La cifra de palestinos arrestados en Cisjordania ocupada y en Jerusalén bajo detención administrativa se ha elevado este mes de noviembre a más de 3.443, convirtiéndose así en la más alta de la historia, según recoge el último informe del Club de Prisioneros Palestinos y de la asociación Adamer que también presta asistencia legal a los presos.

Se trata de una práctica legal en Israel muy criticada por organizaciones de derechos humanos, aplicada únicamente en territorio ocupado y que permite encarcelar a personas sin cargos un máximo de seis meses. La detención administrativa no solo presenta la opción de renovarla indefinidamente, sino que los encarcelados pueden permanecer en esa situación sin que se abra un juicio formal contra ellos o sin que se presenten cargos formales. Tampoco se les da acceso a las pruebas en su contra.

Este viernes el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, suprimió la detención administrativa para colonos de Cisjordania ocupada, cuya presencia y ataques violentos contra los palestinos se ha incrementando en estos territorios desde el estallido de la guerra en Gaza.

"En una realidad en la que los asentamientos judíos en Judea y Samaria (término bíblico para Cisjordania) está sujeto a graves amenazas de terroristas palestinos y se toman sanciones internacionales injustificadas contra los colonos, no es apropiado que el Estado de Israel adopte una medida tan severa contra la población de los asentamientos", dijo el ministro Katz.

Así, esta medida de excepción, ampliamente criticada por la comunidad internacional, queda oficialmente restringida solo para usarse con palestinos, algo que en esencia ya ocurría en la práctica.

Desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, se han registrado más de 11.800 detenciones por parte de Israel, de las cuales 10.000 fueron bajo detención administrativa, de acuerdo con este informe. Estas cifras incluyen tanto a los que permanecen entre rejas como a los que ya han sido liberados. El análisis también sostiene que el mayor número de arrestos se produjeron en el este de Jerusalén y en Hebrón, en el sur de la Cisjordania ocupada.

"Las campañas de arrestos se han caracterizado por una escalada de violaciones, incluidas palizas brutales, amenazas contra los detenidos y sus familias, destrucción generalizada de bienes, confiscación de vehículos, dinero y joyas, y destrucción de infraestructura, especialmente en los campos de refugiados de Tulkarem y Yenín", denuncia el informe.

Lo cierto es que Cisjordania ocupada vive su mayor espiral de violencia desde la Segunda Intifada (2000-05), y en lo que va de 2024 unos 450 palestinos han muerto en el territorio por fuego israelí, la mayoría milicianos de los campamentos de refugiados, pero también civiles, incluidos al menos 71 menores.

Por otra parte, el informe también subraya que al menos 45 prisioneros han muerto bajo custodia desde el pasado 7 de octubre, además de otra decena de muertes cuyas identidades y circunstancias siguen sin ser reveladas por el Ejército israelí.

Censura en los medios israelís

No solo los medios de comunicación y las organizaciones internacionales se muestran críticos con este tipo de prácticas que reducen a cero los derechos del pueblo palestino. Algunos diarios israelíes, como es el caso de Haaretz, uno de los periódicos más leídos del país, también ha puesto en entredicho determinadas decisiones de su Gobierno, lo que le ha conducido a ser sancionado por las autoridades.

"Hoy el Gobierno de Netanyahu aprobó una resolución para sancionar a 'Haaretz', suspendiendo cualquier publicidad estatal, suscripciones financiadas por el Estado o cualquier otra conexión con el periódico. No nos dejaremos disuadir", ha informado Noa Landau, la directora jefe adjunta, en su cuenta de X.

"A todos mis compañeros que hoy guardan silencio ante las sanciones ilegales que nos acaban de imponer, no os sorprendáis cuando llegue vuestro día", ha añadido. 

El incidente que ha terminado por disolver la relación con el Gobierno fue el discurso pronunciado por su propietario, el empresario Amos Schocken, donde acusó al Ejecutivo de "imponer un cruel régimen de segregación contra la comunidad palestina" durante la guerra de Gaza.