El primer ministro británico, David Cameron, ha pedido al presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, que envíe urgentemente observadores de la Unión Europea a la Verja de Gibraltar.
En la conversación mantenida entre ambos, Barroso ha garantizado a Cameron que no dudará en imponer las leyes vigentes de la Unión Europea a la hora de resolver la disputa sobre los controles en Gibraltar.
El Gobierno británico, además, también ha informado de que está reuniendo pruebas para demostrar que los controles españoles en la Verja son ilegítimos.
El pasado 6 de agosto, fuentes comunitarias informaron de que la Comisión Europea propuso a las autoridades españolas la organización de una 'misión técnica' para observar 'sobre el terreno' los controles fronterizos en el paso a Gibraltar, y aclarar la polémica por los retrasos 'supuestamente excesivos' denunciados por el Gobierno del Peñón.
Esta propuesta se produjo un día después de que Bruselas revelara su intención de mediar en las tensiones entre Gibraltar y España, con una reunión, también de carácter 'técnico', con autoridades españolas entre los meses de septiembre y octubre, frente a las peticiones de Cameron formuladas hoy para que el envío de los observadores se realice inmediatamente.
El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, va a hablar en las próximas horas con el presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, sobre Gibraltar, después de que el primer ministro británico, David Cameron, haya pedido a la CE que envíe de forma urgente observadores a la zona.
Fuentes de La Moncloa han confirmado a Efe que se va a producir esta conversación, y no han querido pronunciarse sobre la petición de Cameron a la espera de lo que hablen Rajoy y Barroso, si bien desde Exteriores se insiste en que España está cumpliendo con la legalidad y los controles en la verja son irrenunciables.
En este sentido, fuentes diplomáticas insisten en que España está en su derecho y obligada a llevar a cabo dichos controles porque Gibraltar no está en el espacio Schengen y asegura que 'no son obstáculo' a la libre circulación de mercancías o personas.
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