Por segunda vez consecutiva el juicio contra la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, por el caso Golpe de Estado II se ha suspendido y será retomado este miércoles a las 14 horas local (21 en España). El fiscal del caso, Omar Mejillones, informó de que el Tribunal tomó la decisión ante la prolongada audiencia de la mañana del martes. En esta se rechazó una solicitud de cesación a la detención preventiva de la exmandataria. Mejillones evitó fijar una fecha tentativa para el dictado final de la sentencia, porque depende del tiempo que tomen las partes en los alegatos.

El Ministerio de Gobierno, como acusador particular, se sumó a la petición de la Fiscalía de 15 años de cárcel para Áñez en la causa que investiga la forma en que la entonces senadora llegó a la presidencia interina de Bolivia, tras la renuncia forzada de Evo Morales. A primera hora de la mañana, la exmandataria ha solicitado "consideración" porque su estado de salud no le permite estar sentada mucho tiempo y le ocasiona dolores musculares.

Asunción irregular

Este martes la abogada del Ministerio de Gobierno, Daniela Zabala, tomó la palabra durante casi dos horas para exponer su caso ante los tres jueces del tribunal. Zabala señaló que Áñez tomó la presidencia de la nación de manera "irregular" en 2019, realizando "simulaciones" durante la sesión de investidura que le permitió alzarse en el poder. Según la representante legal, se constató que Áñez conocía el reglamento de la Cámara de Senadores y el de la Asamblea, pero ignoró los procedimientos cometiendo los delitos por los que se la juzga actualmente.

Respecto de la culpabilidad del general y excomandante de la Policía, Yuri Calderón, la abogada reveló que existen informes de la propia fuerza policial que indican que este ordenó su movilización para recibir a Áñez en el helipuerto del Colegio Militar de Ejército. "¿Si no había presidente los días 11 y 12 de noviembre, a quién obedecía Calderón?", se preguntó Zabala y aseguró que Áñez no hubiera sido presidenta interina si no hubiese contado con la ayuda de la Policía y los militares.

El Tribunal de Sentencia Anticorrupción de La Paz rechazó este martes por la mañana una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva de Áñez, por lo que deberá seguir las alternativas del juicio de manera remota desde la cárcel de Miraflores. En ese sentido, el fiscal Mejillones remarcó que persisten ciertos riesgos procesales como el peligro de fuga y de obstaculización del proceso investigativo.

Este miércoles debe presentar sus alegatos la Procuraduría General del Estado, quien ya había solicitado los recursos técnicos del Tribunal. Después del alegato de la Procuraduría debe presentar sus argumentos el abogado del Senado, que es la parte acusadora dentro del juicio. Una vez que terminen los alegatos de los denunciantes, la defensa expondrá sus argumentos. Para ello, los jueces se trasladarán a los penales de Miraflores y de San Pedro para escuchar a Áñez y a los exmandos militares Flavio Arce y Pastor Mendieta, respectivamente, quienes también son juzgados por el caso Golpe de Estado II.

Áñez insiste en sus problemas de salud

"Entiendo la prisa que tendrán por sentenciarme, sin embargo, es poco considerado someterme a agotadoras horas porque mi salud no lo permite", manifestó Áñez este martes. La expresidenta interina mencionó que hizo sus "mayores esfuerzos por estar en toda la audiencia" efectuada el lunes 6 de mayo, pero no pudo conseguirlo. Dicha audiencia se extendió durante más de cuatro horas y se tuvo que suspender precisamente porque la exsenadora declaró que padecía un fuerte dolor en la espalda.

Áñez añadió que puede estar unas cuatro o cinco horas en audiencia sin ningún problema, pero que más allá de eso queda "muy afectada", ya que toma varios medicamentos. La presidencia del Tribunal que la juzga le garantizó que siempre estarán atentos a su salud. A su vez, el Tribunal aclaró que "no tiene ninguna prisa en llevar las audiencias" y que "únicamente las está desarrollando de acuerdo a lo que establece el procedimiento penal".

Al igual que el lunes, un grupo de personas se concentró en las puertas del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para exigir cárcel para la exmandataria. En varios momentos la sesión se interrumpió por el bullicio que llegaba de fuera.

El derrotero judicial

Áñez está en prisión preventiva en La Paz desde marzo de 2021 acusada de sedición, terrorismo y conspiración por la crisis de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, algo que para el oficialismo fue lisa y llanamente un golpe de Estado. El juicio en curso es por otro proceso, el llamado Golpe de Estado II, referido a sus acciones cuando era segunda vicepresidenta del Senado.

El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Evo Morales renunció a su cargo en medio de protestas civiles que denunciaban un supuesto fraude electoral, un motín policial y hasta una "sugerencia" de las Fuerzas Armadas para que dimitiera. Dos días después, la entonces segunda vicepresidenta del Senado asumió la presidencia del Parlamento y luego la jefatura del Estado en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin cuórum ni asistencia de la bancada mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Amenaza del Pacto de Unidad

El Pacto de Unidad, una alianza nacional de organizaciones de base de Bolivia que apoyan los derechos indígenas y agrarios, se declaró en estado de emergencia y advirtió que si no se dicta sentencia contra Áñez en el caso Golpe de Estado II tomarán las instituciones judiciales. Las organizaciones sociales piden 30 años de cárcel para la exmandataria.

Jorge Cucho, representante del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) leyó un documento de las bases en el que piden "a los administradores de justicia boliviana sancionar con la máxima pena de 30 años de cárcel a Jeanine Áñez por los delitos cometidos en 2019, de lo contrario entraremos en estado de emergencia y anunciaremos movilizaciones permanentes y la toma de instituciones judiciales".

Por su parte, el ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Eber Rojas, pidió ampliar la querella penal contra los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, además del empresario Samuel Doria Medina y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, al considerarlos autores intelectuales del caso Golpe de Estado II.