Satisfechas. Así dormirán esta noche las cuatro personas que han intervenido esta tarde en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en nombre de la plataforma ciudadana Salvemos la Montaña. Han recibido el apoyo de todos los grupos para mantener abierta la investigación sobre el proyecto de mina de litio a cielo abierto en Valdeflores (Cáceres).

Se trata de un plan que presentó en 2017 Infinity Lithium y busca hacer de la región extremeña un referente en materia de extracción de litio. Un mineral muy preciado en la actualidad, básico para la elaboración de baterías, y que permitiría la reducción del consumo actual de carbón. Sin embargo, hay un pero: esta explotación tendría lugar en un paraje natural y a tan sólo dos kilómetros del núcleo urbano de Cáceres.

La eurodiputada de Podemos, María Eugenia Rodríguez Palop, ha insistido en que el Pacto Verde que marca la agenda del Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen, que persigue descarbonizar la economía mediante tecnologías verdes, no puede hacerse a costa de estas explotaciones. "El Green Deal no puede traducirse en sustituir el carbón por el litio. No somos una colonia de Europa, ni el patio trasero de nadie", ha añadido.

Rodríguez Palop ha cuestionado, además, la creación de empleo que daría el proyecto. "¿Cuántos años durarían esos empleos? ¿Cuántos empleos se perderían cuando Cáceres pierda su atractivo turístico?", se ha preguntado. "No queremos ser la España vaciada por la devastación", ha subrayado.

En nombre de la plataforma ciudadana han hablado Montaña Chaves, Berta Antúnez, Santiago Márquez y Eduardo Mostazo. Los cuatro han denunciado las consecuencias devastadoras que tendría a nivel ambiental y social la construcción de esta mina. También la opacidad del proyecto y la campaña de marketing de la entidad, para conseguir apoyos en la ciudadanía.

No sólo se habla de impacto medioambiental. También patrimonial, tal y como se ha encargado de recordar el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, haciendo mención al santuario de la Virgen de la Montaña, ubicada en dicho paraje.

En este proyecto, parece ser que son mayores los prejuicios que los beneficios. O al menos, es lo que considera el eurodiputado popular Juan Ignacio Zoido, quien ha defendido que su partido apoya los proyectos de innovación, "siempre y cuando haya un análisis de impacto ambiental que lo valide". "Este plan podría poner en peligro la marca de la ciudad y su atractivo turístico", ha subrayado.

Sin respuesta

Desde Salvemos la Montaña han afeado a Bruselas no haber respondido su carta, enviada el 30 de abril de este año, para comprobar si la empresa había recibido dinero público, tal y como defendía. Desde la Comisión Europea han defendido que todavía no han dado una respuesta porque se encuentran analizando los últimos documentos que les hicieron llegar. Así, ante la preocupación de los cacereños por el hecho de que la compañía hubiera recibido dinero de las autoridades europeas, Bruselas lo ha negado tajantemente.

Los representantes del Ejecutivo comunitario han explicado que las ayudas a las que hacen referencia son de la Alianza Europea de Baterías, una asociación de capital privado, en la que es cierto que participan algunos Estados miembros. Sin embargo, no hay constancia de que esta entidad haya aprobado una ayuda a Infinity Lithium Corporation.

Por último, Bruselas ha insistido en que apoya el avance tecnológico europeo y respaldan una modernización de la industria automovilística para no depender de terceros países. Eso sí, han añadido que solo apoyarán proyectos que cumplan las normas y directivas medioambientales y cuenten con la aceptación social.

El alcalde del consistorio, Luis Salaya, ha reafirmado su no al proyecto y su voluntad de cumplir con la voluntad de los vecinos y vecinas de la localidad. Ha insistido que la mina "estaría muy cerca del casco urbano, en una zona con un impacto visual y ambiental muy grande para la ciudad". El edil socialista ha indicado que, además del impacto medioambiental, "nos preocupa la repercusión directa en el tejido económico de la ciudad".

Así, ha defendido al presidente de la Junta de Extremadura, quien asegura que ha manifestado que la decisión se tomará en el Ayuntamiento de Cáceres. "Lo ha dejado claro siempre, más allá de tramitar los proyectos sin posicionamientos políticos", proceso que le afea la plataforma ciudadana. "Fernández Vara ha reiterado que la mina se haría si los cacereños querían que se hiciese y que si no lo querían no habría mina", ha sentenciado Salaya.

Sin embargo, las consecuencias de la pandemia del coronavirus podrían cambiar las fichas del tablero. "Mi mayor miedo como alcalde es la presión que pueda recibir España o Extremadura desde Europa. En menor medida, que la situación económica que se va a derivar de esta crisis sanitaria pueda hacer que algunos vecinos cambien de opinión", ha concluido el edil de Cáceres.

Por ahora Cáceres ha conseguido un nuevo balón de oxígeno. El Parlamento Europeo ha acordado enviar una carta a las autoridades regionales, con competencia en materia de exploración y explotación, para conocer el estado de la tramitación del proyecto, que recibió el pasado mes de noviembre más de 35.000 alegaciones vecinales para frenarlo. Así, han instado a la Comisión Europea a jugar un rol activo e informarles de futuros pasos.