Sacar adelante un proceso judicial de violencia contra la mujer en Brasil se ha convertido en una auténtica proeza. Más de un millón de casos están paralizados en juzgados brasileños. Para corregir en lo posible esta cifra escandalosa e intentar desbloquear unos cuantos miles de casos en una sola semana, se ha organizado una maratón de juicios por todo el país. Cientos de jueces se han centrado única y exclusivamente en esto durante cinco días.

La iniciativa parte del Consejo Nacional de Justicia, alarmados por las estadísticas. A pesar de la falta de transparencia en los datos oficiales, tanto los publicados por esta institución pública como los que han podido recopilar organizaciones no gubernamentales como Artigo 19 propagan una de las vergüenzas de la sociedad brasileña. Más de 120.000 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde 1980 hasta la actualidad.

Daldice Santana, una de las juezas que forma parte del organigrama del Consejo Nacional de Justicia, presentó la iniciativa definiéndola como “esfuerzo concentrado”. Las razones de la paralización de este millón de procesos pasan por la escasa concienciación de las instituciones, la falta de juzgados especializados o el colapso de la justicia en general, inundada de los altos niveles de violencia urbana o las campañas de lucha contra la corrupción.

En el apartado de la escasa concienciación no ayudan tampoco determinados mensajes desde el propio Gobierno Federal o desde los cultos de las iglesias evangélicas. El presidente Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal), que se besaba con su esposa Michelle para una de las fotografías del acto que su gobierno organizó el pasado 8 de marzo celebrando el día internacional de la mujer, fue juzgado y condenado cuando era diputado federal por atacar a la también diputada Maria do Rosario (Partido de los Trabajadores). La gritó que no la violaría “porque no se lo merecía”, y lo repitió en sede parlamentaria. También la llamó “puta”, se la sacó de encima de un empujón y, sobre todo, la puso en el disparadero de todos sus seguidores dentro del espectro de la extrema derecha.

Las nuevas medidas anticrimen propuestas por el ministro de justicia, Sérgio Moro, sugieren, por otra parte, que los jueces puedan ser flexibles ante determinados delitos, ya que a veces una “violenta emoción” puede llevar a una persona a responder con una reacción desproporcionada. Los colectivos feministas están en alerta, igual que con la ministra de la mujer, la familia y los derechos humanos, Damares Alves. La polémica la cerca ya que es, a su vez, pastora evangélica, y en uno de sus cultos, sumida en el estado de éxtasis que alcanza de cuando en cuando, explicó a sus fieles que a las feministas no les gustan los hombres “porque son feas” y “porque ninguno se ha querido casar con ellas”.

Frente a tal realidad, la complejidad hace muy enrevesado el análisis. “Los factores son innumerables, pero existe también la revictimización de las mujeres”, señala a Público la psicóloga Bárbara Guimarães, del Grupo de Trabajo Relaciones de Género y Psicología, del Consejo Regional de Psicología de Bahía. “Son maltratadas de nuevo en órganos que deberían defenderlas”.

Del mismo modo que la justicia laboral brasileña está considerada históricamente favorable a los trabajadores en la mayoría de los casos, en los casos de violencia machista la justicia tiende a poner trabas a las mujeres. Llegando a pasar por encima del paradigma de la legislación en este ámbito, la ley Maria da Penha, llamada así en honor a la biofarmaceútica y profesora que batalló por la condena de su marido casi veinte años, hasta conseguir que un tribunal la creyera. Las agresiones sufridas la habían dejado parapléjica.

La ley Maria da Penha

“Hay jueces que entienden que la ley Maria da Penha, por defender los derechos de la mujer, que significa solo un segmento de la población, es inconstitucional”, reclama Guimarães. “Por eso muchas veces los procesos, cuando llegan a juicio, no acaban siendo favorables a las mujeres: los jueces dicen que no son válidos”.

Los tribunales regionales de cada estado brasileño han seguido la pauta del Consejo Nacional de Justicia –preside la institución el presidente del Tribunal Supremo, José Antonio Dias Toffoli– durante la semana del 11 al 15 de marzo. En algunas capitales estatales han llegado a desarrollarse doscientos juicios en ese breve periodo de tiempo. La maratón se repetirá en agosto, con ocasión del aniversario de la mencionada ley, y en noviembre, con motivo del Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

El millón de casos paralizados, síntoma de algo todavía peor

Lo más preocupante es que este millón de procesos judiciales de casos de violencia contra la mujer paralizados en los tribunales brasileños es síntoma de un terror todavía peor: el de las víctimas cuando se plantean presentarse en una comisaría para tramitar una denuncia.

En los centros policiales, las mujeres víctimas de la barbarie machista se encuentran ante “personas poco preparadas”, advierte Bárbara Guimarães, “que no acogen, que entienden la violencia contra la mujer como un suceso normal”. Conscientes de los eslabones perdidos en lo que debería ser una cadena de apoyo, desde el Consejo Nacional de Justicia parten otras alternativas. “El sistema de salud puede ayudar a la mujer a romper el ciclo de la violencia”, declaró la jueza Daldice Santana en la presentación de esta maratón.

Las mujeres pueden buscar la ayuda en los centros sanitarios, o llamando al teléfono 180, de denuncia de casos de violencia machista. Ante la dimensión de la amenaza, este servicio telefónico muchas veces se ve sobrepasado. Entre los datos sobre feminicidios que ha podido recopilar la ONG Artigo 19, se indica, por ejemplo, que en 2015 el 180 registró 179 llamadas por día.

El final de esta maratón, sufrida como todas, deja la conclusión de que la verdadera carrera de fondo es la del feminismo brasileño. Primero, luchando contra el patriarcado estructural e institucional, luego contra la tradición machista, y teniendo que esquivar también a jueces, líderes religiosos y clase política.