Cuando en la campaña presidencial de 2015 Donald Trump anunció su intención de construir un “gran muro” que separara toda la frontera sur de Estados Unidos de México, pocos pensaban que el empresario se haría con las llaves de la Casa Blanca. Cuatro años después, el republicano aún no ha elevado esa muralla “hermosa” y “enorme” que prometió a sus votantes, pero esta sigue alzándose como un símbolo y como la piedra angular de una política migratoria cada vez más agresiva, que año a año va consolidándose y cuyas consecuencias son palpables entre la población inmigrante de la primera potencia mundial.

Entre sus últimas y polémicas medidas, el presidente ha dado la orden para que el próximo 15 de octubre entre en vigor una normativa que impedirá a los migrantes catalogados como una “carga pública” obtener la residencia permanente o aspirar a determinados visados, inyectando otra dosis de pánico en los cerca de 11 millones de migrantes indocumentados que viven en el país y generando desconcierto en el otros 33 millones que viven de forma legal.

“El anuncio no nos cae de sorpresa. Trump viene diciendo que quería poner fin a la migración en cadena, negarle la ciudadanía a los migrantes y acabar con la migración indocumentada desde hace mucho tiempo. Solo le faltaba hacerlo efectivo”, asegura a Público Salvador Sanabria, activista y director ejecutivo de El Rescate, una ONG que lleva décadas ayudando a la comunidad migrante en Los Ángeles y California. “En realidad, lo que el presidente está haciendo es activar leyes antiguas que no se aplicaban al pie de la letra y ejecutarlas de forma literal”, matiza.

Ante el temor generado por la nueva medida federal, el gobierno de Trump aclaró hace unos días qué servicios y ayudas públicas convertirán a un migrante en una “carga pública” y qué migrantes estarán sujetos a los nuevos criterios de admisión.

Entre los programas financiados con dinero público que impactarán de forma negativa el historial del migrante se encuentran Medicaid (que permite recibir asistencia médica gratuita), la asistencia temporal para familias necesitadas, ayudas para la vivienda o vales y cupones de comida. Pero incluso en estas categorías hay algunas excepciones como a las mujeres embarazas, madres recientes o menores de 21 años.

Aquellos migrantes que lleguen a Estados Unidos como refugiados, que reciban asilo político, así como los iraquíes y afganos con visas migratorias especiales quedarán exentos de la nueva normativa. Sin embargo, la regla impactará a los migrantes que soliciten la residencia permanente y a los solicitantes de visados temporales (i.e. Visa por negocios, tratamiento médico, estudios o turismo). La medida también advierte que, al regresar a Estados Unidos de un viaje, algunos residentes permanentes pueden ver su entrada al país rechazada. De momento, se desconoce el alcance que la normativa podría tener en los residentes permanentes que soliciten la ciudadanía, pero una veintena de estados, incluyendo California (que tiene la mayor población de inmigrantes del país), ya han iniciado acciones judiciales para impedir su implementación.

“Se está desanimando la migración y, producto de la confusión y el temor, hay gente que deja de usar servicios a los que tiene derecho. Hay gente que tributó por muchos años a la tesorería nacional y acumuló los créditos suficientes del seguro social para tener acceso a estos servicios, o que han llegado a la edad de jubilación y ahora se ven penalizados”, afirma Sanabria.

Desde hace tiempo, el gobierno republicano ya venía anunciando la ampliación de la normativa de “carga pública”. Y de hecho, en 2018 comenzaron a registrarse cambios en el sentir general de la población migrante que se había hecho eco de ella.

Según detalla un informe publicado en 2019 por el The Urban Institute, el 13,7 % de los adultos de familias migrantes reconocieron que, o bien ellos o algún miembro de su familia, cancelaron u optaron por no inscribirse en programas públicos por miedo a no obtener la residencia permanente.

