Con un sistema de salud desbordado, Myanmar se enfrenta a una alarmante situación sanitaria por el devastador impacto de la covid-19, cuando se cumplen este domingo seis meses de un golpe de Estado militar que ha arrastrado al país a un caos social y político.

Las estadísticas oficiales hablan de 294.000 contagios y 8.942 muertos en total, pero muchos expertos consideran que estas cifras no reflejan una realidad mucho más dramática que permanece oculta por la falta de test generalizados, con una capacidad de apenas 15.000 pruebas al día para una población de 55 millones.

Solo en el último mes han muerto más de 5.000 personas por el coronavirus, a pesar de las medidas impuestas por los militares, como el confinamiento nacional decretado el pasado 17 de julio.

Las previsiones más pesimistas, como la que lanzó el Reino Unido este jueves ante la ONU, advierten de que hasta la mitad de la población del país puede estar contagiada en las próximas dos semanas ante la fuerza de la variante delta, que también causa estragos en toda la región del Sudeste Asiático.

En este sentido, un grupo integrado por antiguos representantes de Naciones Unidas en Birmania ha reclamado la intervención humanitaria inmediata de una misión de la ONU para combatir la pandemia.

Al fuerte rebrote del virus a lo largo de todo el país, sumido en una profunda crisis política desde el golpe de Estado militar del 1 de febrero, se suma el colapso del sistema sanitario por las huelgas de médicos y enfermeros en rechazo del mando castrense y el recelo de la población hacia el régimen.

Solidaridad ciudadana

Miles de ciudadanos se encuentran desamparados, sin médicos a los que acudir, con la venta de oxígeno médico restringida a particulares por la escasez, lo que ha generado movimientos de solidaridad ciudadana. Para evitar la violenta represión de la junta militar, los trabajadores sanitarios han creado redes clandestinas para asistir a los enfermos, aunque a la inseguridad también se suma la escasez de medicinas y suministros sanitarios.

Según el periódico The Irrawaddy, en Rangún, la ciudad más poblada del país los contagiados que necesitan ayuda cuelgan ropas amarillas o blancas de sus ventanas para alertar a los vecinos. "Cuando la gente pide ayuda, en la mayoría de los casos significa que toda la familia está enferma o infectada. Me pidieron ayuda en un albergue donde todos los ocupantes estaban enfermos con covid-19. No pueden salir", declaró un trabajador social al diario.

Crisis de Derechos Humanos

La crisis sanitaria se solapa con la de derechos humanos que vive el país desde el 1 de febrero, como denunció este viernes la subdirectora regional de Campañas de Amnistía Internacional, Ming Yu Hah.

"Es un claro ejemplo de la ruinosa mala gestión de los militares de Birmania y el enorme peaje humano. (...) Al perseguir de manera continua a trabajadores sanitarios, amenazándolos y arrestándolos, las autoridades militares han reducido el frágil sistema sanitario al mínimo durante una pandemia global. Es inadmisible y era prevenible", recalcó.

Tom Andrews, relator de Naciones Unidas para Birmania, alertó esta semana de que las fuerzas de seguridad han atacado a al menos 260 trabajadores sanitarios, con desenlace fatal para 18 de ellos, mientras que 67 han sido detenidos y 600 están buscados.

Las detenciones de personal médico son una de las violaciones de derechos humanos denunciadas por múltiples grupos, junto a los arrestos indiscriminados y la violencia de las fuerzas del orden, que han matado a casi 1.000 personas desde que los militares tomaron el poder por la fuerza el pasado 1 de febrero.

"La junta birmana ha respondido a la masiva oposición popular al golpe con matanzas, torturas y la detención arbitraria de gente que solo quiere que se respeten los resultados de las elecciones del pasado año y tener un gobierno que refleje la voluntad popular", denunció este sábado Brad Adams, director de Human Rights Watch (HRW) en Asia.

"Estos ataques sobre la población constituyen crímenes contra la humanidad", recalcó Adams. Los militares justificaron el levantamiento, que acabó con un proceso democrático que ellos habían diseñado un década antes, por un supuesto fraude electoral en las elecciones de noviembre en las que el partido de la líder Aung San Suu Kyi arrasó como había hecho en 2015.