La portada del diario Público del pasado 21 de noviembre mostraba a un grupo de fascistas, brazo en alto, en la puerta de la basílica del Valle de los Caídos. Con luz y fotógrafos estaban vulnerando la Ley de la Memoria Histórica y nadie velaba en ese lugar por el cumplimiento de la misma.

La transición no puso límites a los que tenían las armas calientes

La ley se aprobó con notables carencias. Después de dos años en vigor no ha identificado a un solo desaparecido, no ha desarrollado el mapa de las fosas y no ha retirado muchos de los monumentos que todavía exaltan la dictadura. Lo que las víctimas del franquismo esperaban de la norma era una correlación coherente entre la gravedad de los delitos cometidos por el franquismo y las medidas destinadas a paliar sus efectos y a penalizar comportamientos de exaltación del dictador.

Las víctimas del franquismo que padecen numerosas agresiones, algunas ancladas en enormes monumentos como el madrileño Arco de la Victoria franquista. Entre otros, los responsables de la Universidad Complutense lo mantienen conmemorando y celebrando (menudo ejemplo para los jóvenes universitarios) el uso de la fuerza en la conquista y el sostenimiento del poder. Ese colaboracionismo de todo tipo de instituciones es la consecuencia de una incapacidad inducida por cuatro décadas de dictadura y una democracia que no ha podido anunciar a los españoles que el franquismo había muerto con Franco.

Amnistía Internacional ha señalado que el Estado español es el que peor formación en derechos humanos tiene del núcleo de la Unión Europea. Mal síntoma para una sociedad en la que el único departamento encargado de velar por los derechos humanos pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores; como si el problema de esas vulneraciones se encontrara fuera y lejos.

Después de dos años en vigor no ha identificado a un solo desaparecido

Esa cultura política ha sido alentada por quienes pilotaron la Transición, incapaces todavía de reconocer públicamente que no pudieron poner límites a quienes tenían las armas todavía calientes en la mano. Han preferido idealizar un proceso que abandonó a las víctimas y entregó impunidad a los verdugos. Recientemente, en un artículo de opinión, Gregorio Peces-Barba aseguraba sobre su papel en la Transición: 'Creo que lo hicimos casi todo'. Ese espíritu es quizá el que ha iluminado una ley que considera 'que no quedaba casi nada por hacer'.

Pero ese 'casi nada' es saber dónde están los más de 113.000 desaparecidos, los miles de bebés robados, primero en las cárceles y luego en clínicas privadas donde eran vendidos a familias adeptas, cuáles fueron los abusos cometidos por miembros de la Iglesia católica y quiénes fueron los perpetradores de todos esos gravísimos delitos.

La regulación del proceso de recuperación de la memoria histórica portaba numerosas insuficiencias. Paradójicamente esas carencias han sido potenciadas por las instituciones que deberían aplicarlas y por las administraciones del Estado que no han velado por el cumplimiento de la norma.

Si hubiera sido así, en la fotografía de ese día de noviembre hubieran aparecido un grupo de policías deteniendo a quienes practicaron apología de la violencia franquista, a las puertas del mausoleo donde se encuentra enterrado el dictador, en una tumba mantenida todavía con los impuestos de sus víctimas.