MADRID.- El exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Manuel Almenar ha sido elegido este jueves presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) durante el XXII Congreso que se desarrolla estos días en Logroño.

Almenar ha salido elegido presidente para los próximos dos años por 107 votos a favor, frente a los 78 que ha obtenido el actual presidente, Pablo Llarena, que se presentaba a la reelección.

La elección de Almenar introduce aires de cambios en la asociación conservadora, ya que sus miembros han optado por un magistrado joven, de prestigio en la carrera judicial, y que ha sido ponente de sentencias protectoras de los consumidores frente a las prácticas abusivas bancarias, entre otras.

La APM transmite así un mensaje a la sociedad en un momento en el que la Justicia está siendo recortada.

Esta asociación es la mayoritaria en la carrera judicial, ya que representa a 1.400 jueces de los 5.000 en activo que ejercen en los juzgados y tribunales. En los últimos meses su presencia se había reducido frente a otras asociaciones y movimientos en defensa de la independencia judicial, que se han convertido en un referente ante los recortes de derechos de los ciudadanos, como fue la generalización de las tasas judiciales o la limitación de los tiempos de instrucción de las causas penales a seis meses de la reforma que entrará en vigor el próximo 5 de diciembre.

Así, todas las asociaciones de fiscales y todas las de jueces -excepto la APM- han pedido al Gobierno que aplace la entrada en vigor de esta medida, ante la falta de medios para garantizar una instrucción con éxito en este plazo de seis meses.

Manuel Almenar ocupa en la actualidad el puesto de presidente de la sección primera, especializada en Mercantil, de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Por su parte Llarena, presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, defendió su candidatura hace unos días en una carta pública ante los 1.400 asociados y reivindicó que la APM ha sido la única asociación que ha aportado mejoras para la profesión frente a la "esterilidad del grito y la crispación".

Una de las últimas sentencias de Almenar ha sido su ponencia adoptada por la Audiencia Provincial de Pontevedra del pasado 3 de noviembre, que anuló la cláusula de vencimiento anticipado incluida en un préstamo hipotecario y ordenó el sobreseimiento y archivo de la ejecución hipotecaria.

La resolución fue acordada por la Sala General de Magistrados del orden civil de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que anuló esta cláusula abusiva según la cual el banco se reservaba la facultad de reclamar el total, incluidas las cuotas no vencidas, en caso de impago de una sola cuota hipotecaria o plazo de principal o intereses. Esta resolución implica que, de oficio, los jueces pueden examinar y declarar nula otras cláusulas similares.

Almenar fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre los años 2008 y 2013, y salió elegido, con el apoyo del PP, dentro de la lista que presentó la APM ante las Cortes Generales para la selección de los 12 vocales de procedencia judicial.

El documento de los jueces frente a los desahucios

Cuando era vocal, Almenar coordinó un grupo de trabajo de 18 jueces cuyas conclusiones dieron un vuelco a la percepción social de los desahucios, que hasta entonces sólo se denunciaban en la calle y en algunos periódicos. Corría el año 2011 y el informe detectó una gran preocupación entre los jueces porque no había un reparto equitativo de la crisis entre los bancos y los ciudadanos y consideraban que había que paliar el "auténtico drama" en el que se veían envueltas miles de familias.

El informe coordinado por Almenar fue rechazado en el CGPJ, pero corrió como la pólvora entre los periodistas y los movimientos antidesahucios porque era un documento jurídico que criticaba el procedimiento privilegiado del que disfrutaban los bancos y 
proponía fórmulas que hasta entonces no existían, como transformar un préstamo hipotecario en un arrendamiento con opción de compra, con una cuota inferior, la dación en pago, o la adopción de medidas de apoyo a los deudores de buena fe.

Vacío legal tras la sentencia del 'caso Aziz'

Almenar, también como vocal, impulsó el proceso de reflexión de los jueces de lo Civil para garantizar la protección de los consumidores españoles ante el vacío legal que se produjo tras la sentencia del famoso caso Aziz.

Esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del 14 de marzo de 2013, tumbó el edificio del sistema de ejecución hipotecaria que existía en España, ya que permitió a los jueces entrar a estudiar una ejecución hipotecaria y detectar si había cláusulas abusivas antes de dar paso a un desalojo por la fuerza pública (conocido popularmente como desahucio).

Los jueces tuvieron que actuar en el vacío porque el Gobierno del Partido Popular tardó varios meses en promulgar la Ley 1/2013 para rellenarlo. En este tiempo, debían enjuiciar los miles de casos que había en trámite en los juzgados.

Por este motivo, el 8 de mayo de 2013 más de 20 magistrados de toda España y de los distintos tribunales se reunieron en Madrid para debatir las repercusiones de la nueva doctrina del TJUE y abordar este periodo transitorio, bajo la dirección de Juan Antonio Xiol, entonces presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y actual magistrado del Tribunal Constitucional. El impulso de este encuentro lo realizó Manuel Almenar, el ahora nuevo presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura.