El puritano Oliver Cromwell los habría decapitado a todos. Fue el día de la vergüenza para los ya no tan honorables miembros de la Cámara de los Comunes. La auditoría definitiva de los gastos de los parlamentarios británicos señaló con el dedo a casi la mitad de ellos y les ordenó pagar en total 1,12 millones de libras (1,28 millones de euros).

El informe obliga a 392 diputados a devolver parte del dinero que pasaron a las cuentas de la Cámara entre 2004 y 2009 para que les fuera abonado. 17 de ellos vieron aceptada la apelación, resuelta en otro informe, con lo que la cifra definitiva queda reducida a 375 diputados. En realidad, la mayoría ya ha pagado el dinero que se les exigió en el informe preliminar.

Los diputados de fuera de Londres podían reclamar dinero gastado en la hipoteca o alquiler de su segunda vivienda, pero la falta de controles hizo que la mayoría reclamara cantidades exageradas y por motivos no autorizados.

Los diputados se sintieron perseguidos por una caza de brujas alentada por los medios de comunicación. El auditor les recordó ayer que las reglas del sistema 'eran ambiguas y permitían que los parlamentarios certificaran por sí mismos la propiedad de sus reclamaciones'.

Todo eso, sin embargo, sólo son minucias legales para la opinión pública, perpleja desde que supo las dimensiones del escándalo a través de su publicación por el diario The Daily Telegraph.

Pero el concepto de dinero recuperado es discutible. La auditoría ha costado 1,16 millones de libras. Descontadas las cantidades devueltas, los contribuyentes salen perdiendo 40.000 libras.

Incluso así, la política británica necesitaba esta limpieza traumática. Como decía el presidente de la Cámara, John Bercow, era una pesadilla por la que había que pasar: 'Somos testigos de las últimas escenas de una película de terror especialmente desagradable'.