Al menos 86 candidatos a las elecciones europeas del próximo junio con opción de obtener un escaño en el Europarlamento tienen delitos o escándalos en su trayectoria. Es una de las principales conclusiones de la investigación transnacional 'EU Misconduct Investigation', de la que Público forma parte. Entre esos 86 hay 11 candidatos españoles que han protagonizado o se han visto envueltos en algún tipo de conducta indebida, mala praxis o procedimiento judicial.

Cuatro de estos candidatos integran la lista del Partido Popular, dos la de Vox, otros dos la de Podemos, uno la de Ahora Repúblicas, otro la de Junts y un último la de la agrupación de electores 'Se acabó la fiesta', impulsada por Luis Pérez Fernández; más conocido como Alvise. Este último candidato es, de todos los analizados, el que más escándalos ha tenido en su historial.

Antes de 2019, cuando Alvise todavía era asesor de Ciudadanos, ya había protagonizado varias polémicas por sus mensajes incendiarios en redes sociales. Pero fue a partir de ese año, tras dimitir como asesor de la formación naranja —que previamente le había relegado de su puesto como jefe de gabinete de Toni Cantó, entonces líder del partido en el País Valencià— que amplió esa faceta. Desde ese momento, Alvise ha ido ganando presencia en redes como X —antiguo Twitter— y Telegram, donde comparte mensajes políticos y desinformación con la comunidad de seguidores que ha ido creando a su alrededor.

La investigación 'EU Misconduct Investigation' ha recopilado nueve casos de mala conducta de este candidato. Más que para ningún otro de los 472 políticos sobre los que se ha investigado su historial de polémicas y delitos. Solo se han analizado las trayectorias de los candidatos que tienen una probabilidad de, al menos, el 2% de salir elegidos en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, en consonancia con la metodología desarrollada por Follow the Money, medio que lidera la investigación. Por el momento, las encuestas le dan a la formación 'Se acabó la fiesta' entre uno y dos escaños.

Muchos de los casos de protagonizados por Alvise están relacionados con la desinformación que difunde en redes. Durante la pandemia de la covid-19, por ejemplo, publicó que la exalcaldesa madrileña Manuela Carmena había recibido un respirador personal en su casa mientras cientos de personas hacían cola en los hospitales. El Juzgado de Primera Instancia número 59 de Madrid condenó al candidato a pagar una indemnización de 5.000 euros a la exalcaldesa al certificar que la información era falsa. Alvise ha recurrido la sentencia.

También durante la pandemia publicó en redes sociales el resultado positivo de una PCR que supuestamente pertenecería a Salvador Illa, por aquel entonces ministro de Sanidad. El político socialista participaba en el debate electoral de TV3 como candidato a las elecciones catalanas y se había negado a someterse a una prueba PCR al alegar que no presentaba síntomas de coronavirus y que solo se debían realizar en ese tipo de casos.

El documento con un resultado positivo difundido por Alvise supuestamente demostraría que, en realidad, Illa se habría negado a hacerse la prueba porque padecía covid durante la celebración del debate. Sin embargo, el documento era falso. El propio Alvise lo reconoció en sede judicial, aunque aseguró que no había creado el documento, sino que ya circulaba por redes sociales cuando lo publicó.

El año pasado fue denunciado por diputado del PSOE por Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo, por la presunta difusión de información falsa en redes sociales en la que lo vinculaba con el caso de corrupción 'Mediador'. Otro líder socialista de Cuenca denunció a Alvise por la presunta difusión de bulos en redes sociales, donde el aspirante a eurodiputado insinuaba la posible compra de votos en la Casa del Pueblo de la ciudad. Como este, el candidato ultra ha protagonizado otros cinco casos relacionados con difamación y revelación de información privada o confidencial.

Tertsch, segundo en el podio de los escándalos

Alvise está a la cabeza de este particular ranking, superando con creces a Herman Tertsch (Vox), el eurodiputado español con más escándalos de todos los que ya cuentan con un escaño en el Parlamento Europeo. Tal y como contó Público en una entrega anterior de esta investigación, el político de ultraderecha suma un total de tres casos de mala conducta. El dato no ha variado desde entonces.

Uno de los escándalos más llamativos del eurodiputado se remonta a 2009, cuando el político, que aún trabajaba como periodista en Telemadrid, demandó a El Gran Wyoming y su programa 'El Intermedio' por unos cortes humorísticos que emitieron sobre él.

