Un buque de petróleo se encontraba descargando en la Refinería La Pampilla, gestionada por Repsol, cuando una gran ola, originada al otro lado del Pacífico por la erupción de un volcán en Tonga, impactó contra la costa de Ventanilla (Lima) causando un escandaloso vertido el pasado sábado.

A diferencia de Ecuador y Chile, el Gobierno peruano no había alertado del tsunami, tan sólo de "oleajes anómalos" cuando ya se había detectado la muerte de dos mujeres arrastradas por el mar, por lo que las medidas de prevención no estuvieron a la altura. "Nosotros estábamos haciendo una descarga desde el día anterior, nosotros llamamos a la Marina de Guerra, les pedimos confirmación acerca de la alerta en las costas de Perú", ha señalado la gerente de Comunicaciones de la empresa Repsol, Tine van den Wall Bake Rodríguez, que acusa a las autoridades peruanas de ser ellos los responsables del vertido.

El alcalde de la región, Pedro Spadaro, ha lamentado la falta de coordinación entre el Ejecutivo y la multinacional petroquímica y ha advertido que, en cualquier caso, ninguna de las partes ha de escatimar en medios para solucionar lo antes posible lo que ya se ha definido como "el peor desastre ecológico ocurrido en Lima".

Aunque la Refinería La Pampilla, operada por Repsol, asegura haber contenido la expansión del vertido, ya se han visto afectadas varias playas y áreas naturales y son cientos los animales que han llegado a las orillas muertos o agonizantes. "Hay cuatro kilómetros de mar absolutamente negro, hay animales muertos que vuelven a las orillas, este es un atentado contra la ecología", ha resaltado Spadaro.

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) ha anunciado que el vertido de petróleo ha afectado a la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras e Islotes de Pescadores y a la zona reservada de Ancón, balneario del norte de Lima. 

El mandatario municipal no ha querido dejar de señalar la irresponsabilidad con la que procedieron los gerentes de la petrolera ante lo ocurrido, pues no comunicaron nada ni a las autoridades locales ni a la autoridad policial, poniendo en peligro a los ciudadanos y veraneantes del lugar. Es por ello que la Cancillería peruana ha instado a la empresa a hacerse cargo de lo sucedido y reducir los daños de manera inmediata. 

A pesar de culparse mutuamente, desde el inicio del incidente, tanto el Gobierno Central del país como la petrolera han movilizado recursos económicos y humanos por ambas partes y ya son más de 250 personas las que están trabajando para evitar que el desastre vaya a más.