La deforestación sobre la Amazonía y las masas boscosas de Brasil no cesa. La tala de árboles en el llamado pulmón del planeta alcanzó en 2021 cifras de récord, según los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe), y la pérdida que sufre este ecosistema ha subido un 62% respecto al último año. Esta curva catastrófica de destrucción ambiental guarda una relación directa con la llegada de Jair Bolsonaro al Gobierno, pero también con los ciclos de consumo de Europa, continente que demanda cada vez más recursos y materias primas que, como la soja, contribuyen a la pérdida de áreas naturales en el Sur Global.

Una delegación de indígenas afectados por la deforestación y de miembros de la sociedad civil brasileña han aterrizado esta semana en España, precisamente para denunciar la fatalidad de las talas ilegales y para pedir responsabilidades a los dirigentes europeos. "La soja que Europa está importando de Brasil está manchada de sangre", dice Valéria Pereira Santos, representante de la Comisión Pastoral de la Tierra y miembro de la Coordinación Ejecutiva de la Campaña Nacional en Defensa del Cerrado, el territorio brasileño donde se concentra la mayor producción de soja para la fabricación, en su mayoría, de piensos de ganado. "Las comunidades están siendo expulsadas y el Gobierno lo permite. Ha habido una flexibilización de las legislaciones ambientales en los últimos años que han llevado a que, cuando todos los países se protegían de la pandemia, Brasil estuviese potenciando los agronegocios. En 2020, la mayoría de los sectores del país estaban en crisis, pero estas empresas seguían creciendo y lucrándose", cuenta.

La búsqueda de beneficios a costa de los recursos naturales del país deja también una escalada de violencia dirigida contra las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas. Jabson Nagelo da Silva, indígena macuxi del territorio Serra da Moça, señala que la persecución llega de la mano de las empresas, de "pistoleros" contratados como sicarios para acallar las voces críticas, pero también de parte de los poderes públicos que legitiman estas conductas y respaldan a las grande compañías que operan los territorios. "Bolsonaro ha cumplido lo que prometió al llegar al poder: no proteger o demarcar ni una sola tierra indígena más", denuncia, para recordar que las instituciones encargadas de velar por los derechos de las comunidades se han desmantelado desde que el ultraderechista llegó al poder. 

La crueldad se plasma en el territorio en forma de amenazas hacia los líderes locales, pero también se extiende sobre el resto de la población que ve como su forma de vida poco a poco desaparece. "Alrededor de las demarcaciones no hay nada, está ya todo deforestado y sin recursos. Además, hay una gran preocupación sobre el uso de agrotóxicos para los cultivos de soja. Hay más de 500 fertilizantes y pesticidas nocivos que contaminan las aguas que se utilizan para regar y para consumo", detalla el indígena.

Una violencia empresarial que emana del Estado

En la delegación que llegó el miércoles a Madrid viaja André Campos, un periodista especializado en investigar los daños sociales y ambientales tras las cadenas de suministro y miembro de Repórter Brasil. "Llevo 15 años trabajando temas de derechos humanos y medio ambiente y para mi nunca fue tan difícil ejercer mi profesión como ahora", comenta. Informar o tratar de indagar sobre el sector de la soja y las nuevas industrias agrarias que llegan al país latinoamericano es un acto de riesgo. Los pistoleros no tratan de acallar sólo a los dirigentes locales que elevan su voz, también a quienes tratan de arrojar luz con sus cámaras y sus reportajes.

"Hace poco, un compañero de mi organización fue detenido en Matopiba por grabar plantaciones de soja. La seguridad privada le detuvo y le intentó requisar las grabaciones y todo lo que tenía. Pero no fueron sólo los pistoleros de las empresas, también recibieron la ayuda de la Policía que acudió a su llamada" denuncia. Las Fuerzas del Estado se involucran en este proceso, pero otras veces ni siquiera hace falta. "Hay un clima de impunidad generado por el propio Gobierno, que, señalando públicamente a activistas y periodistas, permite que los otros actores sociales se sientan empoderados para ejercer violencia", avisa.

"La violencia es tanto privada como pública", agrega Pereira. "De hecho, cuando la violencia es privada siempre hay componente público, Bolsonaro está apoyando con su discurso y financiando a las grandes corporaciones que deforestan y persiguen a los lideres territoriales. Se está armando a los grandes latifundistas y además la Policía Militar ha creado recientemente un grupo denominado Patrulla Rural que, en lugar de velar por las personas, se encarga de proteger a los grandes productores", denuncia la representante de la Comisión Pastoral de la Tierra. "Las puertas están abiertas para que la violencia pueda campar a sus anchas".

Europa mira hacia otro lado

Buena parte de la destrucción ambiental generada en los ecosistemas brasileños de la Amazonía o del Cerrado se vinculan directamente a las importaciones que Europa realiza de Brasil. Tanto es así que una investigación reciente publicada por el colectivo de periodistas Carro de Combate mostraba cómo las empresas cárnicas españolas están engordando sus cerdos con piensos fabricados con materias primas ligadas a la tala ilegal. El informe citaba algunas multinacionales como Cargill o Bunge, que operan en el viejo continente y certifican sus productos con criterios de sostenibilidad. 

"Hay una relación directa entre la violencia que se desencadena en Brasil y el patrón de consumo de Europa, que no para de aumentar", manifiesta Pereira. "No se pueden plantear soluciones sin pensar ni involucrar a la Unión Europea", advierte la defensora de la Tierra. 

Campos, por su parte, recuerda que los propios estándares ambientales de Bruselas y las políticas contra la crisis climática están incentivando talas masivas en Brasil y en otras zonas del mundo. "Se está apostando por la búsqueda de combustibles alternativos al petróleo y que sean renovables. Aquí entran los biocombustibles que se fabrican a base de soja cultivada en las tierras que son arrasadas. ¿Cómo combates el cambio climático si estás incentivando una cadena de suministro que está ligada directamente a la deforestación?", se pregunta. "Aquí, en España, hay plantas de biocombustibles que importan materias primas manchadas por estas prácticas".