En esos vídeos se mostraba a Tertsch diciendo frases que, en realidad, no había dicho. Esos gags con distintos personajes diciendo frases que realmente no han pronunciado son un montaje humorístico habitual en 'El Intermedio'. Tertsch perdió la demanda y le impusieron las costas, pero no fue él quien las pagó. Según reveló el propio Wyoming, fue quien se hizo cargo de estos gastos fue Telemadrid, la televisión pública financiada con el dinero de todos los madrileños. Este escandaloso hecho no ha tenido ninguna consecuencia legal.

Además, Tertsch ha sido condenado en dos ocasiones por vulnerar el derecho al honor de familiares de Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno y ex secretario general de Podemos. En una de las ocasiones por arremeter contra el abuelo de Iglesias y en la otra contra su padre.

También Alvise ha sido puesto en el punto de mira en varias ocasiones por tratar de dañar la imagen de sus objetivos políticos. En 2023 fue condenado por intromisión ilegítima en el derecho de propia imagen al difundir imágenes de Ana Pastor cenando con su marido, sentencia que el candidato ha recurrido por un defecto de forma. Por la misma razón recurrió la condena que le obligaba a pagar 60.000 euros al exministro socialista José Luís Ábalos por la publicación de fotografías suyas dentro de su casa. En este caso, el juicio volverá a repetirse.

Además, la Agencia Española de Protección de Datos apercibió a una empresa del candidato ultra por una infracción "grave" y dos "muy graves" de las leyes de protección de la intimidad por exponer datos de clientes y usuarios en la página web que creó para instigar las protestas contra el confinamiento que tuvieron lugar durante la pandemia, a la vez que trataba de vender a los asistentes merchandising crítico con el Gobierno.

En la misma línea, está siendo investigado por el Juzgado número 7 de Bilbao por difundir fotografías de 79 supuestos detenidos durante las fiestas de Bilbao, acompañando la imagen de comentarios en los que afirmaba que "el 99% de los detenidos eran magrebíes". Paralelamente, la Autoridad Vasca de Protección de Datos ha abierto un expediente contra la Ertzaintza y el Ayuntamiento de Bilbao por filtrar las fotos al candidato. Por último, el Alvise está siendo investigado la Audiencia Nacional por la posible comisión de un presunto delito de revelación de secretos relacionados con el 'caso Kitchen'. Luis Pérez Fernández, Alvise, ha declinado hacer comentarios sobre estas informaciones, ignorando el intento de este periódico de ponerse en contacto con él.

A diferencia del cabeza de lista de 'Se acabó la fiesta', que aspira a obtener un escaño por primera vez el próximo 9J, Hermann Tertsch desempeña la función de europarlamentario desde 2019, cuando concurrió por primera vez a las europeas como independiente, pero en las listas de Vox.

En esta nueva cita electoral, el antiguo tertuliano de Telemadrid vuelve a repetir en las listas del partido de extrema derecha, ocupando la segunda posición detrás de Jorge Buxadé. Dos puestos más abajo, en cuarto lugar, se encuentra Mireia Borrás, quién, cuando en 2020 entró en vigor el Código de Conducta de las Cortes, no cumplimentó adecuadamente la declaración de intereses económicos que desde entonces se les exige a los diputados españoles. En su lugar, la rellenó con fórmulas genéricas que no daban respuesta a la información que debía hacer pública, como hicieron también el resto de los diputados de Vox.

El partido de Santiago Abascal, de hecho, defendía que la nueva declaración socavaba "la presunción de honorabilidad de los miembros de las Cámaras". La Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales llegó a alertar del problema que suponía que los parlamentarios no rellenaran esta declaración tal y como se les pedía. 

Tertsch, y Borrás y Alvise son tres de los ocho candidatos de los distintos partidos conservadores españoles envueltos en algún tipo de escándalo o con alguna conducta indebida. En total, las derechas acumulan 19 casos frente a los tres que se han detectado en tres de los candidatos de las formaciones de izquierda con posibilidad de lograr escaño, Podemos y Ahora Repúblicas.

Si bien se han analizado menos candidatos del bloque de izquierdas que del de derechas debido a que las encuestas prevén mejores resultados electorales a estos –es decir, un mayor número de escaños– que a las formaciones progresistas, una evaluación de alcance europeo de esta cuestión ha demostrado que este desequilibro entre los dos polos ideológicos es habitual en la Eurocámara.

Un fenómeno europeo: las derechas contra la integridad

Los casos de Tertsch y Alvise pueden contextualizarse en un fenómeno más amplio que abarca a las derechas y extremas derechas de los Estados miembros de la Unión Europea. Los candidatos de las formaciones de esta vertiente política son los que más actos delictivos, escándalos y malas conductas acumulan de todos los analizados en 'EU Misconduct Investigation': 62 de los 86 eurodiputados de los que se han recogido casos.

