Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dijo este martes que el Gobierno clasificó correctamente como de alto secreto más de 50 fotografías confidenciales tomadas al líder de Al Qaeda Osama Bin Laden tras su muerte, y que no necesita divulgarlas.

El fallo unánime de los tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito del Circuito de Columbia rechazó una petición para tener acceso a las imágenes hecha por un grupo de control conservador sin ánimo de lucro.

Judicial Watch presentó la demanda para obtener las fotos y el vídeo de la operación realizada en mayo de 2011 en la que comandos especiales de Estados Unidos mataron a Bin Laden en la localidad paquistaní de Abottabad después de más de diez años de búsqueda. La demanda se apoyaba en la Ley de Libertad de Información, de 1966, que garantiza el acceso público a algunos documentos gubernamentales.

En una opinión sin firmar, el tribunal de apelaciones aceptó una afirmación del Gobierno de Barack Obama de que las imágenes son tan poderosas que hacerlas públicas podría causar disturbios en el exterior, en países donde los estadounidenses podrían estar en peligro.

'Es incontestable que el Gobierno está reteniendo las imágenes no para ocultar ningún perjuicio sino más bien para impedir el asesinato de estadounidenses y violencia contra intereses estadounidenses', dijo la opinión.

El tribunal sentenció que el riesgo de violencia justifica la decisión de clasificar las imágenes como alto secreto y que la CIA puede retenerlas al amparo de una excepción de la Ley de Libertad de Información para documentos secretos. Judicial Watch no respondió a las peticiones de reacciones a la sentencia. Una portavoz del Departamento de Justicia, que representa al Gobierno en el caso, no hizo declaraciones.

Las fotografías muestran a Bin Laden muerto en su vivienda en Pakistán, el transporte del cadáver a un buque estadounidense y su entierro en el mar, según ha dicho el Gobierno. Algunas se tomaron para que la CIA pudiera hacer un análisis de reconocimiento facial y confirmar la identidad del cadáver, según los documentos judiciales.