 en los que se votará para elegir a los representantes de las víctimas.

Pese a todo, Jaramillo considera que las acciones de la guerrilla y de otros grupos armados pueden intensificarse no solo antes de las elecciones legislativas sino de cara a la primera vuelta de las presidenciales que tendrán lugar el 29 de mayo.