Los candidatos de los partidos que integran los grupos parlamentarios de Reformistas y Conservadores (ECR), al que pertenece Tertsch, e Identidad y Democracia (ID) son los que más casos de malas prácticas acumulan –un 50% de los analizados en el caso de los primeros y un 27,78% en el de los segundos–. En tercer lugar se encuentran los europarlamentarios del grupo del Partido Popular Europeo (PPE), dentro de los que se encuentran los candidatos del PP español que lidera Dolors Montserrat.

A diferencia de los dos primeros, entre los que destacan casos de difamación, desinformación e, incluso en el caso de los europarlamentarios de otros Estados miembros, actos violentos contra minorías étnicas, los populares se han visto envueltos en casos relacionados con irregularidades económicas, como corrupción o fraude.

El caso más antiguo de los cuatro candidatos con opción a escaño del PP es el de Carlos Iturgáiz, que en 2003, cuando era parlamentario autonómico en Euskadi, utilizó los botones del escaño que ocupaba Jaime Mayor Oreja, entonces líder del PP vasco, para votar por él debido a que se había ausentado de una votación. La Cámara le sancionó con la suspensión de empleo y sueldo durante un mes. Iturgáiz recurrió al Tribunal Constitucional (TC), pero este confirmó la sanción.

Al año siguiente, 2004, Pilar Del Castillo habría cobrado en dos ocasiones de la caja B del PP. La suma total que habría recibido la política ascendería a 9.000 euros. Así constaba en los papeles de Bárcenas, según reveló El País. Esos sobresueldos procederían de la caja B del partido, que se alimentaba de las donaciones que recibía la propia formación. Del Castillo, que es eurodiputada desde ese mismo año y que antes había sido ministra de Educación del Gobierno de Aznar siempre negó haber recibido esos pagos.

Los otros dos candidatos populares con manchas en su trayectoria son Gabriel Mato y Pablo Arias Echevarría. Ambos fueron penalizados por Hacienda debido a que durante varios años tributaron parte de sus salarios como eurodiputados en Bélgica en lugar de en España. Tanto Arias como Mato abonaron las cuantías que les exigía Hacienda. En el caso concreto de este último, el Tribunal Supremo estimó que las arcas patrias habían dejado de ingresar 60.000 euros. Esta sentencia sirvió de precedente para establecer que, en adelante, los eurodiputados debían pagar impuestos a la UE y, posteriormente, en España.

La derecha y la extrema derecha europea no sólo han protagonizado la mayoría de los escándalos y casos de mala conducta, sino que también se han opuesto de manera sistemática a la implementación de medidas que mejoren la transparencia en la Eurocámara. De las siete enmiendas claves para mejorar la transparencia y rendición de cuentas promovidas en el Parlamento Europeo en septiembre del pasado año, los populares europeos –incluidos los eurodiputados del PP– se opusieron en el 71% de los casos a las mejoras. Este porcentaje es incluso mayor al del grupo de ultraderecha ECR, cuyos miembros rechazaron las medidas protransparencia con el 64% de sus votos.

A este grupo pertenece la formación que más se opuso a estas reformas: el Partido Democrático Cívico de República Checa. Siguiendo su estela se encuentra Vox, cuyos eurodiputados votaron en el 85,71% de los casos en contra de las mejoras de transparencia. Las siete enmiendas fueron impulsadas por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo (AFCO) tras la crisis de credibilidad en la que se sumieron las instituciones europeas tras el escándalo del Qatargate.

La mayoría de los miembros del Parlamento Europeo implicados en este caso eran miembros del grupo de los socialdemócratas (S&D). Y es que la izquierda europea tampoco está exenta de escándalos.

Los problemas de Serra y Montero con la Justicia

Dos de las candidatas con opciones a obtener escaño que también han tenido problemas con la Justicia han sido la número uno y la número dos de la lista de Podemos a las europeas: la exministra de Igualdad Irene Montero y la exdiputada madrileña Isa Serra.

Montero fue condenada por el Tribunal Supremo (TS) cuando era ministra de Igualdad a indemnizar con 18.000 euros a la expareja de María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre. El TS consideró que en una frase ambigua se refirió a este hombre como "maltratador". A pesar de la sentencia, hubo juristas que criticaron la decisión judicial al considerar que coartaba la libertad de expresión. De hecho, la Abogacía del Estado defendió a Montero, que por aquel entonces era ministra, asegurando que no se refería a una persona en concreto y que la sentencia del TS cercenaba su libertad de expresión.

Por su parte, Isa Serra fue condenada a un año y siete meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por un delito de atentado a la autoridad, un delito leve de lesiones y otro de daños por agredir a policías durante una protesta contra un desahucio en el madrileño barrio de Lavapiés el 31 de enero de 2014.

