En Parlamento Europeo es una de las cámaras de representantes más grandes del mundo, con 751 diputados. Es además la única institución de la UE en la que los ciudadanos eligen a sus líderes por democracia directa, desde 1979. Es decir, este año se cumplen 40 años desde las primeras elecciones europeas.

El Parlamento tiene cuatro competencias principales: competencias de control del ejecutivo; competencia legislativa; competencias presupuestarias; competencias de carácter constitucional y de ratificación. Además, puede plantear preguntas al Tribunal de Justicia de la UE, recibe las peticiones de los ciudadanos y es el encargado del elegir al Defensor del Pueblo.

El papel en la elección del ejecutivo

Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Consejo Europeo debe tener en cuenta los resultados de las elecciones al Parlamento, a la hora de proponer a un candidato para la presidencia de la Comisión, el órgano ejecutivo de la UE. En 2014, esto se tradujo en el sistema de los spitzenkandidanten –algo así como cabeza de lista-, un sistema mediante el cual los partidos europeos presentan sus candidatos a la presidencia de cara a las elecciones y que ha vuelto a repetirse en esta ocasión.

La elección hace cinco años no fue fácil y no se espera que sea más sencilla en esta ocasión, dado que algunos estados miembros –en particular Francia- se oponen frontalmente al sistema. Aunque técnicamente la nominación está en manos del Consejo Europeo –que se reúne el próximo martes 28, apenas dos días después de las elecciones-, el Parlamento tiene la última palabra y ya ha advertido que no aceptará a ningún candidato que no haya concurrido a las elecciones europeas.

Los trabajadores cargan las urnas cuando las llevan de un almacén para enviarlas a los colegios electorales, antes de las elecciones al Parlamento Europeo en Barcelona. Reuters

Además, la Eurocámara puede presentar mociones de censura contra la Comisión –ninguna ha sido exitosa hasta ahora- y somete a audiencias a los candidatos a Comisario que los estados miembros presentan para evaluar sus competencias.

También debe ser consultada en el proceso de designación del presidente, el vicepresidente y los miembros del cuerpo ejecutivo del Banco Central Europeo, aunque a juzgar por lo que ocurrió con Luis de Guindos, la última palabra la siguen teniendo los estados.

El presidente del Parlamento Europeo tiene derecho a acudir a las cumbres –donde se reúnen los jefes de Estado y de gobierno para sentar la agenda de la UE- a fin de presentar la posición de la cámara. El presidente del Consejo, por su parte, debe acudir a la Eurocámara para debatir con los diputados la toma de decisiones en el seno de la institución.

La Eurocámara como colegisladora

El Parlamento Europeo, como cualquier otra cámara de representantes, participa en el proceso legislativo. En este caso, lo hace como colegislador junto con el Consejo de la UE, que actúa como una suerte de cámara territorial, al representar los intereses de los diferentes estados miembros a través de sus ministros. Sin embargo, a diferencia de otros parlamentos, la Eurocámara no tiene iniciativa legislativa –no puede proponer leyes-, una competencia que la UE reserva en exclusiva para la Comisión Europea, aunque puede hacer sugerencias.

Como colegislador, el Parlamento Europeo participa en la negociación para dar forma a la legislación europea, en base a la propuesta de la Comisión, junto con los representantes de los países de la Unión. Entre las competencias están medioambiente, transporte, empleo y política social, protección del consumidor, agricultura y pesca, seguridad y justicia, política comercial…

El fin de los cargos adicionales por utilizar el teléfono en otros países de la UE (roaming), la prohibición de los plásticos de un solo uso –pajitas, vasos, cubiertos…- o el establecimiento de estándares mínimos para los permisos de paternidad son algunas de las legislaciones europeas que se concretaron en la pasada legislatura.

