Más de 250 diputados, de un total de 350, admiten tener segundas dedicaciones al margen de su responsabilidad política. Otros 85 no reconocen ninguna ocupación privada, según consta en sus declaraciones de actividades. ¿Hay entonces en el Parlamento pluriempleados de lujo? En la mayoría de los casos no lo son. Pero algunas excepciones han movido a la Cámara a romper el secretismo que abona los abusos y a hacer más transparente el proceso de concesión de incompatibilidades.

Público ha querido conocer qué se esconde detrás de las actividades paralelas de aquellos diputados que declaran tener una relación con empresas privadas. Son 29 en total. Nueve pertenecen al PSOE, 19 al PP y uno a CiU. “El problema es que se mete en el mismo saco a diputados que tienen actividades empresariales con un altísimo nivel de ingresos y al resto de parlamentarios”, se queja María Virtudes Cediel, diputada socialista y consejera en la Asamblea General de Caja Madrid, la cuarta entidad financiera de España. Suena bien, pero cobra por esta actividad 800 euros netos al año. Sin embargo, esta diputada figura en la relación de diputados pluriempleados junto a perfiles de ingresos bastante más holgados y, sobre todo, infinitamente menos accesibles.

Y está además este otro dato: muchos diputados piden compatibilizar su escaño con la participación en tertulias de radio o televisión, mesas redondas o ponencias.

“Dedicaciones sí; ingresos, no”. Así resume Cediel la respuesta de la mayoría de los parlamentarios que han accedido a la invitación de explicar sus segundas actividades. Lo han hecho todos, salvo uno del PSOE y los diputados del PP, que se han negado en bloque.

Los conservadores se han limitado a señalar a través de un portavoz que sus diputados “presentaron su declaración de actividades y fueron consideradas compatibles sin que el Parlamento pusiese objeción alguna, así que no consideran necesario hacer más aclaraciones”. Paradójicamente, este interlocutor trasladó al mismo tiempo la voluntad del PP de trabajar a favor de la máxima transparencia sobre las actividades de sus diputados.

El resto de los parlamentarios no han tenido dificultades para hacer públicas sus cuentas privadas. “No es ninguna indiscreción, todo lo contrario”, asegura Eloísa Álvarez, diputada socialista y miembro del consejo de administración de Gesduero SGIIC SA, sociedad de inversiones de Caja Duero. “Percibo 3.800 euros brutos al año, de los que se descuentan 1.362 a Hacienda y otros 379 que entrego a mi partido; en total, netos, ingreso algo más de 2.000 euros anuales”. Álvarez fue alcaldesa de Soria. Desde esa representación municipal llegó a la entidad financiera, arraigada en su ciudad y en Salamanca. “Esta dedicación no afecta a mi trabajo en el Congreso, me ocupa dos horas al mes; no impide mi tarea política”, dice.

Dos horas mensuales. Es el mismo tiempo que dedica Vicente Guillén, diputado del PSOE por Teruel, al consejo de administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, actividad por la que percibe al mes 200 euros como dieta de asistencia, “más el kilometraje”, aclara este parlamentario, que se traslada de Teruel a la sede de la televisión pública aragonesa en Zaragoza un lunes cada mes para participar en el consejo.

“Es injusto, siendo de la misma tierra que Manuel Pizarro, verme en la misma lista que él encabeza por sus actividades privadas, que superan con creces su salario como diputado”, explica Guillén antes de dar la última puntada con hilo al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps: “Yo me pago mis trajes”.

Pizarro, fichaje estrella del PP en las pasadas generales, declara 17 actividades ajenas a su trabajo en el Congreso. Entre las empresas a las que está ligado, se hallan Endesa, Ibercaja, una editorial, una universidad privada y el primer bufete de España por facturación y número de abogados.

La ubicuidad empresarial de Pizarro, que ha amasado un patrimonio multimillonario en el sector empresarial, contrasta con su paupérrima actividad parlamentaria; sólo ha intervenido en el Congreso en dos ocasiones desde que estrenó su escaño. La Cámara cree compatible su abultada nómina de negocios privados con su exigua dedicación pública.

