MADRID.- El Senado brasileño ha aprobado este martes de forma definitiva el polémico proyecto de ley presentado por el Gobierno de Michel Temer que limitará el aumento del gasto público durante los próximos 20 años. La norma ha salido adelante por 53 votos a favor frente a 16 en contra.
El proyecto fue tramitado con carácter de enmienda constitucional, por lo que debió ser sometido a dos votaciones en el pleno de la Cámara Alta, que este martes dio su segunda sanción a pesar de las protestas de la oposición, que llegó a calificar la propuesta de "crimen de lesa patria". Según varios expertos, el límite impondrá severos recortes del gasto público durante las próximas dos décadas en áreas en las que el país requiere de una ingente presencia del Estado, como son la salud, la educación y la atención a los más empobrecidos.
La oposición fracasó en sus intentos de frenar la votación tanto en el Senado como mediante una demanda de inconstitucionalidad que presentó ante la Corte Suprema y que ni siquiera fue aceptada por el magistrado Luis Roberto Barroso, uno de los once miembros del tribunal.
La enmienda constitucional dice que el aumento del gasto público anual estará limitado durante los próximos veinte años a la tasa de inflación del ejercicio anterior y que ese techo sólo podrá ser revisado una vez transcurrida la primera década. Según el Gobierno, ese límite detendrá el proceso de aumento de la deuda pública en relación al Producto Interno Bruto (PIB), lo que considera "indispensable" para recuperar el equilibrio fiscal.
Los datos oficiales dicen que, entre 1997 y 2015, el gasto público en Brasil creció a una media del 6% por encima de la inflación del año anterior, lo que el Ministerio de Hacienda ha calificado de "insostenible". El Gobierno argumenta que, entre 2008 y 2015, ese proceso se acentuó, el gasto aumentó hasta un 50% respecto a la inflación y esa diferencia fue financiada con emisión de deuda, lo cual impactó en las arcas públicas y en toda la actividad económica del país, que está desde hace dos años en una profunda recesión.
La senadora Fátima Bezerra, del Partido de los Trabajadores (PT), que pidió cancelar los debates, dijo que el Gobierno "sólo quiere revocar por 20 años las inversiones para los más pobres, pero sin proponer un techo para pagarle la deuda a los banqueros". Según Bezerra, se trata de un "delito de lesa patria" que ya "ha sido condenado por la mayoría de la población".
La senadora del PT citó una encuesta publicada por el instituto Datafolha, según la cual al menos el 60% de los brasileños está en contra de imponer ese límite al gasto, que sólo cuenta con el apoyo del 24% de la sociedad. Sindicatos y movimientos sociales han convocado una jornada de protestas, que llevó a las autoridades de Brasilia a reforzar la presencia policial en los alrededores del palacio legislativo.
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