El colombiano Rafael Barrios Mendivil es profundo conocedor del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del que hacen parte la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pasa de los 70 años y desde 1995 comenzó a litigar en favor de las víctimas ante esa jurisdicción, que juzga Estados, no a individuos.

Dice a Público que ningún país ha prodigado un recibimiento como el que le dio Bogotá el domingo a una misión de la CIDH, que ese día llegó a Colombia.

A lo largo de un trayecto de 12 kilómetros, y a ratos bajo la lluvia, la gente se apostó el pasado 6 de junio en el andén peatonal del costado occidental de la Avenida Eldorado, entre el aeropuerto y un rascacielos en el centro histórico (Torre Colpatria), echando vivas, portando banderas de Colombia y carteles hechos por cada cual o proporcionados por el Comité Nacional de Paro (huelga): "Duque, pare la masacre. Bienvenida CIDH".

"Eso es totalmente inédito e histórico. Para nosotros, para quienes trabajamos en derechos humanos, ese recibimiento es una gran satisfacción", expresó.

A regañadientes, el gobierno aceptó la visita. La limitó a tres días (día y medio únicamente dedicado a la versión oficial), a tres comisionados, acotó el objeto de la misión y los lugares a visitar (Bogotá y Cali, la tercera ciudad del país).

El hecho es que los comisionados de la CIDH se encontraron en Bogotá la noche del domingo 6 y se van el 10. Y también irán a Popayán, capital del departamento Cauca, Buga, punto estratégico para la circulación de mercancías del comercio exterior, y Tuluá, donde la ira popular atacó varios edificios públicos y finalmente incendió el Palacio de Justicia, luego de que fueran asesinados al menos seis manifestantes, como indica el hilo del tuitero @Aelfm.

La CIDH vino con un equipo humano que seguramente no dará abasto para la cantidad de víctimas que deberá escuchar. Entre el 28 de abril y el 31 de mayo la plataforma Grita, de la ONG Temblores, especializada en violencia policial, registró cifras de locura.

En menos de cinco semanas, 45 asesinatos, 1.649 detenciones arbitrarias de manifestantes, 705 ataques contra manifestaciones pacíficas. 65 jóvenes han perdido uno de sus ojos por disparos directos con armas antimotines de "letalidad reducida" y otros 61 fueron heridos en el rostro. Además, hay otros 180 casos de heridos con armas de fuego, de uso prohibido contra manifestaciones. 25 mujeres fueron víctimas de violencia sexual y otras seis personas, de violencia basada en género. A todo esto se suman 346 desaparecidos.

La gente de pregunta si lo que se está viendo es un golpe de estado. Otros afirman que el presidente del país, Iván Duque, ha quedado como dictador desde que se echó todos los organismos de control al bolsillo, en un procedimiento paulatino.

La Comisión ha hecho visitas anteriores a este país, pero el abogado Barrios advierte que esta "es la más importante, debido a la coyuntura del conflicto social. Nunca, desde que tengo uso de razón, se había vivido algo así en Colombia. La CIDH viene en el momento preciso a observar la situación y a emitir recomendaciones".

El exmagistrado colombiano Iván Velásquez, quien dirigió la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, organismo creado por la ONU y centrado en combatir la corrupción), opinó en un tuit el 7 de junio que la CIDH debería recomendar la conformación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), para investigar la masiva violación de los derechos humanos cometida en dos meses en Colombia.

El GIEI más conocido es el que se creó para México en torno al caso Ayotzinapa, por la desaparición forzada de 42 estudiantes en 2014. En Nicaragua funcionó un convenio con la CIDH: un grupo de seguimiento de sus recomendaciones acudió a Nicaragua, y aunque luego fue expulsado por el presidente Daniel Ortega, hizo una labor directa de verificación, después de la gran represión de la rebelión cívica de abril de 2018. Rebelión espontánea, según defensores de derechos humanos, pero pagada por EEUU, según los defensores del poder presidencial.

