Los habitantes de los barrios humildes de São Paulo saben lo que es sufrir la presión de las constructoras en tiempos de boom inmobiliario. 'El Gobierno municipal de São Paulo está llevando a cabo una política de higienización, de limpieza de los pobres', afirma con contundencia Helena Silvestre, coordinadora en la ciudad del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST). Con frecuencia, los sin techo que duermen en las calles del centro son expulsados hacia la periferia; lo mismo les sucede a los vecinos de algunas favelas, especialmente las que lindan con el próspero barrio de Morumbi, al sur de la ciudad. Todo como resultado de proyectos de urbanización del Gobierno municipal para recuperar las zonas deprimidas de la ciudad. Recuperarlas para las clases con mayor poder adquisitivo, claro.

Silvestre lo ilustra con un dato: sólo en la región sur de esta vasta región metropolitana de 20 millones de habitantes, 13 favelas están viviendo actualmente un proceso de desalojo. Y sin ninguna perspectiva de futuro, porque 'no reciben indemnización alguna, apenas una subvención para pagar el alquiler un año'. Es decir, unos 5.000 reales (alrededor de 2.000 euros), cuando una casa en el mismo barrio cuesta entre 40.000 y 100.000 reales.

Otras veces lo que obtienen es un pasaje para el noreste de Brasil, la región de donde proceden buena parte de las familias humildes de São Paulo, llegadas en los años sesenta y setenta, cuando el sureste precisaba de mano de obra barata para desarrollar su industria. 'Es una política fascista y racista', sentencia Silvestre.

Despojadas de sus casas, la mayoría de estas familias termina viviendo con sus familiares o en chabolas, a veces en zonas de riesgo de inundaciones o deslizamientos de tierra. ¿Y volver al noreste? No parece la mejor opción: 'Bien o mal, aquí pueden sobrevivir', resume la coordinadora del MTST.

El problema de fondo es el déficit de viviendas en un país donde ocho millones de familias necesitan una casa. De ahí la expansión incontenible de las favelas: sólo en Río de Janeiro existen unas 900, que albergan a un millón y medio de personas.

'El Gobierno de São Paulo está llevando a cabo una política de limpieza de los pobres'

El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció a bombo y platillo el año pasado el ambicioso programa Minha casa, minha vida (Mi casa, mivida), que otorga subvenciones para la compra de una vivienda, pero esta iniciativa no resolverá la cuestión. Para empezar, porque apenas un 40% del millón de casas que se construirán a través de este programa se destinarán a las familias que realmente precisan de un techo, esto es, las que cobran entre cero y tres salarios mínimos (el salario mínimo en Brasil ronda los 550 reales, el equivalente a 200 euros).

Para Helena Silvestre, es evidente que este programa está concebido para 'minimizar los efectos de la crisis económica, generar empleo y beneficiar a las empresas constructoras', y que 'tampoco este Gobierno se ha preocupado por solucionar el problema de la vivienda'. Tal vez porque 'el poder del lobby de la construcción es enorme y controla buena parte del Congreso', apunta una militante del Partido de los Trabajadores de Lula. Tampoco parece casualidad que, según denuncia el MTST, el alcalde de São Paulo, Gilberto Kassab del Partido Conservador Demócrata (DEM), obtuviese de las empresas constructoras 12 de los 27 millones de reales que gastó en la campaña electoral de 2008, en la que, por cierto, Kassab cometió supuestas irregularidades por las que está siendo investigado.

Silvestre se refiere con desencanto a la clase política, pero sonríe con entusiasmo cuando habla de la lucha social. El MTST promueve la ocupación de terrenos vacíos en la periferia de São Paulo para levantar campamentos, en los que llegan a vivir miles de familias. En algunos de ellos, las protestas ante los ayuntamientos han dado sus frutos, en forma de soluciones de vivienda o subvenciones para cientos de familias. Y, sobre todo, comienza a surgir una conciencia de la necesidad de la conquista social de un derecho, el de la vivienda digna, que está contemplado en la Constitución.

Luan, a sus 23 años, ya ha pasado por varios campamentos en la zona sur de São Paulo. Recuerda de aquella experiencia los constantes enfrentamientos con la policía a menudo acusada de brutalidad en los desalojos, pero también rememora con cariño el clima de convivencia y resistencia. 'No queremos resignarnos más. Queremos conquistar nuestro derecho a tener un techo', subraya.

Las constructoras aportaron 12 de los 27 millones de reales de la campaña conservadora

Por el momento, tendrán que seguir luchando contra una clase política que 'no sólo no ataca el problema de la integración de la ciudad de raíz, sino que ni siquiera ofrece soluciones asistenciales paliativas', apunta Silvestre.

Según la activista, este proceso de 'limpieza de la pobreza' existe desde hace años, pero se ha recrudecido últimamente, en parte debido a los efectos en el sector inmobiliario del Mundial de Fútbol de 2014.

En Río de Janeiro tienen además en el horizonte los Juegos Olímpicos de 2016; en algunas favelas ya temen que la presión para expulsarlos se vuelva más virulenta. Emblemático resulta el caso de la Vila Autódromo, que sufre desde hace dos décadas periódicos intentos de demolición. El último fue con motivo de los Juegos Panamericanos de 2007, cuando sólo la unidad de los vecinos en su enfrentamiento con la policía impidió el desalojo. Siguen dispuestos a resistir.