La odisea de la renta básica de emergencia –la han recibido ya sesenta y ocho millones de personas– está siendo la nota a pie de página que acompaña a la pandemia en Brasil. En paralelo a los casi siete millones de contagios y los ciento ochenta mil fallecidos, avanza la plaga del hambre, cebándose con la población expuesta a mayor vulnerabilidad.

En mayo el país se avergonzaba con las colas de la miseria en torno a las agencias de la Caixa Econômica Federal. La presión de las organizaciones de la sociedad civil, propulsadas por la asociación Red Brasileña de la Renta Básica, había convencido a un buen número de parlamentarios para sacar adelante en abril el auxilio de emergencia (600 reales al mes -menos de cien euros- durante tres meses). En agosto, ya era un hecho la insuficiencia de esta renta básica de emergencia y la necesidad de materializar una renta básica permanente que ayude a reparar una desigualdad que ya ha dejado a demasiada gente por el camino.

El ingreso pandémico se logró extender hasta diciembre, aunque el Gobierno federal solo se comprometió entonces con la mitad de la cuantía. Eso también ha llegado a su fin prácticamente, mientras el virus resurge con fuerza. Pero hay que regresar al mes de mayo para situar la lupa sobre el proceso de cobro de esta renta básica de emergencia. La Red Brasileña de la Renta Básica comenzó a hacer un seguimiento del proceso de solicitud y recepción de este auxilio. Las dudas de los requisitos y los fallos de la aplicación móvil necesaria para la solicitud hicieron que Paola Carvalho, directora de Relaciones Institucionales de la asociación, abriera un canal directo de consultas mediante su página de Facebook. Se acumulaban las quejas de solicitudes no aprobadas y pedidos cancelados.

Carvalho cuenta, en conversación con Público, que comenzó a escuchar a beneficiarios, combatir noticias falsas, compartir informaciones reales del proceso, porque "el Gobierno no ofrece informaciones, hay negligencia". La asistente social y activista estrenó un calendario semanal de emisiones en directo para dar consejos, para recabar datos útiles a la hora se seguir presionando al Gobierno de Bolsonaro. Y se dio cuenta de un detalle: las madres solteras y familias monomarentales "son las que más buscaron esta página". Ellas tenían derecho al doble de cuantía. Sin embargo, muchas de ellas nunca pudieron acceder al beneficio. A otras se lo suspendieron a mitad de camino.

Algunas de estas mujeres cabezas de familia aseguran que han llegado a ser hospitalizadas por dolores relacionados por ataques de ansiedad, o diagnosticadas con depresión. Hay casos de desempleadas de más de sesenta años recurriendo a limosnas puntuales para poder comer; y casos de madres que han decidido prostituirse para poder realizar una compra semanal y alimentar a la familia.

La mayoría de las complicaciones para acceder al cobro del auxilio ha surgido del caótico registro ciudadano que se maneja en Brasil. En el caos se incluyen más de dos millones de mensajes de SMS que el Gobierno va a enviar a personas que han recibido la renta básica de emergencia sin tener derecho a ella –en este apartado salió a la luz la confusión con más de cuarenta mil miembros de las Fuerzas Armadas–. En la situación opuesta, el culmen del descontrol son los testimonios de mujeres que no han sido aprobadas en el programa por figurar como fallecidas en los censos gubernamentales. De ahí para abajo, todo tipo de errores, omisiones e irregularidades.

"Conseguimos pactar colaboraciones con despachos de abogados", explica Paola Carvalho, "y logramos acercamientos a la Defensoría Pública de la Unión y a los Tribunales Regionales Federales. La gente tiene miedo. No saben ni cómo enviar los documentos". Las madres cabezas de familia, además, con hijos o familiares a su cargo, no han tenido la oportunidad ni de generar ingresos con trabajos informales.

Censo caótico y problemas judiciales

Sarah (nombre ficticio), que ha conversado con Público, está en paro y se encarga de los cuidados de su madre desde hace diez años. Todavía no ha recibido nada porque el sistema informático de la Caixa Econômica Federal apunta que en su familia existen más de tres salarios mínimos. En realidad, el desactualizado registro la hace formar parte del núcleo familiar encabezado por su hermana y su cuñado. Ahora le es imposible actualizar los datos. A través de las redes sociales y grupos de WhatsApp se enteró de la asistencia que proporcionaba Paola Carvalho, que acabó por direccionarla a uno de los despachos de abogados que apoyan esta causa. Sarah lleva tres meses peleando la renta básica, perdida entre tantas idas y venidas judiciales, alegatos, sentencias, recursos y contrarrecursos.

Otro de los registros anticuados que supuso la suspensión de la renta básica de emergencia fue el de C. N. S., desempleada y con dos niños a su cargo. Cobró un mes y al mes siguiente ya no cobró. En el sistema informático apareció el dato de que la beneficiaria formaba parte de la lista de números de identificación fiscal restringidos, al estar encarcelada en régimen cerrado. Lo cierto es que C. N. S. fue detenida hace trece años, pero solo pisó una celda durante unos días. La Defensoría Pública de la Unión ha logrado enderezar este nuevo desatino.

Las emisiones en directo de la directora de Relaciones Institucionales de la Red Brasileña de Renta Básica se han convertido en el centro de reunión de las cabezas de familia brasileñas que han quedado a la deriva sin el auxilio de emergencia. Se cuentan por millares las vivencias que copan el espacio de diálogo instaurado por Paola Carvalho, que poco a poco va dando sus frutos.

Más allá de las acciones judiciales –la Defensoría Pública de la Unión ha representado ya a cerca de 70.000 personas ante los tribunales–, el día a día sin ningún tipo de ingreso se ha ido sacando adelante para estas familias gracias a la caridad, recopilado donaciones y a ciertas herramientas de protección social. Las organizaciones de la sociedad civil no han relajado su actividad ni un solo instante desde mediados de marzo, y los Centros de Referencia de Asistencia Social (CRAS), gestionados por los estados, han echado mano del Fondo de Combate y Erradicación de la Pobreza –creado hace veinte años a través de una enmienda constitucional– para la adquisición, empaquetado y distribución de alimentos por todo Brasil.