París despachó de urgencia a Bruselas el miércoles por la noche a François Fillon, su aparentemente pacífico y neutro primer ministro, para desac-tivar la polémica con Bruselas sobre los gitanos. El desplazamiento tenía el objetivo de contribuir a evitar, a toda costa, que la Comisión comience a husmear de verdad en la política de expulsiones colectivas lanzada por Francia en 2007.

Fillon, en un desplazamiento no previsto en su agenda, se presentó ante los eurodiputados del Partido Popular Europeo (PPE). Como para desminar el conflicto, poco antes de la cumbre europea de ayer, aseguró: 'Vamos a demostrar en las próximas pocas horas que Francia respecta perfectamente las reglas europeas y las reglas nacionales en cuanto a desmantelamiento de campamentos ilegales'. Luego se declaró dispuesto a 'defender y explicar la posición' de París y exhortó a que 'juntos, los europeos trabajemos para la integración de los romaníes'.

Las ONG tienen pruebas de que las expulsiones de gitanos son ilegales

Fillon retomó el tono ya clásico de París para calificar de 'posición escandalosa' la firme denuncia de la comisaria Viviane Reding, que comparó la política antirromaní francesa con el clima que reinó en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, el primer ministro 'tomó nota' de las 'excusas' que Reding presentó el miércoles.

El comedimiento de Fillon sirvió para aterciopelar el intercambio verbal entre París y Bruselas sobre los gitanos. Pero lo capital del conflicto sigue en pie. La comisaria de Justicia y Derechos Fundamentales ha anunciado que iniciará los trámites contra Francia por infringir la legislación europea, algo que las organizaciones de derechos civiles francesas reclaman desde 2008.

Una administración provincial expulsó a 900 personas en sólo un mes

Si Bruselas esta vez abre un procedimiento sancionador, París va a tener muy complicado eso de demostrar 'en las próximas pocas horas' su respeto de las reglas.

La política de cuotas fijas de expulsiones por año 29.000 en 2009 obliga a la Administración francesa a no tener miramientos con los derechos individuales para mantener ese ritmo.

Las ONG francesas aportan desde 2008 pruebas de la incompatibilidad de las expulsiones colectivas con la legislación europea. Búlgaros y rumanos son deportados en base a criterios de orden público que no coinciden con los europeos y según una interpretación restrictiva de las cláusulas de entrada a la UE.

Juristas de las ONG guardan casos de una modesta administración provincial que tramitó unas 900 expulsiones en un mes, por lo que se ve difícil cómo cada caso pudo ser examinado. Por último, disponen de pruebas de la destrucción, por la policía, de bienes de propiedad privada de rumanos y búlgaros expulsados.