Vista del Parlamento Europeo antes de las elecciones de la UE en Bruselas. Reuters

También hubo algunas cuestiones polémicas y fracasos. El Parlamento Europeo consiguió una importante mayoría para reformas la Política Común para la Migración y el Asilo, cuyo principal objetivo era poner en marcha vías de segura llegadas a Europa, garantizar un reparto más justo de la responsabilidad e imponer sanciones a los estados miembros que no respetaran la legislación. Sin embargo, los estados miembros, el otro colegislador, han sido incapaces de ponerse de acuerdo para establecer una posición de negociación con el Parlamento.

Otra de las grandes polémicas de esta legislatura fue la aprobación de la directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital, más conocida como la directiva sobre copyright. El texto generó un gran rechazo en internet, ya que pretende obligar a pagar a todo sitio web una licencia a los editores de prensa por recoger citas o evitar que los usuarios de redes sociales publiquen material que infrinja la legislación de derechos de autor, con excepciones como la cita y la parodia. Esto podría acabar en censura automática de ciertos contenidos.

Uno de los últimos fracasos de la legislatura llegó a apenas unos minutos de concluir la última sesión, cuando los eurodiputados fueron incapaces de establecer una posición común en la negociación para la reforma de la directiva que regula la coordinación de los sistemas de seguridad entre los estados miembros. Este sistema tiene por objetivo garantizar que los trabajadores que se desplacen a otros estado miembros para realizar su labor profesional tengan garantizados sus derechos sociales allí donde residan.

La labor presupuestaria

La Unión Europea cuenta con dos tipos de presupuestos: anual y plurianual. En el presupuesto anual, Parlamento y Consejo tienen las mismas competencias. La propuesta, como en el ámbito legislativo, sale de la Comisión y las partes negocian la distribución de los fondos.

Los presupuestos anuales se enmarcan en un Marco Financiero Plurianual que la UE negocia cada siete años. El próximo debe entrar en vigor en 2021, así que el procedimiento empezó hace ahora justo un año con la propuesta de la Comisión y el nuevo Parlamento jugará un papel fundamental.

El montante de este ejercicio de cuentas depende exclusivamente de los Estados miembros, ya que la UE apenas cuenta con recursos propios. Los países deben acordarlo por unanimidad, pero también contar con la aprobación de la Eurocámara.

Vista del hemiciclo plenario en el Parlamento Europeo antes de las elecciones de la UE en Bruselas. Reuters

El presupuesto se dedica a la financiación del funcionamiento de las instituciones, los programas de ayuda al desarrollo y humanitaria, la protección de las fronteras a través de FRONTEX, la Política Agrícola Común o los fondos de Cohesión, cuyo principal objetivo es luchar contra la desigualdad territorial en la UE.

El Parlamento tiene capacidad para influir en la distribución de los fondos, ya que debe dar su visto bueno al texto, y participa en la regulación de los programas a los que se dedican. Más o menos inversión en política social, la lucha contra el medioambiente o la integración de las personas migrantes, dependerá en parte de la configuración de la Eurocámara.

Libre comercio y ampliación

Todo acuerdo de adhesión, cooperación o libre comercio requiere también la aprobación del Parlamento Europeo.

La política de ampliación de la UE se encuentra en suspenso desde 2014, cuando el actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunció que no habría nuevos estados miembros antes de 2020. Las conversaciones con los países de los Balcanes continúan y aunque el proceso de adhesión de Turquía se ha congelado, no así las relaciones con el país. En cualquier caso, si el nuevo ejecutivo diera luz verde a un nuevo país para entrar en la Unión, necesitará el beneplácito de los eurodiputados.

Lo mismo ocurre con los acuerdos de cooperación o libre comercio. Tal ha sido del caso durante esta legislatura de las alianzas comerciales con Japón o Canadá que concluyeron durante esta legislatura. El marco con Canadá, conocido como CETA, eso sí, estuvo a punto de ser rechazado por la Eurocámara, dada la división al respecto entre los socialistas europeos.

El acuerdo de salida que establece las condiciones en las que Reino Unido abandonará la Unión Europea, por cierto, también tiene que ser aprobado por el Parlamento, si alguna vez logra el respaldo de la Cámara de los Comunes.