La entrada en vigor de esta medida también está abriendo el debate en torno a la aporofobia, ya que desincentiva la migración de trabajadores sin recursos económicos y pone contra las cuerdas a ciudadanos y familias estadounidenses de bajos recursos que atraviesan dificultades económicas.

Para el ciudadano estadounidense cuyo cónyuge es extranjero y requiere de un patrocinio para emigrar legalmente al país anglosajón, históricamente la ley migratoria obliga al ciudadano a demostrar que posee los medios económicos para mantener a su pareja. En caso contrario, la petición de regularización es denegada. Pero a partir del 15 de octubre, los funcionarios públicos someterán cada solicitud a un mayor escrutinio.

La estadounidense Cecilia García lleva años luchando por regularizar la situación de su esposo, que fue deportado a México hace siete años.

Lo cuenta en entrevista con Público Cecilia García, una estadounidense de raíces mexicanas cuyo marido había entrado al país de forma ilegal, y hace siete años, fue deportado a México tras ser arrestado por conducir con una matrícula caducada y sin carné. “Pensé que mi esposo estaba protegido porque ya habíamos iniciado la solicitud para que pudiera quedarse en el país de forma legal. Pero no era así. Sin recibir la aprobación de inmigración, no estaba protegido”, explica García. La deportación de Hugo dejó a García al frente del cuidado de los cinco hijos estadounidenses de la pareja, el pago de la hipoteca de la casa y otros gastos mensuales que ni siquiera ella alcanza a cubrir con dos trabajos. Sin medios económicos para obtener un seguro médico privado, García y sus hijos tuvieron que inscribirse en Medicaid, que costea la atención médica con fondos públicos. También comenzaron a recibir cupones de alimentos. “Tengo dos trabajos y recibo beneficios porque si no lo hago, ¿cómo narices voy a sobrevivir sin la asistencia del gobierno?”, dice indignada.

La inscripción en ambos programas públicos tiene implicaciones catastróficas para la familia de García porque la convierte en “dependiente” del gobierno federal y hace que la reunificación familiar con su marido mexicano sea inviable. “Solo la gente rica puede entrar a este país. La gente viene acá para mejorar su nivel de vida y sobrevivir. Y es muy claro que lo que hace Trump es racismo y clasismo. Es una manera de decirnos que si no tenemos el dinero, no nos quieren acá”, se lamenta. “Hay muchas mujeres (estadounidenses) que acaban yéndose de Estados Unidos para estar con sus esposos deportados en los países de ellos, pero yo decidí quedarme aquí y seguir luchando por nuestro pueblo, que se siente menospreciado”, prosigue.

A pesar de sus esfuerzos, la coyuntura que atraviesan García y sus hijos es cada día más preocupante. Se enfrentan a un proceso de desahucio y dos de las niñas –la de 12 y la de 16 años– fueron hospitalizadas por intentos de suicidio porque “extrañan a su padre”. “No hay que olvidar que el gen del trauma se pasa de generación en generación y los efectos se verán a largo plazo”, advierte esta madre que cursa estudios para ser pastora.

Inspirándose en su propia historia, García se ha convertido en una figura destacada en la lucha por los derechos de los migrantes en Estados Unidos. Fundó la ONG Family Reunification, gestiona varios grupos de apoyo a inmigrantes en Facebook, como las “Esposas de Inmigrantes Indocumentados”, y se está movilizando para conseguir el respaldo de un congresista dispuesto a abanderar la Ley del Derecho a la Familia (Right to Family Bill, en inglés), una propuesta encabezada por ella cimentada sobre la idea de que “la familia es sagrada”.

“Queremos una visa renovable cada tres años para los padres de los dreamers (soñadores), para los padres de hijos estadounidenses, para los esposos de estadounidenses y para personas que han invertido en este país y pagado impuestos durante cinco años”, sentencia esta madre que, en el año 2014, protagonizó la primera boda binacional en la frontera entre Estados Unidos y México oficiada por el padre Dermont Rodgers.