Los tribunales españoles investigan actualmente un total de 1.661 casos de corrupción política y financiera, de los cuales 302, por su especial complejidad y número de implicados, tienen la consideración de macroprocesos.

Es el resumen de los datos que ordenó recabar en enero el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, para detectar y poner remedio a los retrasos en la tramitación de estas causas que preocupan de modo especial a los ciudadanos.

La portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, explicó este jueves en rueda de prensa que parte de la culpa de las demoras en estos procesos es de organismos dependientes del Gobierno, en concreto de la Agencia Tributaria y de las unidades especializadas en delincuencia organizada de la Policía y la Guardia Civil (UDEF y UDYCO, respectivamente), por su lentitud en la emisión de informes que le piden los jueces para investigar la corrupción. 

No obstante, Bravo aclaró que los retrasos en esos departamentos se deberán, como ocurre en los juzgados, a problemas de medios personales y materiales. De momento, el Consejo tiene previsto comunicar con los ministerios de Hacienda y de Interior para agilizar la emisión de los dictámenes de esas unidades, que en muchas ocasiones son la base de las investigaciones.

Las 1.661 causas de corrupción están siendo tramitadas en un total de 798 juzgados. El Consejo propone, como primera medida para agilizar estos procesos, nombrar 64 jueces de refuerzo para los juzgados afectados que tengan mayor sobrecarga, a añadir a los 16 adscritos y 11 sustitutos ya aprobados. Además, pedirá al Ministerio de Justicia o a la consejerías del ramo en las comunidades autónomas con la competencia transferida, un aumento de 18 secretarios judiciales y 150 funcionarios de distintas categorías.

El Consejo también reclama la creación en la Audiencia Nacional de una unidad permanente de peritos de apoyo especializados (Agencia Tributaria, Policía), similar a la que ya existe en la Fiscalía Anticorrupción.

Los 1.661 casos de corrupción que están judicializados en España se refieren a alguno o varios de los siguientes delitos: prevaricación por funcionarios públicos; infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios, receptación, blanqueo de capitales, delitos contra el patrimonio histórico, apropiación indebida, fraudes, estafas, y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

Además de estas causas, los juzgados investigan otros 512 asuntos considerados de especial complejidad o macroprocesos por delitos distintos a lo que se entiende por corrupción, como sería el caso de las muertes en el Madrid Arena.

Es decir, en total, son 2.173 causas de especial complejidad –por corrupción u otros delitos– de las cuales 91 se tramitan en los seis juzgados centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional. Por territorios, Andalucía se lleva la palma en cuanto a número de este tipo de casos complejos con 656 (que se tramitan en los 100 juzgados penales abiertos en la comunidad autónoma); seguida de la Comunidad Valenciana (280 casos); Catalunya (215), Canarias (197), Madrid (181) y Galicia (110).

Gabriela Bravo quiso subrayar que los datos del informe se refieren sólo a asunto en trámite –la mayoría en proceso de instrucción–, y no a casos donde haya recaido ya una sentencia condenatoria. Los casos representan el 0,03% del número total de asuntos que ingresan en la jurisdicción penal, aunque el dato no es significativo porque muchos de éstos no pasan el filtro de la admisión a trámite y conversión en una auténtica investigación por el Juzgado.

Estas son las conclusiones –aún provisionales– a las que ha llegado el Servicio de Inspección del CGPJ con los que recabó de toda España por orden de Moliner para dibujar un mapa de las causas judiciales por corrupción y otros procesos de especial complejidad.

Los datos no incluyen el número de políticos investigados en estos casos de corrupción, ni tampoco ha recabado información del Tribunal Supremo, que lleva la instrucción penal a aforados –diputados, senadores, y ministros–.