BRUSELAS.-Una alfombra roja a las grandes empresas para que se hagan con los contratos públicos de más de cincuenta Estados, a los que impone criterios para conceder licitaciones: así es el TiSA, el acuerdo que tejen la Unión Europea, Estados Unidos y sus aliados, incluidos varios paraísos fiscales, de espaldas a la ciudadanía, y que supone un nuevo golpe sobre el tablero global de los poderes económicos neoliberales.

El nivel de secretismo sobre este pacto es tal que los acuerdos alcanzados entre ese medio centenar de países, todavía en negociación, serán mantenidos en secreto al menos hasta cinco años después de su ratificación, para la que aún no hay fecha. Sin embargo, la última filtración de Wikileaks a la que Público ha tenido acceso en exclusiva para España confirma y amplía las informaciones ya publicadas en este diario hace apenas unas semanas (en colaboración con otros nueve medios de comunicación de otros tantos países, desde Islandia a Australia y de Uruguay a Alemania), que incidían en el carácter antidemocrático del acuerdo.

El TiSA sólo permitirá conceder contratos públicos a la compañías que ofrezcan los precios más bajos, por lo que las multinacionales más poderosas tendrán ventaja 

Así, el Apéndice del Anexo sobre Contratación Pública que impulsa la UE junto a otros tres países –y frente al que ninguno de los otros participantes se opone formalmente en este texto– pretende establecer un marco de obligado cumplimiento para los Estados firmantes que obligará a los gobiernos nacionales, autonómicos y locales a publicitar todos los procesos de licitación de contratos públicos asegurando que todas las empresas de los países firmantes puedan concursar para hacerse con ellos.

Las corporaciones de cualquiera de los países firmantes deberán concurrir en igualdad de condiciones, y los Estados se verán obligados a dejar de lado las consideraciones de su propia industria nacional y los posibles criterios sociales o ecológicos a la hora de otorgar estos contratos. El TiSA sólo permitirá concedérselos a la compañías que ofrezcan los precios más bajos, y por tanto a las multinacionales más poderosas, que afrontan menores costes de producción.

"Las partes [por Estados] deberán asegurar que los contratos se conceden a los proveedores de servicios que, a juicio de la entidad encargada de determinarlo, sean capaces de cumplir las condiciones del contrato, y que han aceptado la oferta más ventajosa o con menor precio, basándose únicamente en la evaluación de los criterios especificados en la documentación aportada en la oferta", reza el texto, que no aclara qué entiende por "más ventajosa", pero que no contempla otras opciones, como dar portazo a empresas que no respeten los derechos humanos.

La negociación mantiene el lenguaje ambiguo y poco concreto de otros documentos del Trade in Services Agreement (TiSA), que dejan la puerta abierta a usar este marco normativo para cualquier tipo de servicios, ya que en casos como el de este anexo no se especifica que ningún sector quede fuera del paraguas de este pacto.

El documento, sin fechar y con una extensión de apenas un par de folios, insiste hasta la saciedad en que los Estados deberán asegurar que cualquier empresa incluso al otro lado del mundo tenga acceso a la información con los "detalles esenciales" sobre el servicio a contratar, las condiciones de participación y "cualquier otra información que los concurrentes puedan razonablemente necesitar para decidir si participar en el concurso".

Las empresas podrán pedir explicaciones a los Gobiernos sobre por qué sus ofertas no han sido seleccionadas y solicitar una revisión de la decisión

Los países deberán establecer los criterios de contratación en base a "especificaciones técnicas basadas en los estándares internacionales", según el texto, que establece también la necesidad de garantizar la "imparcialidad" de las concesiones, acotando "periodos de tiempo apropiados" para concurrir, y garantizando la "transparencia" en las actuaciones de los respectivos Gobiernos, pese a ser un acuerdo internacional que se pretende mantener en secreto.

El documento al que ha tenido acceso este diario recoge que siempre que la legislación nacional de un Estado permita revisar estas licitaciones, las empresas podrán exigir a las autoridades competentes explicaciones sobre por qué sus ofertas no han sido seleccionadas:

"Cuando una legislación nacional facilite un procedimiento de revisión, una entidad de contratación [pública] deberá, bajo demanda, ofrecer a un proveedor no seleccionado una explicación de los motivos por los cuales esa entidad no escogió su oferta y las ventajas relativas de las ofertas de los proveedores que han sido seleccionados, con el detalle suficiente como para que permita la revisión de esa decisión, a petición de un proveedor no seleccionado", reza el Apéndice al Anexo sobre Contratación Pública.

El texto insiste incluso en que la "imparcialidad" y la "transparencia" de los Gobiernos debe servir para evitar "conflictos de intereses", para prevenir prácticas corruptas y para "asegurar que el mercado está abierto a la competencia".

La Comisión Europea habla como la única voz de los 28 Estados miembro en las negociaciones, en las que también participan paraísos fiscales como Suiza o Panamá. Mientras la sociedad civil y algunas formaciones políticas alertan del peligro que entrañan acuerdos como el TiSA o el TTIP (UE-EEUU), negociados en la sombra, la Comisión Europea, que preside Jean-Claude Juncker, evita dar información sobre estos pactos.

Juncker –quien fue primer ministro de Luxemburgo cuando este país facilitó la evasión fiscal masiva de grandes multinacionales, conocida gracias a los LuxLeaks– defiende con razonamientos genéricos que esos tratados secretos servirán para crear empleo y riqueza, pero no entra al fondo de la cuestión y evita dar detalles sobre dichos acuerdos, considerados por sus detractores como las últimas ofensivas neoliberales para blindar con leyes el poder que hoy ya tienen las corporaciones.