Un juez uruguayo ordenó el lunes el procesamiento del ex dictador Gregorio Álvarez, acusado de participar en el traslado clandestino y desaparición de personas durante el Gobierno militar entre 1973 y 1985.

Alvarez, que según fuentes policiales fue detenido por Interpol, quedó a disposición del juez Penal Luis Charles, quien investiga el traslado en 1978 de prisioneros políticos desde Argentina y su posterior desaparición, cuando Álvarez era Comandante en Jefe del Ejército. La Fiscalía entiende que, al detentar ese cargo, el ex dictador debía estar al tanto de los traslados clandestinos ocurridos entre Buenos Aires y Montevideo en esa época.

Álvarez fue presidente del Gobierno militar entre 1981 y 1985.

La defensa de Álvarez había presentado días atrás un recurso de inconstitucionalidad sobre el delito de desaparición forzada, pero la Suprema Corte de Justicia desestimó la solicitud, por lo que el caso volvió al juez.

Álvarez niega que haya tenido responsabilidad en los traslados de uruguayos detenidos en Argentina y luego desaparecidos en Uruguay, como parte de las acciones coordinadas contra los opositores políticos por parte de los gobiernos militares que gobernaron en el Cono Sur en los años 70 y 80, conocidas como Plan Cóndor.

Poco antes de conocerse el procesamiento, el Centro Militar, el Círculo Militar y el de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas emitieron una declaración pública en la que cuestionan la interpretación de la Ley de Caducidad, que perdonó a los militares de los actos cometidos durante el régimen dictatorial.

El juez envió también a prisión al ex militar Juan Carlos Larcebeau por el mismo caso, dijo la fiscal Mirtha Guianze, y emitió una orden de captura para el ex marino Jorge Tróccoli, tercer implicado en el caso, quien, según su abogado, se encuentra navegando y volverá a fin de mes.

Tres décadas 

'Esto es muy removedor después de 30 años de lucha', dijo Luisa Cuestas, integrante de la Asociación de Familiares de Desaparecidos, al sitio de internet www.observa.com.uy.

Unos 200 uruguayos desaparecieron durante la dictadura, la mayoría de ellos secuestrados en Argentina en operaciones conjuntas realizadas por las fuerzas de seguridad de los Gobiernos militares de la época en la región.

Los dos ex militares se suman a otros diez enviados a prisión por desapariciones de uruguayos en Argentina, en una inédita sentencia dictada en septiembre del año pasado.

La justicia pudo investigar después de que el presidente Tabaré Vázquez excluyera por primera vez varios casos de una ley de amnistía que prohíbe los juicios a militares por delitos cometidos durante el período de facto, ya que los mismos sucedieron fuera de sus fronteras.

En noviembre de 2006, el ex dictador de la primera parte del Gobierno militar, Juan María Bordaberry, y su ministro de Exteriores, Juan Carlos Blanco, fueron enviados a prisión por coautoría en cuatro homicidios - entre ellos de dos legisladores - ocurridos en Buenos Aires en 1976.