Ella defendió su inocencia y el Supremo reconoció en su sentencia que las imágenes y vídeos no probaban que Serra cometiera agresiones contra los policías sino que formaba parte del grupo que causó las lesiones a los agentes. "Ni las fotografías […], ni los vídeos acreditan la participación de la acusada en las agresiones. Pero tampoco la desmienten en cuanto no recogen en su integridad ni todo el episodio ni, en particular, todas las perspectivas o ángulos posibles", reza la decisión judicial de la Sala de lo Penal.

Además, el Supremo reconoció que es válida la argumentación de Serra sobre que no existen pruebas de que empujara a agentes o hubiera arrojado objetos. "No existiría prueba ni de que la recurrente hubiese propinado empujón alguno a ningún agente; ni de que hubiese arrojado objetos contundentes. Tiene razón la recurrente en ambos puntos que argumenta de forma cumplida e incontestable", señaló el TS.

A pesar de ello, el Supremo mantuvo la condena a la ahora candidata a las elecciones europeas por lo que denominó "imputación recíproca". Es decir, que según el Alto Tribunal, "la acusada estaba inserta voluntariamente en el grupo que en el tramo final del incidente, que dura muy pocos minutos, acomete colectivamente a los agentes cuando procedían a retirarse lanzándoles todo tipo de objetos, los que cada uno tenía a mano. Esa actuación que aunque no estuviese planificada, aunque fuese fruto de un acuerdo tácito o implícito surgido en el momento, no permite discriminar entre unos y otros para examinar de manera artificiosamente atomizada lo que cada uno hace: todos los que acometen en ese momento final, son responsables de un atentado por esa acción conjunta intimidatoria adobada con componentes agresivos (lanzamiento de objetos)".

Tanto la sentencia de Montero como la de Serra ya son firmes. Montero pidió amparo al TC, pero este no admitió a trámite el recurso al no apreciar trascendencia constitucional. Serra, por su parte, recurrió ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Pero, según ha confirmado Podemos a Público, el TEDH tampoco admitió a trámite este recurso.

ETA y el referéndum catalán

En 'EU Misconduct Investigation' también constan algunos casos de los candidatos de partidos soberanistas. Concretamente, para Toni Comín, el número uno de la lista de Junts en las europeas, y Pernando Barrena, el número dos de la coalición Ahora Repúblicas —formada por su partido, EH Bildu, junto a ERC y BNG—.

Comín era consejero de Salud en el Gobierno de la Generalitat que organizó el referéndum del 1 de octubre. Otros miembros de ese Govern, como Oriol Junqueras o Raül Romeva, fueron condenados por delitos de sedición y malversación. Comín no llegó a ser juzgado, ya que marchó al extranjero junto a otros líderes del procès, como Clara Ponsatí o el propio Carles Puigdemont.

La Justicia española tiene pendiente juzgar a Comín, quien, de hecho, ya es eurodiputado en la actualidad. Este mismo 30 de mayo el Congreso votará la aprobación definitiva de la ley de amnistía que, previsiblemente, saldrá adelante. Bajo su amparo, políticos como Comín dejarán de tener cuentas pendientes ante la Justicia española por los hechos acontecidos durante el procès.

El otro caso que afecta al político catalán también se origina en la organización del referéndum de independencia catalán. El Tribunal de Cuentas juzgó el pasado mes de noviembre a 35 altos cargos y funcionarios de aquel Gobierno catalán, incluido el propio Comín, por su responsabilidad contable en la organización del referéndum. La Fiscalía pidió que los acusados devuelvan 3,4 millones de euros de dinero público. Por el momento, el Tribunal de Cuentas aún no ha dictado sentencia, por lo que si la ley de amnistía se aprueba antes el caso se podría anular sin que llegue a haber ningún veredicto.

Pernando Barrena, por su parte, fue detenido en 2008 por orden de la Audiencia Nacional en el marco de la investigación sobre los vínculos entre Batasuna —el partido en el que militaba por aquel entonces— y la banda terrorista ETA. En 2010 salió de prisión tras pagar una fianza de 50.000 euros. En 2016, Barrena y otros 34 miembros de Batasuna y formaciones abertzales cercanas firmaron un acuerdo en el que reconocían su subordinación a ETA. Barrena aseguró que el objetivo del acuerdo era que ninguno de los acusados ingresara en prisión, y reafirmó su compromiso con "la exclusividad de las vías políticas".

En el siguiente buscador se pueden comprobar —en inglés— los casos de escándalos o conductas indebidas de los candidatos analizados en 'EU Misconduct Investigation':