El salto hacia la sostenibilidad atraviesa por una senda pedregosa. La carrera verde se ha llenado de obstáculos: más CO2 con un 'mix energético' del 84,3% de combustiones fósiles. Para hacer frente a este paso atrás -en medio de grandilocuentes estrategias en Europa, previsiblemente, a la espera de los objetivos declarados en el Green New Deal, en EEUU y, en menor medida, de Japón y áreas emergentes como China y Rusia, con metas menos exigentes e indeterminadas- en el desafío de alcanzar las emisiones netas cero en 2050, parecen emerger señales nítidas de una creciente conciencia verde. De un combate civil e inversor para acelerar los ritmos hacia la sostenibilidad y contener la batalla contra la catástrofe climática.

El mensaje de Bill Gates en la reciente cumbre de Líderes del Clima, auspiciada por el presidente americano Joe Biden -quien pidió a las elites empresariales nuevas fórmulas para ganar la batalla al cambio climático- pone el dedo en la llaga: "con la tecnología actual, será virtualmente imposible lograr los objetivos de emisiones netas cero de CO2 […] se necesita inversión en innovación y mayores recursos en infraestructuras para la transición energética".

La Agencia Internacional de la Energía (IEA, según sus siglas en inglés) certifica el pesimismo de Gates. Los gases contaminantes aumentarán este año en 1.500 millones de toneladas. Al calor de una más intensa demanda energética mundial, mayoritariamente de combustión fósil -petróleo, carbón y gas-, que sigue acaparando el 84,3% del mix internacional. El acicate: más renovables -enfatiza la IEA- y potenciar la pérdida de peso de los combustibles fósiles en el ciclo de negocios post-covid.

El inicio del despegue de la actividad, pues, no puede sustentarse, una vez más, sobre cimientos altamente contaminantes. Y, en esta tesitura, las supermajors, muchas de las cuales trasladan a sus propios inversores y accionistas -y a las opiniones públicas de los países donde operan- unos planes corporativos de transición a la neutralidad energética nutridos, en mayor o menor grado, de proyectos renovables, han salido a la palestra de la contestación social.

La Justicia holandesa acaba de acusar formalmente a Shell de atentar contra el medio ambiente y de ser la causante de un exceso de emisiones de CO2 por su negocio de gas y petróleo. En Foreign Policy aseguran que esta causa abierta por los jueces neerlandeses invita a un cierto optimismo, porque podría sentar las bases de una oleada de respuesta cívica e inversora contra las multinacionales de este segmento productivo que no pivotan hacia proyectos verdes ni aceleran su transición hacia las fuentes renovables. Como ocurrió en la década de los noventa con las compañías de tabaco. Sin asumir los criterios y compromisos gubernamentales para impulsar esta reconversión industrial.

Y pese a los intentos -reiterados- de no predicar con el ejemplo. Al igual que trataron de hacer las firmas de tabaco. Ni asumir su propio discurso. Porque el propio CEO de Royal Dutch Shell, Ben van Beurden, se encargó a comienzos de la epidemia de la covid, de lanzar una estrategia a largo plazo, en la que se estipulaba el abandono de "los activos energéticos tradicionales" de la supermajor holandesa y que su firma aceleraría su hoja de ruta verde tras la pandemia. Lo llegó a expresar de forma elocuente, en una junta de accionistas de la petrolera anglo-holandesa, con nomenclatura de mercado: "la demanda de crudo caerá masivamente y que nosotros sepamos, la viabilidad de nuestros activos no puede estar en un sector con tan altas dosis de vulnerabilidad y volatilidad".

Como Buerden, otros altos jerarcas de las supermajors han proclamado el final del negocio del crudo. Incluso algunos llegaron a admitir que el techo del petróleo y de sus beneficios era agua pasada. Desde 2016. Tesis a la que se apuntaron naciones productoras como Rusia, mientras no ceja de dominar, junto a Arabia Saudí -otro país con ínfulas transformadoras hacia las energías limpias en su Visión 2030, la estrategia de remodelación económica orquestada por su príncipe heredero, Mohamed bin Salmán- el grifo con el que regulan el número de barriles en el mercado para manejar el precio del combustible fósil por excelencia, desde la ampliada OPEP +.

