Un informe divulgado este martes por Amnistía Internacional documenta detalladamente el apartheid que Israel aplica a los palestinos dentro del país israelí, en los territorios ocupados en la guerra de 1967 y a los refugiados que residen fuera de Israel y de los territorios ocupados, aportando datos que confirman la naturaleza y el alcance de una brutal segregación.

Amnistía Internacional no es la primera gran organización no gubernamental que llega a esa conclusión. Su investigación se inició en 2017 y se ha desarrollado hasta hoy, pero con anterioridad Human Rights Watch y otras ONG, así como investigadores independientes, han llegado a la misma conclusión sobre la dominación y la opresión que día y noche experimenta la población palestina.

Amnistía Internacional insta a la comunidad internacional a que intervenga y no sea cómplice de un sistema construido en torno a la opresión racista institucionalizada y prolongada de millones de personas; y que recurra a las numerosas vías existentes para que "se haga justicia".

Pero esta petición no cuenta con ninguna posibilidad de prosperar mientras EEUU y Europa sostengan el apartheid con una hipocresía palmaria. Como EEUU, las potencias europeas, con Alemania y Francia a la cabeza, se niegan a inmiscuirse y financian a los palestinos para lavar su conciencia sabiendo perfectamente que las ayudas económicas que les dispensan contribuyen a mantener e incrementar la injusticia, la discriminación y el apartheid.

El exhaustivo informe, que consta de 182 páginas, documenta las confiscaciones masivas de tierras y propiedades palestinas, los homicidios ilegítimos, los traslados forzosos, las restricciones a la circulación de las personas o la negación de nacionalidad y ciudadanía a la población palestina, "elementos de un sistema, que, según el derecho internacional, equivale al apartheid".

El informe califica las consecuencias de la ocupación de crímenes de lesa humanidad, un sistema que se mantiene con constantes violaciones de derechos humanos que vulneran el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención contra el Apartheid.

Amnistía Internacional pide a la Corte Penal Internacional que incluya el crimen de apartheid en la investigación que está realizando sobre la situación en los territorios ocupados, e insta a los estados miembros a que apliquen la jurisdicción universal para llevar ante la justicia a los israelíes que perpetran crímenes de apartheid.

"Vivan en Gaza, Jerusalén oriental, Hebrón o en la propia Israel, los palestinos y palestinas son tratados como un grupo racial inferior al que se priva sistemáticamente de sus derechos", afirma Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. "Las crueles políticas de segregación, desposesión y exclusión en los territorios que están bajo control de Israel constituyen sin duda apartheid" y "la comunidad internacional tiene la obligación de actuar".

El informe se basa en gran parte en los trabajos de distintas ONG palestinas, israelíes e internacionales que durante años han confeccionado un detallado corpus de datos relativos a los constantes abusos de Israel. "No hay justificación posible para un sistema construido en torno a la opresión racista institucionalizada y prolongada de millones de personas", sostiene Callamard.

La secretaria general de Amnistía Internacional subraya que "el apartheid no tiene cabida en nuestro mundo" y denuncia a los estados que colaboran, apoyan y protegen el sistema de apartheid de Israel… exacerbando el sufrimiento del pueblo palestino. Para acabar con ello se precisa una enérgica intervención de la comunidad internacional.

El informe denuncia algunas obviedades sobre las que habitualmente se hace la vista gorda, como el hecho de que desde su creación en 1948, Israel trata de establecer y mantener una mayoría demográfica judía y de maximizar el control sobre las tierras y los recursos para beneficiar a la población judía en detrimento de los palestinos. A partir de 1967 esa misma política se empezó a aplicar en los territorios ocupados ese año, incluida Jerusalén oriental.

Todos los gobiernos israelíes han considerado consistentemente que la población palestina es una amenaza demográfica y han aplicado medidas coercitivas para reducir su presencia y su acceso a la tierra, tanto dentro de Israel como en los territorios ocupados, para lo que han "judaizado" de facto el territorio que controlan.

El informe muestra que las autoridades israelíes tratan a los palestinos como un grupo racial inferior, una discriminación cimentada en leyes. En Cisjordania y Gaza, Israel controla el registro civil desde 1967 impidiendo que la población tenga ciudadanía; a la mayoría se la considera apátrida. Se observa que Israel segrega a los palestinos geográficamente en diversos niveles de discriminación "en función de su condición y de su lugar de residencia".

Pero la investigación muestra que toda la población palestina, incluida la del interior de Israel, "está sometida al mismo sistema general". "El trato que da Israel a la población palestina en todas las zonas persigue el mismo objetivo: privilegiar a la población israelí judía en el reparto de tierras y recursos, y reducir al mínimo la presencia y el acceso a la tierra de la población palestina".

Los más afectados son los refugiados palestinos que fueron desplazados durante los conflictos de 1948 y 1967, a quienes se les niega el derecho a regresar a sus antiguos lugares de residencia, en una "violación flagrante del derecho internacional que ha dejado a millones de personas en la incertidumbre perpetua del desplazamiento forzado".

Entre los ejemplos que pone Amnistía Internacional está que a la población palestina se le impide el arrendamiento del suelo en el 80% de las tierras del estado "como resultado de confiscaciones racistas de tierra y de una red de leyes discriminatorias sobre asignación, planificación y zonificación de las tierras".

La magnitud y gravedad de las violaciones documentadas "exigen un cambio drástico en el enfoque de la comunidad internacional", que los estados ejerzan la jurisdicción universal, para lo que tienen la obligación a la vista de la Convención contra el Apartheid, dejando a un lado las habituales "condenas anodinas y declaraciones ambiguas", señala Callamard.

"Israel debe desmantelar el sistema de apartheid y empezar a tratar a la población palestina como a seres humanos con iguales derechos y dignidad. Hasta que eso ocurra, la paz y la seguridad seguirán estando lejos para una y otra parte", concluye la secretaria general de Amnistía Internacional.