SAO PAULO.- La separación definitiva entre el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el Gobierno de Rousseff ha sido una larga agonía. En el último año su principal aliado (PMDB) amenazó con abandonarla hasta en cinco ocasiones. Tras cada uno de los intentos el PMDB salía fortalecido con algún nuevo cargo y Dilma cada vez más debilitada y alejada de sus bases.

Esta vez el golpe parece definitivo ya que la salida de esta sigla supone un aislamiento casi total de Rousseff en el Congreso (donde el PMDB tiene la mayoría), quince días antes de que se vote su impeachment en la Cámara de los Diputados. Si Dilma perdiera este juicio político se vería apartada definitivamente y el vicepresidente, Michel Temer, también presidente del PMDB, se convertiría en el nuevo mandatario de Brasil, más fortalecido que nunca.

De nada han servido los esfuerzos del ex presidente Lula, que durante la última semana se reunió con diversos cargos de este partido para convencerles de no abandonar el barco. El domingo Temer le advertía al petista que no había nada que hacer: "La decisión ya está tomada". El lunes por la noche el ministro de Turismo, Henrique Eduardo Alves, era el primer pemedebista en abanadonar una cartera ministerial.

El anuncio oficial se hizo esperar hasta bien entrada la tarde del martes. Ninguna de las grandes figuras del partido como el presidente del Senado, Renan Calheiros, el de la Cámara, Eduardo Cunha, o el propio presidente de la sigla, Michel Temer, estuvieron presentes en la reunión que duró apenas tres minutos y en la que proclamaron su ruptura definitiva con el Gobierno por unanimidad popular y no por votos de cada uno de los militantes, algo que incomodó a un pequeño sector del partido todavía fiel a Rousseff.

El vicepresidente del partido, Romero Juca, dio la noticia bajo un coro de militantes que gritaba: "Fuera PT, Temer presidente". Juca aseguró que los seis ministros pemedebistas que quedaban entregarían sus cargos en dos semanas. A su vez advirtió a posibles díscolos que "a partir de ahora el PMDB no autoriza a nadie a ejercer ningún cargo en el Gobierno en nombre del partido". La frase fue dirigida a algunos ministros que habían solicitado la posibilidad de entregar su cartera en junio para tener tiempo de terminar algunos proyectos y sobre todo a la espera de la sentencia del impeachment. Sin embargo el ala más dura de la sigla se mostró firme: "Si de forma individual alguien quiere tomar algún tipo de posición, va a tener que evaluar sus consecuencias en el partido. A buen entendedor pocas palabras bastan", dijo en rueda de prensa.

El PMDB ha sido aliado del PT desde el primer Gobierno Lula y mandato tras mandato fue ocupando más terreno en el Ejecutivo. En las legislaturas de Lula, en pleno boom económico y con el pacto social en el que tanto las élites como las clases trabajadoras salían ganando, esta sigla se mantuvo discreta. En los gobiernos de Rousseff la relación cambió. Las commodities ya no eran la gallina de los huevos de oro y la nueva mandataria no negociaba con la habilidad de su predecesor.

Las elecciones de octubre de 2014 dieron la victoria a Rousseff por un ajustadísimo 51% de los votos. La presidenta gobernaba con muchos menos petistas en el Congreso, mientras que el PMDB se hacía con la mayoría de la Cámara (69 diputados) y del Senado (18 senadores). En el momento en que Rousseff más los necesitó este partido más que aliado funcionó como oposición. La presidenta además de gobernar bajo la constante amenaza del impeachment (finalmente puesto en marcha por el pemedebista Eduardo Cunha), apenas pudo implementar reformas políticas porque el Congreso, una vez más orientado por Cunha, votaba en contra de cada una de ellas. Los pocos cambios que realizó fueron para contentar al partido aliado, lo que le costó el apoyo de sus bases y de su propia sigla (PT). Todo ello bajo el contexto de la operación Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción del país, del que hasta ahora ningún partido ha salido ileso.

'Impeachment' o golpe

Si antes de Navidades la petición de impeachment perdía fuerzas, después de Carnaval este proceso se aceleró sorpendentemente. Las acusaciones contra Lula y contra Rousseff hechas por el ex líder del PT en el Senado, Delcídio Amaral, que aseguraba que tanto ellos como el vicepresidente Temer, el líder del Senado, Renan Calheiros, y el de la oposición, Aécio Neves, estaban vinculados al escándalo de Petrobras, crearon el clima perfecto para que las calles volvieran a recuperar protagonismo. El pasado 14 de marzo casi medio millón de brasileños salieron a la Avenida Paulista a pedir el impeachment de la presidenta.

El nombramiento de Lula como ministro y las escuchas en las que Dilma y el ex presidente hablaban sobre esta decisión, sólo empeoraron el ambiente. Sin embargo, la petición de impeachment que está siendo discutida en la Cámara nada tiene que ver con la operación Lava Jato, que hasta el momento no ha encontrado pruebas que involucren a Rousseff, y menos aún con el efímero cargo de ministro que apenas duró unas horas.