Con unos resultados históricamente exitosos para sus arcas estatales que, de nuevo, han salido a relucir. Porque la cotización de los contratos de futuro del Brent -de referencia en Europa- y del West Texas Intermediate (WTI) vuelven a sortear la barrera de los 70 dólares. La cota más alta desde octubre de 2018. El cierre de la espita del crudo coincide con la fuga de inventarios en EEUU y otras latitudes industrializadas -y emergentes, como China- ante el comienzo del despegue de la actividad.

Sociedades civiles e inversores claman contra la hipocresía de las petroleras, capaces avanzar el abandono de sus "activos energéticos tradicionales" y proclamar el final de la era del crudo, mientras tratan de expandir el ciclo de los combustibles fósiles

Las chimeneas de polución de las 'supermajors'

La culpabilidad y responsabilidades de las grandes petroleras en la guerra soterrada que utilizan contra el cambio climático está fuera de toda duda. El estudio revelado por Richard Heede en el Climate Accountability Institute de EEUU, en los prolegómenos de la epidemia, deja constancia de un dato demoledor. Veinte de las mayores firmas petrolíferas mundiales han originado más de la tercera parte de las emisiones de CO2 a la atmósfera desde 1965.

En concreto, el 35% del total del dióxido de carbono y metano emitido en el mundo en la era moderna, de nada menos que 480.000 millones de toneladas. Desde multinacionales privadas como Chevron, Exxon, BP o Shell, hasta estatales como la saudí Aramco o la rusa Gazprom. Sólo las cuatro primeras, sin lugar a dudas, las más poderosas de las supermajors globales por capitalización bursátil hasta la salida a bolsa del gigante saudí, han ocasionado más del 10% de los gases de efecto invernadero desde mediados de los años sesenta. Aunque Aramco ha emitido el 4,38%.

Michael Mann, uno de los mayores científicos sobre el clima, afirmaba a The Guardian que "la gran tragedia de la crisis del carbono es los 7.500 millones de personas que habitan la Tierra serán los que paguen el precio de esta convulsión contaminante", mientras "un par de docenas de empresas petrolíferas siguen acumulando ingresos y beneficios". Mann y Heede, dos de las voces de mayor prestigio mundial en lucha contra la catástrofe del calentamiento global, comparten diagnóstico: "es un dramático fracaso moral de los sistemas políticos permitir que ocurra la degradación del planeta".

Jason Bordoff, director y fundador del Center on Global Energy Policy, pone en valor en Foreign Policy la maniobra de los jueces holandeses. Aunque otorga más expectativas de éxito al tejido social y sus reivindicaciones medioambientales y a las demandas de cambio de los inversores a las empresas con huellas de carbono. Y ensalza la apertura del juicio en la Corte de La Haya, que fue impulsado por los medioambientalistas holandeses, la versión local de Friends of the Earth. Bajo la acusación de que Shell ha sido más responsable de emisiones que la mayoría de países y que su cerca del 2% de culpabilidad en arrojar CO2 ha ocasionado miles de millones de gastos sanitarios a las arcas estatales de los Países Bajos. En la actualidad -aclara la demanda- Shell está entre las 25 empresas más contaminantes.

Como Shell, ExxonMobil está siendo sometida a presiones de accionistas y fondos de inversión. En medio de un clima generalizado de apuesta por los criterios ESG -Environmental, Social and Governance- en los mercados de capitales. "Hay un creciente consenso de que el lema business as usual ya no se sostiene", avisa Glenn Schwartz, responsable de energía en la firma consultora Rapidan, para quien, "las tensiones proceden del tejado, del interior de la casa", en alusión a las reivindicaciones inversoras y accionariales.

De hecho, la IEA acaba de solicitar la prohibición de los motores de combustión en todo el mundo en 2035 y la paralización de los proyectos fósiles. Exxon no sólo ha sido la más rica, sino la más poderosa de las supermajors y la más influyente en la prolongación del lobby petrolífero en EEUU y el resto del planeta. Pero Darren Woods, su presidente ejecutivo, tuvo que presenciar cómo el pasado 26 de mayo, una coalición de activos inversores, agrupados en Engine No.1, un pequeño hedge fund, reclamó cambios en la dirección de la compañía para promover proyectos de bajas emisiones.

