El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha defendido este miércoles ─en su primera rueda de prensa tras el estallido del caso Luxleaks─ que los acuerdos secretos que Luxemburgo firmó con multinacionales para minimizar el pago de impuestos mientras él era primer ministro respetan la legislación nacional e internacional. No obstante, ha admitido que los resultados de estos pactos no se ajustan a las exigencias de 'justicia fiscal' y lo ha lamentado.

Juncker ha sostenido además que siempre ha sido 'muy sensible a la competencia fiscal injusta' y que, desde 2010, su Gobierno empezó a adoptar medidas para corregir la situación siguiendo los dictámenes del grupo de trabajo sobre fiscalidad del Ecofin. 'Es erróneo decir que Luxemburgo no adoptó ninguna medida', ha dicho. 'No hay nada en mi pasado que indique que mi ambición era organizar la evasión fiscal en Europa', ha asegurado el presidente de la Comisión. 'Si, debido a la interacción entre legislaciones nacionales diferentes, (estos acuerdos) condujeron a una situación de no pagar impuestos (por parte de las multinacionales), entonces lo lamentaría', ha asegurado.

'No soy el arquitecto del modelo luxemburgués porque ese modelo no existe', ha insistido Juncker. En este sentido, ha explicado que en Luxemburgo el Gobierno no puede dar instrucciones a la administración fiscal, que es autónoma. 'Soy responsable políticamente de lo que ocurrió', ha admitido. Pero ha agregado que ya no puede dimitir como primer ministro de Luxemburgo y que sigue considerándose 'adecuado' para dirigir la Comisión. En este sentido, el presidente del Ejecutivo comunitario ha dicho que un total de 22 Estados miembros aplican este tipo de decisiones tributarias anticipadas y que Bruselas ha declarado legales la mayoría de ellas. 'Todo lo que se ha hecho (en Luxemburgo) se ajusta a las reglas nacionales e internacionales aplicables', ha resaltado.

'Es verdad que, debido a la interacción de las reglas nacionales de unos y otros, se produce una situación que puede conducir a tipos impositivos bajos. Es verdad que, de esta interacción de reglas nacionales diferentes, pueden resultar situaciones que no se ajustan a las exigencias de justicia fiscal. Es verdad que la aplicación de reglas diversas y opuestas puede conducir a resultados de imposición que no se corresponden a las reglas éticas y morales', ha admitido.

En todo caso, Juncker ha negado que exista un 'conflicto de interés' por el hecho de que la Comisión esté investigando algunos de estos acuerdos (en particular los concluidos con Fiat y Amazon). 'No entiendo por qué se habla de Juncker contra Juncker', ha apuntado. Y se ha comprometido a no abordar estas cuestiones con la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, responsable de los expedientes.

El presidente de la Comisión ha reiterado su compromiso de luchar contra el fraude y la evasión fiscal y ha anunciado dos iniciativas concretas. En primer lugar, Bruselas reactivará los trabajos para crear una base común del impuesto de sociedades por considerar que con ella 'desaparecerán buena parte de las posibilidades de ingeniería fiscal'. El Ejecutivo comunitario propondrá además una directiva sobre intercambio automático de información sobre acuerdos fiscales que obligará a los Estados miembros informar de manera inmediata al resto de socios sobre cualquier decisión fiscal anticipada sobre multinacionales que aprueben.

Juncker ha comparecido por sorpresa durante la rueda de prensa habitual que organiza cada día la Comisión Europea. Su presidencia no había sido anunciada, aunque el ex primer ministro luxemburgués ha admitido que ha sido un 'error' estar casi una semana sin dar explicaciones sobre el caso Luxleaks. El Parlamento Europeo (PE) celebra este miércoles un debate sobre evasión fiscal, en el que se discutirá también el escándalo, sin la presencia de Juncker, que estará en la reunión del G-20 en Australia.

Conservadores (PPE), socialdemócratas (S&D) y liberales (ALDE) pactaron este debate y en el que la Comisión Europea (CE) estará representada por sus responsables de Competencia, la danesa Margrethe Vestager, y de Asuntos Económicos, el francés Pierre Moscovici. La pasada semana el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló acuerdos fiscales secretos entre el Gobierno de Luxemburgo y casi 340 multinacionales, como Pepsi, IKEA, AIG, Coach o Deutsche Bank, que podrían haber vulnerado la normativa comunitaria sobre ayudas de estado.

Los acuerdos, que se alcanzaron mientras Juncker fue primer ministro del Gran Ducado y están siendo investigados ya por la CE, han causado malestar entre los eurodiputados, en especial entre los grupos de izquierda de la Eurocámara que buscan apoyos suficientes para presentar una moción de censura contra el presidente del Ejecutivo comunitario que asumió su cargo hace doce días.