Unas horas después de que el presidente del Consejo Europea anunciara el acuerdo en su cuenta de Twitter y la prensa haya podido compartir impresiones con la almohada, tras cuatro jornadas de intenso de trabajo, Público analiza algunas de las aristas de este plan histórico.

Según el pacto alcanzado a las 5.30 de la mañana de este 21 de julio, el Fondo de Recuperación europeo, que nació para sacar el barro a los países más afectados por la pandemia, tendrá un tamaño de 750.000 millones de euros, dividido en 390.000 millones en subsidios y 360.000 millones en préstamos. Además de la robustez del fondo, la trascendencia del plan es su arquitectura.

Por primera vez la Unión Europea se endeudará masivamente para financiar este plan a través de la emisión de bonos. Además, acepta la fórmula de un equilibrio entre préstamos y subvenciones, un requisito del eje franco-alemán para garantizar que Europa salga fortalecida de esta crisis y no sumida en problemas de deuda y con una fragmentación económica entre socios del bloque.

El experto del think-tank Bruegel, Grégory Claeys, señala que el acuerdo demuestra que "es posible pedir dinero prestado a una escala macroeconómica para impulsar la economía europea y aumentar el gasto en tiempos de crisis". Por ello reconoce que es "un precedente importante para Europa".

La mutualización de la deuda por parte de Bruselas era una fórmula inimaginable hace a penas cinco meses. Tanto Alemania como Países Bajos, Suecia, Austria y Dinamarca se cerraban en banda a abrirse a este concepto. Sin embargo, Berlín saltó del barco de los tacaños y decidió recuperar el peso clásico del eje franco-alemán y buscar una solución equilibrada.

Todos han tenido que ceder. Merkel y Macron, junto a los países del sur de Europa, han visto cómo a lo largo de estas cuatro jornadas de negociación la partida de transferencias pasaba de 500.000 millones de euros a 390.000 millones. Es una poda muy significativa, de 110.000 millones respecto a la idea original, difícil de explicar después de hacer de los subsidios la bandera del fondo.

Sin embargo, los obstruccionistas han tenido que claudicar, ante la falta de apoyos del resto de socios para exigir que el fondo bebiera exclusivamente de préstamos. La investigadora en el Instituto Jacques Delors de París, Eulalia Rubio, aplaude el "avance" que implica que el reparto de estos fondos sea "en función de una serie de criterios y que se devuelva en función de la riqueza de cada país". "Es todo un ejemplo de solidaridad, de la de verdad", ha añadido.

Italia y España son los dos países que más dinero recibirán del fondo. También lo son las dos economías que más han sufrido los estragos de la pandemia del coronavirus. Roma podría acceder a casi el 30% de las ayudas del fondo, lo que significaría un total de 209.000 millones de euros. Madrid, por su parte, prevé obtener 140.000 millones de euros, equivalente al 11% del PIB en 2019. De este total, 72.700 millones de euros correspondería a transferencias y el resto a préstamos.

La cara menos amable del fondo

La investigadora española reconoce que tiene sentimientos encontrados. Por un lado, explica, se trata de un pacto "histórico a nivel de método y de tamaño". Sin embargo, según reconoce, hay recortes preocupantes en algunas partidas. "El Consejo Europeo mantiene el gasto directo ligado a los Estados miembros, pero hace recortes en programas muy importantes para financiar el avance europeo, como investigación y desarrollo o acción exterior", ha lamentado.

Durante estas semanas de negociación, los representantes de las instituciones europeas han repetido lo importante que es para la Unión Europea. Han defendido que el plan debe de estar ligado a las metas marcadas por la Comisión Europea, a favor de la transición ecológica y digital y precisamente por eso chirría que las tres partidas que hayan sufrido una mayor poda, respecto a la propuesta original, estén ligadas a energía, investigación e inversión.

En el acuerdo, el Fondo de Transición Justa, pasa de 30.000 a 10.000 millones de euros. El programa europeo de I+D (Horizon), por su parte, sufre un recorte muy significativo y pasa de 11.500 millones a 5.000. Por último, el paquete de inversiones InvestEU, se desploma de los 11.500 millones a los 2.100 millones de euros.

