Repsol ha emprendido acciones legales contra los propietarios, aseguradores y el armador —la persona responsable del buen funcionamiento de un navío— del buque petrolero Mare Doricum por el derrame de más de 10.000 barriles de combustible el pasado 15 de enero en la Refinería La Pampilla (Relapasa), en el puerto limeño del Callao. 

La compañía española achaca el derrame de crudo a un brusco desplazamiento del petrolero, destrozando el sistema de descarga y las mangueras. Y ha iniciado, con esta reclamación, un proceso de cobertura de los distintos daños que haya ocasionado el derrame del crudo. 

El viernes 11 de febrero el presidente de Repsol Perú, Jaime Fernández-Cuesta, —a quien el juez ha prohibido salir del país— y el director de Optimización, Logística y Ventas de Refino Perú, Luis Vásquez, comparecieron en Comisión en el Congreso peruano. Estos no sólo expresaron que el accidente fue causado por un "movimiento anómalo" del petrolero, también aprovecharon para subrayar que las acciones de limpieza ya habían alcanzado un avance superior al 67%.

Las declaraciones no convencen al Gobierno. "La empresa, en lugar de limpiar, busca a otros culpables", ha señalado el ministro de Medio Ambiente de Perú, Modesto Montoya. El político ha estimado que, de los 10.000 barriles vertidos, sólo se han recuperado 2.000. Y, si bien es cierto que se ha avanzado en la limpieza de las costas, Montoya ha resaltado que "todo se ha ido al fondo mar, todo está contaminado" y considera que debería ser sometido a "un proceso que tendría que estudiarse más tarde, con participación de científicos".

Además, ha expresado que teme que el acuerdo de limpieza por parte de la compañía española sea "superficial", puesto que en las islas que han visitado "vemos una espuma" cuya limpieza "Repsol todavía no empieza", ha apuntado el ministro. A ello se suma que han "encontrado unas 200 aves muertas" y "1.000 aves afectadas". 

Por su parte, Repsol prevé que a lo largo del mes de febrero la primera etapa del plan de respuesta habrá culminado, habiendo cumplido con las labores de limpieza en altamar y playas de fácil acceso; pasando en el mes de marzo a las menos accesibles. 

 La compañía, además, deberá hacer frente a la multa de 460.000 soles (unos 108.000 euros) por parte del organismo de evaluación y fiscalización ambiental (OEFA). La sanción, según el OEFA, viene dada por incumplir con la primera medida ordenada, la que implica identificar las zonas afectadas en la emergencia ambiental. Además, la organización ambiental ha expresado que las sanciones podrían seguir aplicándose "de manera sucesiva hasta que se acredite su cumplimiento".