Pilar Grande, diputada socialista por Las Palmas, menciona también las facturas del sastre de Camps para defender su trabajo como directora gerente de Euronordic SL, una clínica “que funciona desde el año 85” y presta servicios médicos a turistas en el sur de Gran Canaria. “Trabajo con cadenas hoteleras, operadores turísticos y seguros privados, nunca con la Administración pública, porque sería incompatible”, explica esta parlamentaria desde 2004, médico de profesión y empresaria junto a más socios de una pyme que da trabajo a una docena de personas. “Creo empleo y, además, mi empresa me permite costear mis trajes y mis vacaciones; no me las tiene que pagar nadie”, ironiza Grande, igualando a Camps con el vicepresidente canario, José Manuel Soria (PP), imputado por un delito de cohecho y prevaricación en el caso Salmón, que investiga el presunto trato de favor de Soria a un empresario sueco que le invitó a un viaje de placer en Noruega.

Muchos diputados mantienen latente una segunda actividad como puente de retorno ante un eventual regreso a la vida civil. “Esa dedicación ajena a la política te aporta tranquilidad ante el futuro –admite Grande–. Si no, sólo podrían dedicarse a la política los funcionarios”.

“Es una válvula de seguridad, porque la actividad política es siempre transitoria. Una actividad secundaria da cierta libertad; no dependo al cien por cien de la política, de las listas”, defiende Àlex Sáez, diputado del PSC por Girona y abogado en el despacho ASC Advocats –“Son mis iniciales y las de mi otro socio, –aclara–. Soy un abogado que se dedica a la política y no al revés. Ahora mantengo esta actividad de manera mínima para dedicarme de lleno a mi trabajo parlamentario, porque un político renuncia a buena parte de su futuro profesional”.

Según explica Sáez, su bufete está lejos de ser un acomodado despacho al servicio de intereses opacos: “Accidentes de tráfico, reclamaciones por lesiones, daños en vehículos, nos dedicamos sobre todo a eso; el despacho me permite, además, tener un conocimiento directo de la Administración de Justicia”.

En la declaración de actividades de este diputado figura también una ya extinguida presencia en el consejo de administración del Club Baloncesto Girona, disuelto en 2008 y al que llegó desde su responsabilidad como concejal en Girona: “Era una actividad no retribuida a la que me incorporé en el tramo final del club, que no fue viable como proyecto”.

Otro parlamentario ligado por su declaración de actividades al sector privado sin serlo ya es Joan Canongia. Diputado del PSC por Barcelona, fue hasta abril consejero de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, ocupando una plaza que correspondía al Ayuntamiento de Manresa, del que era concejal. Sus ingresos al año no superaban los 2.000 euros brutos por esta dedicación.

“Cuando me presenté a diputado, el Ayuntamiento pidió a la caja sustituirme, pero los estatutos de la entidad no lo permiten hasta que no finalice el mandato, que ha terminado el 23 de abril”, confiesa con cierto alivio: “Nunca le di importancia a salir en la misma lista que otros pluriempleados de lujo hasta que un ciudadano me lo reprochó”. Su tarea era plenamente compatible. “Nunca he hecho nada que no debiera”, concluye.

Las razones que justifican la doble actividad son quizá tantas como diputados se dedican a ellas. Ceferino Díaz, parlamentario del PSOE por A Coruña, defiende que el político “tiene que retroalimentarse y estar en contacto con la sociedad”. A eso ayuda, a su juicio, mantener vida activa “mínima y no retribuida” más allá de los muros del Congreso.

En su caso, abre esa ventana desde la compañía Eptisa. Díaz forma parte del consejo técnico asesor de esta empresa de ingeniería “que nació en Galicia”. No cobra por ello “pero si tuviera que pagar por estar allí, lo haría, porque me pone en contacto con la empresa real”, asegura este economista que es también profesor en excedencia de la Universidad de Santiago. El diputado resume su colaboración con esta firma en media docena de contactos al año: “Nos reunimos cada dos meses para hablar de economía, eso es todo”.

