"No responder por ningún motivo con violencia ante agentes. Nosotros tenemos nuestro cuerpo, ellos las armas. ¡La vida primero!", dice un meme viral y distribuido por Whatsapp. A la puesta del sol comienza esa versión colombiana de la noche de los lápices.

Ante la inusual brutalidad policial contra la huelga nacional reiniciada el 28 de abril (porque esa huelga estaba en marcha antes de la pandemia), abundan las advertencias para guardarse en casa a las 6 de la tarde. "No hay garantías para la vida", alertan los mensajes.

El cuerpo de los y las manifestantes no solo es atacado con chorros de agua a presión, patadas, bolillo -como se llama a la munición no letal- o simplemente a bala. La organización civil Temblores ha documentado hasta el mediodía del 5 de mayo diez casos de violencia basada en género, es decir, contra mujeres.

"Hay subregistro", aclara a Público Emilia Márquez, de esa ONG que triangula sus propios datos con cifras oficiales, publicaciones de prensa, información vertida por las redes sociales e informes de activistas de derechos humanos, para evitar repeticiones y disminuir errores: "Hay dificultad para documentar en tiempo tan real".

El subregistro no es sólo porque la realidad no se detiene. "Los casos de violencia sexual siempre son los más subregistrados porque a las víctimas les da mucho miedo denunciar". Además, "cuando denuncian las mujeres, no son tomadas en serio".

Temblores gestiona la plataforma Grita, donde se reciben las denuncias de los casos de brutalidad policial -esta es su especialidad-. En alianza con otras organizaciones defensoras de derechos humanos, como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y con centros de estudios jurídicos, como el de la Universidad de los Andes, Temblores facilita acompañamiento legal gratuito. Explica, en este sentido, que cuando se trata de violencia de género no se dan a conocer los nombres de las víctimas, ni datos que puedan conducir a ellas.

La protesta social es un escenario en el que existe un riesgo diferenciado cuando se es mujer o se tiene orientación sexual diversa, pues hay más formas de discriminación, mayor exposición a las agresiones y a la violencia estatal.

La organización feminista Sisma Mujer, que ofrece asistencia jurídica y psicológica, habilitó este 5 de mayo una línea de atención prioritaria sobre violencia sexual en el contexto de la huelga nacional. Cuatro personas reportaron hechos relacionados con este delito el primer día, de las cuales solo una respondió a las 9 de la noche al mensaje de recepción de Sisma. No es mucho lo que se puede averiguar cuando el miedo es rey.

La persona que atiende la línea de atención solo ha podido detallar a Público que este caso ocurrió en Bogotá y que se trata de una mujer desaparecida tras ser detenida por el ESMAD (escuadrón antidisturbios de la Policía Nacional). No se conoce su edad ni ocupación, tampoco se puede saber en qué lugar de la capital colombiana ocurrió la captura.

La Defensoría del Pueblo es una de las fuentes estatales de triangulación de Temblores durante los sucesos violentos que están ocurriendo en distintas ciudades colombianas. En el sitio web de la entidad dependiente del Ministerio Público se puede completar un formulario para denunciar distintas modalidades de violencia contra mujeres y personas LGBTI.

El formato pregunta, en este orden, por agresión física, psicológica, verbal, tocamientos inapropiados, acceso carnal violento u otros hechos de violencia sexual, uso desproporcionado de la fuerza, retención arbitraria basada en género en contra de la persona o de algún familiar, feminicidio o tentativa de feminicidio (una figura tipificada en el Código Penal Colombiano), homicidio contra la persona o contra alguien del grupo familiar, tortura física o psicológica, desaparición forzada.

Según la Campaña Defender la Libertad un Asuntos de Todas, en su boletín 7 sobre la huelga nacional, también emitido al mediodía del 5 de mayo, quince personas fueron víctimas de violencia de género por parte de agentes del ESMAD.

Defender la Libertad es una coordinadora técnica de ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos, también aglutina organizaciones sociales, estudiantiles, culturales y comunales, y busca conformar una Red Nacional de Comisiones de Verificación e Intervención de la Sociedad Civil. Sin embargo, su Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social (SIAP) no ha sido actualizada con los datos de los sucesos acaecidos desde la semana pasada, cuando se activó la huelga nacional.

Bajo el lema ‘como la policía no nos cuida’, Defender la Libertad publicó hace un año, junto con agrupaciones como Sisma Mujer, instrucciones sobre qué hacer en caso de violencia de género en el marco de la protesta social.

Antecedentes en protestas anteriores

El informe "Bolillo, Dios y Patria", publicado por Temblores en enero de 2021, menciona 102 hechos de violencia sexual cometidos por la fuerza pública desde 2017. Al menos, tres de ellos tuvieron visos de represalia contra la protesta cívica.

Esos tres sucesos sí están documentados. Ocurrieron en septiembre de 2020, durante las manifestaciones contra la muerte de Javier Ordóñez, un padre de familia y estudiante de Derecho, a quien la policía redujo con una Taser antes de quitarle la vida. La muerte de Ordóñez, que pedía clemencia en el suelo y en estado de indefensión, recordó el  "No puedo respirar" de George Floyd que encendió las protestas contra la violencia policial racial en Estados Unidos el año pasado.

Temblores denunció que el abuso sexual contra las tres mujeres de entre 22 y 23 años se produjo en una oficina policial de atención inmediata (CAI), en el Centro Internacional de Bogotá, un espacio de comercios y oficinas aledaño al casco histórico.

Las jóvenes fueron detenidas porque una de ellas estaba fumando un cigarrillo en la calle, se les acusó de consumir marihuana. Como solo una mujer policía las podía requisar, se las llevaron detenidas al CAI. Allí, la mujer policía no mostró compasión aunque fue consciente de que las detenidas estaban siendo manoseadas por los uniformados. Después de abusar de ellas, las pusieron en libertad cuando el novio de una de las mujeres pagó a los agentes, en pesos colombianos, una cantidad equivalente a 30 euros.