Cuatro magistrados del Tribunal Supremo brasileño, de momento, confirman la “omisión del Congreso Nacional” ante el drama del colectivo LGTBI. Las históricas sesiones para criminalizar la homofobia y la transfobia –hasta ahora no son delitos tipificados en el código penal ni son considerados agravantes–, comenzaron en febrero, y, tras un aplazamiento, acaba de anunciarse la fecha de reanudación: 23 de mayo. El enfrentamiento es abierto porque Brasil encabeza todas las listas de asesinatos homofóbicos y transfóbicos, y, en paralelo, lidera los rankings de fundamentalismo religioso en la Cámara de Diputados y en el Senado.

La Asociación Brasileña de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Travestis y Transexuales (ABGLT) es la firmante de la acción MI4733, iniciada en 2012, una de las dos partes de esta causa que reclama la criminalización de la homofobia y la transfobia equiparándola, de momento, al crimen de racismo. Su presidenta, Symmy Larrat, es optimista, pero teme que la cargada agenda del Supremo vuelva a atrasar la decisión. Quiere que los jueces declaren sus votos, y que no surja ningún “pedido de vista”, que pueda volver a aplazar la sesión, esta vez de manera indefinida.

La otra parte de la causa, con contenido similar, es la Acción Directa de Inconstitucionalidad por Omisión ADO26, presentada por el Partido Popular Brasileiro (PPS) allá por el año 2013. Su relator en el Tribunal Supremo es el juez Celso de Mello. El magistrado certificó en su voto –el primero de los cuatro que de momento alimentan la proclama– la “existencia, en especie, de una situación de evidente e inconstitucional inercia estatal que es imputable por entero al Congreso Nacional”. Cree conveniente Celso de Mello que, a través de esta sentencia –que encuadraría la homofobia y la transfobia como crimen de racismo, hasta que el Congreso legisle al respecto– Brasil consiga “viabilizar una política de estado genuinamente inclusiva”.

Roberto Barroso (izq) y Alexandre de Moraes, dos de los magistrados del Supremo que ya han votado a favor de la equiparación de la homofobia y la transfobia al delito de racismo. Rosinei-Coutinho-SCO-STF-13feb19.

La pregunta de si el Tribunal Supremo puede entremeterse o no en las funciones del poder legislativo ha despertado una tensa controversia. El profesor Siddharta Legale, de la Facultad Nacional de Derecho de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), explica para Público que en el medio académico la división es total en este aspecto. Por un lado, hay juristas cuya posición es que “el Supremo no estaría legislando, sino simplemente definiendo el tipo penal del racismo de modo que abrigue esa discriminación contra el grupo LGTBI”. Dicho tipo penal está redactado en el artículo 140 del Código Penal y en la ley 7.716/1989. Alejados de esa hipótesis se encuentran los especialistas que opinan que esta “interpretación extensiva” de la legislación no encaja con las funciones del Tribunal Supremo.

“En un contexto en que hay un Congreso con una serie de proyectos de ley extremamente discriminatorios contra la población LGTBI”, explica el profesor Legale, “este tipo de activismo judicial me parece justificado, para la protección de un grupo que es socialmente vulnerable frente a un Congreso que los excluye, lo discrimina, lo segmenta”. Según el jurista, las instituciones – poder ejecutivo, legislativo o judicial– de una democracia plena deberían estar arropando permanentemente los derechos fundamentales. Y “si el ejecutivo y el legislativo no están desempeñando ese papel, la corte podría tener un papel más activo”.

La respuesta de la bancada evangélica

La principal oposición a esta articulación llega desde la bancada evangélica de la Cámara de Diputados y del Senado –el frente parlamentario religioso–. Abogan por la anulación de estas dos acciones y exigen que se respete la libertad de expresión y la libertad religiosa, para poder seguir predicando como hasta ahora los textos de la Biblia. Hay pasajes que no dejan lugar a dudas en esta temática: “No te aproximarás de un hombre como si fuera una mujer, porque es una abominación”, puede leerse en el Levítico 18-22.

El abogado del Frente Parlamentario de la Familia, Cícero Lage, aseguró en el plenario del Supremo durante la primera parte de la vista, que “los homosexuales, los gays, los LGTB, conviven armónicamente en la sociedad, desfilan en las capitales del país, tocando el bombo y ofendiendo a quien quiera que sea, principalmente a Jesucristo, y no por eso son atacados como se dice aquí”.

En nombre de los líderes evangélicos, los que más se han visto frente al espejo con el intento de la criminalización de la homofobia y la transfobia, Lage remarcó la postura conservadora: “Decir que hay preconcepto, que hay crímenes de racismo... ¡Parad con eso!”, comentaba ante los presentes en el juicio. “¿Usar un tribunal para eso cuando tenemos el Congreso Nacional para poder decidir ese tipo de cuestión? La separación de atribuciones constitucionales debe ser resguardada”. En opinión del abogado, para todo aquel que sea ofendido moralmente o físicamente, o para todo aquel que sea asesinado, “la ley penal está ahí”.

Amplificando la respuesta evangélica, algunos de los diputados federales representantes de la bancada han tomado el papel protagonista en las últimas semanas. El diputado Pastor Sargento Isidório, del partido Avante, manifestó en sede parlamentaria que lo que buscaban estas dos acciones judiciales era “confiscar las Biblias”. En declaraciones a UOL el diputado, que se autodeclara exhomosexual, se pregunta por qué tienen “que aceptar que haya una ley que estimule una guerra?”, convencido de que esta discusión conllevará “una guerra santa”.

Otro diputado federal, Sóstenes Cavalcante (del partido Demócratas), presentará en las próximas fechas un proyecto de ley que propone tipificar la homofobia como una “patología psiquiátrica”, reorientando las intenciones de las acciones juzgadas por el Tribunal Supremo. “Quieren colocarlo como enfermedad para continuar legitimándolo, para proteger al criminal”, advierte a este diario la presidenta de la Asociación Brasileña de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Travestis y Transexuales (ABGLT) ante la actitud evangélica. “Están usurpando la fe ajena para promover agresiones y criminalidad”.

El juez Celso de Mello, del Tribunal Supremo, emitiendo su voto en una de las causas, de la que además es relator. Foto: Rosinei-Coutinho/SCO/STF

Los ataques del fundamentalismo religioso obligaron al juez Celso de Mello a puntualizar en su intervención en el plenario del Tribunal Supremo que la decisión que surja de las dos acciones presentadas “no puede ser calificada como proferida contra alguien, contra algún grupo, contra algún estamento”. De la misma forma que “no puede ser considerado un juicio en favor de solo algunos, sino en favor de todos los colectivos sociales”.

Cuando el Tribunal Supremo retome el juicio de las dos acciones admitidas a trámite, dentro de unas semanas, faltarán por votar siete de sus once magistrados. Solo son necesarios dos apoyos más para alcanzar una mayoría que equipare la homofobia y la transfobia al racismo, y así presionar al Congreso Nacional para que inmortalice la decisión a través de una ley federal.