El Tribunal Supremo ha dado la razón a la Junta de Andalucía y ha revocado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia andaluz (TSJA) que ordenó la apertura de un expediente administrativo sancionador al expresidente de dicha comunidad y vicepresidente segundo del Gobierno, Manuel Chaves, para investigar si incurrió en alguna incompatibilidad por el denominado caso Matsa.

La decisión del Alto Tribunal, de la que sólo se ha conocido el fallo, estima el recurso sin entrar en el fondo. No es necesario, al haber apreciado el Supremo 'falta de legitimidad' de los recurrentes ante el TSJA, que eran varios diputados del PP, encabezados por el secretario general en Andalucía, Antonio Sanz. Estos pretendían lograr que la Justicia anulase el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 31 de julio de 2009, que rechazaba abrir un expediente a Chaves después de que el Gobierno andaluz ratificase una subvención de diez millones de euros a la empresa Matsa, en la que trabaja como abogada su hija Paula.

El PSOE exige a Arenas que pida disculpasal vicepresidente

El PP llevó el caso por la vía administrativa al entender que Chaves vulneró la Ley de Incompatibilidades de Andalucía, sólo después de que el Supremo archivase la vía penal, al rechazar una denuncia del autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias y una querella criminal del propio Partido Popular en la que se acusaba a Chaves de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. El Supremo acabó así con la estrategia de acoso de Javier Arenas, quien por momentos utilizó este tema como su principal ariete contra el Gobierno andaluz en su labor de oposición.

Al zanjar la vía penal, el Alto Tribunal afirmó que el PP denunciaba meras 'conjeturas derivadas de la condición de presidente' de Chaves para articular su acusación. Ayer, la portavoz parlamentaria del PP en Andalucía, Esperanza Oña, manifestó que su partido no renuncia a continuar con la persecución de Chaves por este asunto y anunció un recurso de amparo ante el Constitucional.

El PP replica que 'es él quien tiene que pedir disculpas' y anuncia un recurso

Para pedir la confirmación del acuerdo que rechazaba abrir un expediente, la Junta alegó, precisamente, la falta de legitimación activa de los recurrentes. Argumentaba que el hecho de ser denunciante sólo le atribuye el derecho a que se les notifique el inicio o archivo del procedimiento. Argumentaba que los parlamentarios del PP recurrentes carecían de un interés real y directo en la causa, porque la tramitación del expediente disciplinario 'en nada afecta a su esfera jurídica', ni siquiera en su condición de parlamentarios, 'ya que las responsabilidades políticas se exigen en el Parlamento, no en el ámbito de un proceso contencioso'.

El TSJ de Andalucía entendió, en cambio, que los diputados del PP sí estaban legitimados para recurrir y declaró que el acuerdo que rechazó la apertura de un expediente para investigar lo denunciado resultó 'arbitrario e injustificado'. A juicio del tribunal andaluz, lo trascendente era determinar 'si el alto cargo [Chaves], cuando presidió el Consejo de Gobierno de 20 de enero de 2009 ratificando la subvención y aprobando el gasto a favor de Matsa, conocía que en su dirección, asesoramiento o administración tenía alguna parte el miembro de su familia'.

Chaves reprocha a los conservadores que usaran a su hija en la pelea política

Tras conocerse ayer el fallo del Supremo, el PSOE salió en tromba a defender a Chaves y exigió a Arenas que le pidiera disculpas 'personalmente' al vicepresidente. El PP se negó a hacerlo, manifestó que el Supremo no dice que el vicepresidente sea 'inocente' y replicó con virulencia a la petición de los socialistas: 'Es Chaves quien debe pedir disculpas a los andaluces por los privilegios de los que han disfrutado sus hijos y, particularmente, por haber otorgado una subvención a la empresa en la que trabajaba su hija', manifestó Antonio Sanz, el número dos de Arenas.

El propio Chaves se mostró ayer convencido de que el PP no le va a 'pedir disculpas porque eso exige mucha altura de miras y de eso andan bastante escasos en el PP', dijo. En declaraciones a la cadena Ser, Chaves aseguró que fue 'el rencor' por sus sucesivas victorias electorales en Andalucía lo que llevó a Arenas, a 'presentar esas querellas' por el caso Matsa y defendió que 'en la confrontación política no se puede utilizar a la familia ni a los hijos'. 'Hubiera sido suficiente una confrontación política reflexionó Chaves, seguramente yo hubiera tenido también muchos flancos para atacar desde el punto de vista político, pero él ha querido enfangar todo un periodo de la historia reciente de Andalucía y, lo que es más lamentable, utilizando a los hijos'.

Por otra parte, ayer también se puso fecha al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, formado por magistrados del Supremo y consejeros de Estado. Será el próximo lunes cuando empiece a estudiar quién lleva razón: si la jueza Mercedes Alaya o la Junta de Andalucía en el conflicto que les enfrenta desde que la magistrada requirió, en el caso de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos financiados por la Junta de Andalucía, las actas de todos los Consejos de Gobierno celebrados desde 2001.