Además, España sufrirá con los recortes en otros ámbitos. Los 27 también dejan cojo el programa para Desarrollo Rural, que se queda en 7.500 millones de euros, y borra el fondo para incentivar inversiones privadas a empresas a través del Banco Europeo de Inversiones.

Por lo que respecta al Marco Financiero Plurianual (MFF) para los próximos siete años, los líderes han acordado un tamaño de 1,074 billones de euros. En él, hay un recorte en la Política Agrícola Común (la PAC) de entorno al 10%, pasando de 383.855 millones de euros a 343.950 millones, y un ligero refuerzo de un 2,7% para los fondos de cohesión, que alcanzan los 377.000 millones de euros.

Sin embargo, según explica el eurodiputado socialista, Nicolás González Casares, para analizar las partidas respecto al periodo anterior, es importante sumar tanto el MFF como el fondo de recuperación. De lo contrario, estaríamos presentando información sesgada.

El socialista pone como ejemplo el pacto verde. Los líderes han mantenido los 7.500 millones de euros del presupuesto comunitario, tal y como estaba previsto en la primera propuesta, a lo que le sumaría los 10.000 millones de euros ligados al Fondo de Transición Justa del fondo de recuperación. "Esto significa que, a pesar de que ésta última partida se haya recortado dos tercios respecto a la propuesta original, la partida ha pasado de aspirar a 7.500 millones de euros a garantizarse 17.500 millones de euros", ha añadido.

Algo similar ocurriría con la política agrícola común. Según reconoce el eurodiputado, "a pesar de que PAC tradicional haya sufrido una pequeña rebaja, el sector primario en cuestión de transición ecológica y economía circular también va a recibir ayudas". Por tanto, cabría esperar que el sector agrícola español se mantenga, como mínimo, igual que en el último negociado, algo que nadie daba por hecho tras la salida de Reino Unido del club comunitario.

Gobernanza

La batalla particular del primer ministro holandés, Mark Rutte, era el criterio de acceso a los fondos. Con el objetivo de garantizar que los países lleven a cabo las reformas necesarias para acceder a estas ayudas, desde La Haya reclamaban que se aprobaran por unanimidad en el Consejo Europeo. Dicho de otra manera, reclamaban su derecho a veto.

Sin embargo, los 27 han acordado que los planes nacionales se aprueben por mayoría cualificada en el Consejo Europeo. A continuación, pasarán a la Comisión Europea, quien tendrá dos meses para evaluar la propuesta y aprobar o no el desembolso.

"Cuando los países reciban estas ayudas, el cumplimiento de las reformas será estudiada con lupa" por los socios comunitarios y, en el caso de que algún país incurra en "desviaciones graves", es entonces cuando se activaría el "super freno de emergencia". Con este instrumento, se elevará el debate a una cumbre europea y los líderes tendrán tres meses para tomar una decisión. Con esto Rutte no consigue su derecho a veto, pero sí la llave del bloqueo.

Grégory Claeys se muestra crítico con la idea de que los Estados miembros tengan la capacidad de controlar a sus socios. "Esta es la función de las instituciones y no de los países", aunque reconoce que era "una cesión necesaria a La Haya para cerrar el acuerdo". "La idea original de Rutte del veto es terrible, es una baza que puede jugarse con fines electorales y tener consecuencias catastróficas", ha añadido.

Cheques compensatorios

La ampliación de los rebates o cheques compensatorios ha sido una de las cartas que han jugado los nórdicos para cerrar el acuerdo este martes de madrugada. Los 27 han aprobado nuevos descuentos en la contribución al presupuesto comunitario de Dinamarca, Suecia, Holanda, Austria y Alemania. Estos cheques los empezó a exigir Reino Unido para los contribuyentes netos de la UE, y Bruselas había previsto su desaparición gradual tras el brexit
Sin embargo, lejos de desaparecer, Michel les ha propuesto ampliar estos descuentos, oferta que han aceptado todos los países menos Alemania de buena gana. En total, los obstruccionistas tendrán una rebaja de 52.000 millones de euros.

El experto de Bruegel y la investigadora española opinan que los cheques están desfasados y compartían la esperanza de que, tal y como estaba previsto, con la partida de Reino Unido llegaran a su fin. Sin embargo, Claeys cree que eran "clave para arrancarle un pacto ambicioso a los obstruccionistas".

El eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, no comparte la utilización de los rebates como "elemento negociador para contentar a los Estados más reticentes al paquete de recuperación". "Esta lógica muestra que muchos siguen viendo a la UE como una organización intergubernamental, puramente económica y sin vocación política", ha lamentado.

Esta también es la opinión de la eurodiputada de Podemos, María Eugenia Rodríguez Palop, aunque reconoce que "es el precio que hemos tenido que pagar". "Que sea la regla de la unanimidad la que rija en el Consejo, es uno de los graves problemas que tenemos", ha reconocido.

'Rule of law'

La Unión Europea ha renunciado a ejercer un control entorno al respeto al Estado de derecho por parte de los socios para la gestión del presupuesto comunitario. Este asunto, conocido en Bruselas como rule of law, lo puso encima de la mesa la canciller alemana para estudiar posibles sospechas de enriquecimiento ilícito de algunos oligarcas a costa del presupuesto comunitario. Una idea que no gustó a Hungría y Polonia, países que amenazaron en bloquear en acuerdo.

En esta ocasión ha primado acordar un plan de recuperación para inyectar adrenalina a las economías más afectadas por el coronavirus a defender este mecanismo de vigilancia de los valores europeos. Esta era una de las principales luchas del primer ministro holandés, quien defendía la importancia de apostar por un instrumento que velara por el Estado de derecho.

El eurodiputado liberal defiende que "el dinero europeo no puede servir para subsidiar la emergencia de regímenes populistas y autoritarios". Garicano reconoce que, como Polonia y Hungría tienen poder de veto sobre el paquete de recuperación, "el resto de países ha cedido". "Esta situación no es admisible, Europa tiene que superar la lógica de la unanimidad", ha añadido.

La eurodiputada de Podemos ha ido un paso más allá. Rodríguez Palop ha denunciado que estos países hayan "aprovechado la pandemia para violar derechos poniendo en práctica políticas homófobas y misóginas". "Es una vergüenza que estos gobiernos se sienten en el Consejo Europeo en pie de igualdad con gobiernos democráticos, condicionando lo que se puede o no hacer en la UE", ha razonado.

Así, la representante de Podemos ha aprovechado para recordar que el presidente húngaro, Viktor Orban, forma parte de la familia del Partido Popular Europeo, gracias al voto favorable del Partido Popular español.

Próximos pasos

Ahora el acuerdo está sobre el tejado del Parlamento Europeo, que tendrá que dar el consentimiento- o no- al acuerdo. Si hay luz verde, después los parlamentos nacionales de los 27 tendrán que ratificar el acuerdo.

Si la Eurocámara reprobase el acuerdo, idea prácticamente descartada, se convocaría una nueva cumbre europea. Eulalia Rubio considera factible que el Parlamento aproveche y exija jugar un papel en la gobernanza del plan anticrisis. Una idea que confirman fuentes comunitarias, que defienden que este fondo "exige codecisión" y revindican "el derecho de la institución a entrar en la gobernanza del paquete".

Luis Garicano considera que el fondo de recuperación "será muy positivo para España", "siempre que lo invertimos de manera sensata". "No podemos desperdiciar esta oportunidad levantando aceras, tenemos que aprovechar estos recursos para avanzar en cinco áreas: la formación para el empleo digital, la educación, la economía verde, la digitalización de la administración y el refuerzo de nuestro sistema sanitario", ha añadido el eurodiputado.

La eurodiputada de Podemos ha aplaudido el hecho de "tener fondos para invertir en reformas sociales, cuya condicionalidad estará vinculada a la Europa verde y digital". "No van a usarse para rescatar a la banca a fondo perdido, inflar la burbuja inmobiliaria y alentar la evasión fiscal", ha festejado. "Al fin, la orientación del dinero no será la que marque la construcción desmedida y la liberalización del suelo, sino la protección ambiental y los servicios sociales. Si algo hace falta en España, es precisamente eso", ha concluido.

Gregory Claeys reconoce que el pacto alcanzado esta mañana es "un trato imperfecto", pero añade que en "la integración europea hay que ir poco a poco". "Tal vez en el próximo presupuesto se pueda hablar abiertamente de acabar con los ‘rebates’ o exigir la integración y cumplimiento de la rule of law", ha señalado, para añadir que, "en materia de Unión Europea, solo sirve mirar de forma global un pacto para saber si es más o menos positivo".