Díaz cree injusta la generalización que pesa sobre los diputados que mantienen actividad privada al margen del Congreso. “Hay interesados en sembrar de descrédito la política y se genera confusión; políticos que trabajen en dos cosas hay muy pocos; la política, si la tomas en serio, es una pasión que absorbe mucho”. Este diputado gallego comparte su actividad pública con otra tarea que “forma parte” de su trabajo: difundirla. Escribe periódicamente dos colaboraciones en sendas publicaciones regionales de manera no retribuida: “Un artículo de opinión cada dos semanas en A Nosa Terra, y una columna en Galicia Hoxe, también cada 15 días. Es mi obligación”.

Buena parte de los diputados que han accedido a explicar su actividad en empresas privadas justifican esta relación por vínculos familiares. Es el caso de Román Ruiz, parlamentario del PSC por Barcelona. No percibe remuneración fija de la sociedad Energéticos y Logística 2005, SL. “Si hay dividendos en un futuro, cobraré”, aclara. Ruiz se declara “diputado a tiempo completo”. La firma a la que aparece vinculado es una empresa familiar que gestionan su mujer y su hijo para “explotar un hotel y el alquiler de una nave”.

La misma relación familiar ha llevado uno de los diputados más activos, Josep Sánchez Llibre, de CiU, a la compañía de inversiones ligada a la empresa que levantó su padre, la conservera Dani. “Es una empresa familiar –explica–. Me limito a participar en los consejos de administración cada cuatro meses y nos reunimos siempre en sábado, para que pueda ir; yo me dedico al 150% al Congreso”.

Sánchez Llibre reconoce que percibe “una remuneración aparte” por esta tarea que “no afecta en nada” a su trabajo en la Cámara. “Cualquiera sabe que me puede encontrar allí de lunes a viernes y los fines de semana hago política en el territorio”, aclara este diputado por Barcelona. Las estadísticas del Congreso corroboran su justificación: ha intervenido en 149 ocasiones en la actual legislatura cuando la media de los diputados activos no supera la treintena.

Para atajar la sombra de los excesos en la actividad privada que realizan algunos políticos al margen del Congreso, la Cámara estudia limitar el régimen de incompatibilidades de los diputados. La Comisión del Estatuto del Diputado quiere que el Congreso dote de más “concreción” al régimen de incompatibilidades, según su presidente, el socialista Francesc Vallès. El PSOE propone que estas actividades puedan ser conocidas por todos los ciudadanos a través de la web del Congreso (www.congreso.es).

La reforma, que se encuentra en una embrionaria fase de estudio, saldrá al paso de la polémica que provocó la aprobación de la compatibilidad de las lucrativas actividades privadas declaradas, entre otros, por los diputados conservadores Ángel Acebes, José María Michavila y Fernando López-Amor. Casi un centenar de parlamentarios rechazaron recientemente en el pleno de la Cámara baja, con su voto en contra –gracias a que era secreto–, esta luz verde del Congreso. Vallès admite que el Parlamento ha hecho en ocasiones una interpretación muy amplia del régimen de incompatibilidades hasta situarse “en el límite” de lo admisible. 

3.126 euros, retribución base // Los diputados perciben una retribución mínima de 3.126 euros brutos mensuales, a los que hay que sumar, al menos, un complemento, que varía en función de si el parlamentario ha sido elegido por Madrid o por el resto de circunscripciones.

1.823 euros, el complemento más generalizado // Madrid elige a 35 diputados, que suman a su base salarial un complemento de 870 euros, con lo que su sueldo bruto mensual asciende a 3.996 euros. El resto de parlamentarios percibe 1.823 euros para gastos de alojamiento y manutención, lo que les permite ganar 4.949 euros brutos mensuales.

13.856 euros, el sueldo del presidente del Congreso // José Bono suma otros complementos a su retribución básica para gastos de representación, de libre disposición y como miembro de la Mesa –órgano de gobierno de la Cámara–. En total, suman 13.856 euros brutos al mes.