La presidenta de Perú, Dina Boluarte, es investigada por el delito de cohecho pasivo impropio, además de enriquecimiento ilícito, en el caso de los relojes de lujo Rolex que usó en varios eventos oficiales, según adelantó la Fiscalía al ampliar las pesquisas contra la mandataria.

A través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, el Ministerio Público anunció que ha expandido la investigación preliminar abierta a la mandataria por la supuesta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de  declaraciones en documentos.

Detalló que con la ampliación de la pesquisa busca comprender a Boluarte por hechos referidos a la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio.

También anunció que ha ampliado las investigaciones preliminares para comprender al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien admitió que prestó los relojes de lujo a la mandataria, por la presunta comisión de delitos de cohecho activo genérico.

Tras el registro de su vivienda y el Palacio de Gobierno el 30 de marzo, como parte de esta investigación, la jefa de Estado declaró el 5 de abril durante más de cinco horas ante la Fiscalía y luego dio un pronunciamiento ante la prensa en el que negó tener relojes de la marca Rolex y otras joyas valoradas en miles de dólares.

"Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes de mi amigo Wilfredo Oscorima", agregó antes de indicar que los lució "en el ánimo de representar bien al país" y ya los ha devuelto a su propietario.

Boluarte también aseguró que "todo lo que han dicho es falso" sobre la posesión de joyas valoradas en miles de dólares antes de mostrar una pulsera, un collar y pendientes que, según dijo, son "de bisutería fina" y de plata, respectivamente.

Cinco días más tarde, la Fiscalía incautó tres relojes Rolex y una pulsera que son propiedad de Oscorima, empresario dedicado a los casinos y apuestas, quien ha sido tres veces gobernador de Ayacucho y tiene varias investigaciones abiertas por el Ministerio Público por delitos de corrupción.