El Parlamento israelí (Kneset) ha aprobado este martes la reforma de la ley electoral con la que se eleva el umbral de voto para acceder a la cámara, lo que dificulta la entrada de las formaciones minoritarias. La oposición ha calificado la medida de inconstitucional. El 55% de la Knesset (integrada por 120 diputados) aceptó elevar el porcentaje de voto mínimo para obtener representación parlamentaria del actual 2% al 3,25%, en un sistema, como el israelí, de circunscripción única y asignación proporcional.

Con esta reforma, dos de los tres grupos árabes-palestinos presentes en la actualidad en el Parlamento israelí podrían quedar fuera en futuros comicios y se verían abocados a aliarse entre ellos para mantener los 11 diputados que ahora les representan. De hecho, el único que en los últimos comicios celebrados en 2013 consiguió superar el nuevo porcentaje -la Lista Árabe Unida y Taal, que logró un 3,65% de los votos- es ya en realidad una coalición.

La oposición denuncia que son 'medidas de odio y exclusión para tratar de marginar a ciertos partidos'

Políticos, expertos y diplomáticos han comentado que esta reforma de la ley electoral supone un nuevo golpe para la minoría árabe, objeto hace semanas atrás de otra propuesta de ley que reduce su peso y que induce a la exclusión: la que distingue entre árabes cristianos y árabes musulmanes en el campo laboral. El líder del Partido Laborista (el principal de la oposición), Isaac Herzog, indicó recientemente que se trata de 'medidas de odio y exclusión para tratar de marginar a ciertos partidos'.

La discriminación del Estado hebreo hacia los árabes, que representan algo más del 20% de la población total de Israel, viene de lejos. Las diferencias de oportunidades son evidentes y medibles según parámetros concretos. El 70% de la población árabe israelí es pobre, uno de cada tres niños pasa hambre, el paro asciende al 25% y sólo el 17% de las mujeres árabes trabaja, frente al 52% de las hebreas, según informes de Mossawa, ONG de defensa de los derechos civiles de los árabes israelíes reconocida por la Comisión Europea.  

A los cientos de miles de árabes que decidieron permanecer en sus casas cuando las tropas británicas se marcharon de Palestina se les concedió la ciudadanía, pero nunca la nacionalidad, ya que Israel se considera Estado Judío y ellos no lo son. La exclusión es el producto de una relación desigual, la cual puede apreciarse en el nivel de educación, el tipo de ocupación profesional y, definitivamente, en el nivel de vida.

La reforma electoral, propuesta por el partido ultraderechista Israel Beitenu, del ministro de Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman, forma parte de una paquete de tres leyes que el actual Ejecutivo (cuya principal fuerza es el partido derechista Likud) ha ordenado a sus componentes votar en bloque esta semana en un intento de evitar las disensiones internas en el seno de la coalición.

La discriminación del Estado hebreo hacia los árabes, el 20% de la población total, viene de lejos

La segunda de ellas obliga a los jóvenes judíos ultraortodoxos (haredim) a servir en el Ejército como cualquier ciudadano israelí, un giro que la semana pasada hizo que cientos de miles de integrantes de esta comunidad se manifestaran en Jerusalén en una protesta histórica que colapsó la ciudad. Presentada por el partido centrista Yesh Atid (Existe Futuro), el segundo de la coalición, de aprobarse suprimirá el privilegio que desde 1948 tiene esta comunidad, dedicada principalmente al estudio de los textos bíblicos.

La ley, criticada también por el propio Ejército, establece una serie de cuotas que, al igual que en el resto de la población, permite liberar del reclutamiento a un número limitado de jóvenes por cuestiones de salud, familiares o de excelencia en los estudios. Asimismo, impone mayores penas de cárcel a aquellos insumisos que no se presenten a filas, condiciones que han llevado a los ultraordoxos a amenazar con boicotear al Estado e incluso, en el caso de los más radicales, a instar a sus seguidores a abandonar Israel si finalmente se aprueba.

La última de las polémicas leyes es obra del partido derechista Habait Hayehudi (Casa Judía), que representa los intereses de los colonos, y que de aprobarse supondrá un nuevo obstáculo para una solución negociada con los palestinos. Según la misma, cualquier concesión territorial en un acuerdo con los palestinos deberá someterse primero a referéndum, incluidas alguna zonas ocupadas, como los altos del Golán (tomados a Siria en la Guerra de los seis días de 1967) o colonias de Jerusalén Este, ilegales según el derecho internacional.