En Bolivia, después del golpe a Evo Morales en noviembre de 2019 y ante los graves disturbios que se presentaron en el país, se conformó el Grupo Interdisciplinario, por un acuerdo con la CIDH.

"Siempre tiene que ser mediando con el gobierno, no es una imposición que pueda hacer por si sola la CIDH", subrayó Velásquez en entrevista a Público.

"Después de que la CIDH advierta la gravedad de lo que ha ocurrido, sería saludable que le hiciera la recomendación al gobierno de (Iván) Duque de que se instale un Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales" para Colombia, señaló.

La ventaja que ve Velásquez: "La independencia, pues no estaría integrado por ningún nacional. Todos serían extranjeros defensores de derechos humanos, reconocidos en América Latina, y su integración la asumiría la CIDH".

El jurista tampoco conoce antecedentes de una bienvenida como la que hicieron los bogotanos el domingo a la CIDH: "Estamos ante una situación tan grave y en un desamparo tan grande, que la presencia de la CIDH es un hecho gigantesco y tan relevante para la ciudadanía, que sale a las calles a recibirla. Yo creo que los comisionados deben estar totalmente sorprendidos al ver a tanta gente con pancartas saludando la visita"

La exfiscal Ángela María Buitrago, tenaz investigadora conocida en Colombia como la fiscal de hierro, hace parte del GIEI Ayotzinapa. Ella recuerda muy bien que el gobierno del mexicano Enrique Peña Nieto aceptó conformarlo en medio de una fuerte presión nacional con manifestaciones multitudinarias, pero también hubo una masiva presión internacional.

"Un GIEI en estos momentos en Colombia podría ser muy interesante desde el punto de vista de lograr autonomía e independencia, que no tiene hoy en día ningún órgano de control", coincidió Buitrago en diálogo con Público.

"(Los jefes de la) Procuraduría (ministerio público) y la Defensoría del Pueblo, pero también de la Fiscalía, dependen y fueron nombrados por el presidente. Un GIEI generaría un equilibrio muy importante en las investigaciones y en las averiguaciones, más hablándose de la violación de derechos humanos, de las desapariciones, de los homicidios, de los abusos de fuerza", detalló.

A esto se agrega que la justicia penal militar es la que está investigando los hechos de violencia policial. Es una jurisdicción considerada por defensores de derechos humanos un mecanismo de impunidad. Precisamente, subraya Buitrago, “todo eso significa que necesitamos personas que hagan una investigación seria, a fondo, lejos de cualquier condición política”.

Pero Rafael Barrios puntualiza que "aquí la situación es mucho más grave que lo que sucedió en México con los desaparecidos. También es mucho más grave que lo sucedido en Nicaragua", por eso considera que en Colombia "tenemos que ir por esa línea", de conseguir un GIEI o al menos un grupo de seguimiento.

El obstáculo para un GIEI es que tiene que contar con la anuencia del presidente Duque. Pero precisamente "él viene generando una impunidad manifiesta alrededor de sus actos de gobierno con los mecanismos de control colombianos", de manera que Barrios duda de que vaya a autorizar que lo vigile "un mecanismo, ese sí, independiente e imparcial, de un organismo internacional. Esperamos que sí, porque la esperanza es lo último que se pierde".

Las numerosas imágenes que muestran a civiles disparando al amparo de la policía han generado una rápida reacción internacional de rechazo explícito. ¿Surge una tolerancia cero frente al paramilitarismo en Colombia? Barrios cree que sí.

"Lo que se vio en Cali: civiles armados no con cualquier tipo de armas, sino con armas largas y de corto alcance, amparados, protegidos y tolerados por la policía nacional, (disparándoles a los manifestantes), es vergonzoso. Eso no se puede aceptar ni repetir aquí en Colombia y la comunidad internacional debe comportarse de manera fuerte frente a eso. Además, civiles armados dispararon contra la minga indígena, que es una población vulnerable en nuestro país. Vergonzoso totalmente", concluyó.