En línea con el giro estratégico de firmas energéticas, especialmente europeas. En nombre de sus inversores, el fondo llegó incluso a proponer a cuatro candidatos. Y su iniciativa recibió el respaldo de otros aliados como CalPERS y CalSTRS, representantes de planes de pensiones, y de carteras de inversión de empleados y profesores estatales de California que, en total, gestionan más de 700.000 millones de dólares de activos de las compañías. Además de otros instrumentos de inversión que acaparan 300.000 millones adicionales. En total, menos del 1% del accionariado de ExxonMobil, cuya junta rechazó inicialmente la propuesta. Si bien, apenas dos meses después, acaba de nombrar al tercero de los nombres sugeridos por los inversores. "

La maniobra de Engine No.1 ha creado un antecedente, ha enviado una fuerte señal de que el mercado ya no comulga con las inversiones contaminantes", afirma The Economist en un análisis reciente sobre el gigante americano. En línea con entidades como Institutional Shereholder Services (ISS) o Glass Lewis, el gran duopolio de asesoramiento corporativo, que recomendaron la elección de tres de las cuatro propuestas directivas de Engine No.1 tras la cita de accionistas.

En el transcurso de este cambio de criterio, a buen seguro que ha jugado un papel determinante el anuncio de la Administración Biden de adelantar quince años el desafío de alcanzar emisiones netas cero en el sector energético estadounidense en 2050, como se estableció en los Acuerdos de París de 2015. O la más reciente suspensión, por parte de la Casa Blanca, de las perforaciones de petróleo y gas en zonas del Ártico, que atañen al subsuelo de Alaska, y que fueron abiertas a las acciones de exploración y prospección por parte de Donald Trump en las últimas semanas de su estancia en el Despacho Oval. El lobby petrolífero parece replegar alas de Washington.

El futuro inmediato de Exxon o, de forma más precisa, su hipotético viraje hacia las renovables, marcará un cambio de tendencia de las firmas fósiles. O, por el contrario, prolongará aún más la compleja cohabitación, nada pacífica, entre los carburantes limpios y contaminantes. Aunque, por el momento, esta incógnita está por despejar. En 2020, en plena pandemia, y con Trump en la presidencia -con políticas favorables al peligroso método del fracking, de extracción de crudo y gas por fracturación hidráulica y al conjunto de la industria petrolífera estadounidense- Exxon aprobó impulsar en un 25% más la capacidad de sus negocios de gas y oro negro para 2025. Sin que a su consejo ejecutivo pareciera importarle la transición hacia la neutralidad energética.

En defensa -adujeron entonces sus directivos- de un urgente ajuste financiero. De nada menos que la tercera parte de sus gastos de capital entre 2022 y 2025. En un ejercicio, el pasado, en el que perdió casi la mitad de su valor bursátil. Con la mayor firma de gestión de activos, BlackRock, exigiendo el relevo de Woods como CEO y reclamándole responsabilidades por su labor y hegde funds como DE Shaw pidiendo disciplina inversora para proteger sus dividendos. Exxon, además, es junto a Chevron, la supermajor con un mayor nivel de endeudamiento, ajustado a su flujo de caja y a su valor de capitalización. Aunque a escasa distancia de BP, Total y Shell. El repóker del viejo y vetusto club de las grandes petroleras.

Todas ellas, además, con retornos de beneficios todavía por debajo de sus cotas previas al inicio de la covid-19. Y dentro de un sector altamente endeudado para acometer el ciclo de negocios en ciernes, en el que se pretender dar predominio a las energías renovables, como conviene en advertir el triunvirato de agencias de calificación de riesgos S&P, Moody’s y Fitch Rating.

Fondos de inversión presionan a Exxon, el emblema de las ‘supermajors’, para que abandone sus proyectos petrolíferos y de gas; algunos, han forzado cambios directivos, otros, como el poderoso BlackRock, exigiendo responsabilidades a su presidente.