Vista de un pato inflable de 20 metros de altura frente al Congreso Nacional en Brasilia (Brasil), puesto por la Federación de las Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp). Las grandes centrales empresariales de Brasil, lideradas por la Federación de las Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), la mayor y más influyente patronal del país, publicaron un manifiesto pago a favor del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff en los principales diarios nacionales, suscrita por las más de 400 entidades que apoyan la campaña "No voy a pagar el pato" contra el aumento de impuestos. EFE/FERNANDO BIZERRA JR

La destitución de la mandataria se pide por lo que llaman "pedaleadas fiscales", un maquillaje en las cuentas del Gobierno para seguir recibiendo préstamos de bancos públicos y mantener el gasto social. Esta práctica, llevada a cabo por todos los antecesores de Rousseff se considera en palabras del ex ministro Ciro Gomes (PDT): "un crimen contra las cuentas públicas y no un crimen de responsabilidad que es el que ampararía el impeachment". A pesar de no ser un defensor de Rousseff ni del PT, Gomes no se muerde la lengua a la hora de definir la situación como un "golpe blanco" e insiste: "Para salvar la República tenemos que salvar a Dilma".

Esta idea es la que defiende gran parte de la izquierda que entre el descontento con el Gobierno de la presidenta y la indignación ante los escándalos de corrupción apuesta por el respeto de las instituciones democráticas: "No se puede destituir a una presidenta elegida legítimamente porque su gobierno es malo o porque una mayoría de la población no esté contenta. El impeachment es una ruptura grave y necesita de una sólida base jurídica", decía este martes Marcelo Freixo, líder del PSOL, partido a la izquierda del PT y uno de los más críticos con el gobierno Dilma. La defensa de las instituciones también fue uno de los lemas por los que el pasado 18 de marzo casi 100.000 paulistas salieron a la calle contra el impeachment.

Si la izquierda habla de golpe, la derecha asegura que todo está dentro de la legalidad: "Las instituciones democráticas funcionan perfectamente", decía el vicepresidente Temer horas después de anunciar la ruptura de su partido con el Gobierno. A lo largo de la semana tanto esta sigla como la de oposición, el Partido Socialdemócrata Brasileño (PSDB) buscaron la ayuda de los magistrados del Supremo para defender que el impeachment no es un golpe. La jueza Carmen Lúcia decía ante los medios: "El juicio político se contempla en la Constitución, si se respeta el rito del proceso, no sería un golpe". Ante esta aseveración el profesor de Comunicación Política, Wilson Gomes, decía: "Los medios hacen una pregunta tramposa, lo que en realidad hay que cuestionar es si se puede hacer un impeachment sin que haya crimen de responsabilidad o sólo porque la mitad del país odie al partido de la presidenta".

Los números contra Dilma

Como golpe o como juicio político a secas este proceso se votará en la Cámara de los Diputados entre el 12 y el 15 de abril. A día de hoy, con la salida del PMDB del Gobierno, los números de diputados a favor de Dilma se reducen drásticamente. Para frenar este proceso la presidenta necesitaría el apoyo de 171 diputados y por ahora sólo tiene asegurados 91 que vendrían de su partido (PT), del Partido Democrático de los Trabajadores (PDT) y del PCdB (Partido Comunista Brasileño).

El ex presidente Lula anunció el fin de semana que recorrerá el país para convencer a los diputados de mantener a Dilma en el Gobierno. Con la ruptura del partido aliado no sólo quedarían siete ministerios que cubrir sino alrededor de 500 cargos menores que tanto el ex presidente como la mandataria pretenden rifar a partidos pequeños para obtener un voto a su favor.

A pesar de las amenazas de los líderes del PMDB, Lula todavía tiene esperanzas de conseguir algunos apoyos dentro de esta sigla. La gran incógnita sigue siendo el papel que ejercerá el presidente del Senado, Renan Calheiros, hasta ahora el último bastión pemedebista para Dilma y con el que Lula siempre ha tenido buenas relaciones. Por su parte Rousseff anunció en la noche del martes un presupuesto extra en el Diario Oficial del Estado que podría interesar a diputados y senadores para sus respectivos estados, especialmente en un momento de crisis que tiene a la mayoría de las comunidades contra las cuerdas.

El PT también tiene puestas sus esperanzas en las calles. Diversos actos contra este juicio político se anuncian en las redes sociales. Escritores, artistas y músicos como Caetano Veloso o Gilberto Gil han firmado un manifiesto en "defensa de la democracia" y este jueves movimientos sociales y sindicatos se manifestarán "contra el impeachment".
Mientras el PT hace malabarismos para conseguir apoyos, el PMDB se reúne con la oposición (PSDB) y con la Federación de Industrias de Sao Paulo (FIESP) para articular un futuro Gobierno con Temer a la cabeza. En los últimos días se han llegado a dar nombres de posibles ministros para carteras como la de Desarrollo que podría ocupar Paulo Sakaf, presidente de la FIESP y uno de los principales promotores del impeachment, proceso que según la última encuesta de Datafolha ya es apoyado por el 68% de los brasileños.