Varios países de la Unión Europea (UE), entre ellos España, están dispuestos a pasar a 'una Europa a dos velocidades' para evitar el veto opuesto por uno de sus socios, Suecia, a la simplificación de los procedimientos de divorcio en el bloque, informaron el miércoles fuentes de la presidencia francesa.

La cooperación reforzada, que todavía no se ha aplicado en la Unión Europea, supone que al menos ocho Estados miembros comienzan a aplicar las medidas entre sí y más tarde se estudia una posible extensión al resto de la UE.

'Hasta ahora, los procedimientos de cooperación reforzada que prevén los tratados no se han usado nunca', por lo que la cuestión tiene importancia desde el punto de vista político, dijo una fuente diplomática.

El complejo procedimiento comenzó ya cuando se constató en junio pasado que Suecia se oponía a la propuesta, para la que hace falta unanimidad.

El viernes, en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE, al menos nueve países señalarán su disposición a lanzar el procedimiento, tras lo cual cada uno de ellos debe comunicar por escrito a Bruselas esa determinación.

Además de España, se trata de Francia (quien ejerce la presidencia de turno de la UE), Italia, Austria, Grecia, Hungría, Luxemburgo, Rumanía y Eslovenia, según indicaron fuentes comunitarias.

A partir de entonces, la Comisión Europea tendrá que elaborar una propuesta para su aprobación por mayoría cualificada en el Consejo.

Otro grupo de países, entre los que figuran Alemania, Bélgica, Portugal, Eslovaquia y Lituania, han avanzado que podrían sumarse a la iniciativa una vez que la Comisión presente su propuesta.

La iniciativa se produce debido a la persistente negativa de Suecia a aceptar el reconocimiento mutuo de sentencias sobre divorcio.

A pesar de varias garantías ofrecidas, las autoridades de Estocolmo temen que las mujeres que se divorcian en su territorio puedan resultar perjudicadas, ya que la ley sueca de divorcio es una de las más favorables a la mujer.

La propuesta que se discute sin éxito en la UE permitiría a las parejas elegir el tribunal y la ley de divorcio que se aplicará a su caso, pero el Gobierno sueco se resiste a que en su territorio se apliquen leyes más restrictivas que la suya.

Según las últimas cifras disponibles, los divorcios de parejas de distintas nacionalidades de la Unión Europea sumaron ya 170.000 en 2005, lo que equivale a más del 20% de los divorcios en toda la Unión Europea.

El Consejo de Justicia e Interior comenzará mañana jueves con un debate sin decisión sobre las propuestas para crear un sistema de 'tarjeta azul' para los inmigrantes extra comunitarios altamente cualificados y para imponer sanciones mínimas a nivel de la UE a los empresarios que den trabajo a inmigrantes ilegales.

Además, los ministros repasarán el estado de los preparativos para el 'pacto europeo sobre la inmigración y el asilo', que recibió un amplio apoyo político en la reunión informal de Cannes (Francia) a comienzos de este mes, y que se espera aprobar en la cumbre de líderes de la UE de octubre próximo.