La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Robles se mostró este jueves muy crítica con el papel jugado por la institución en relación al clamor social contra la regulación legal de los desahucios, por entender que tuvo la oportunidad de encabezar la protesta, realizada por 'los jueces de base y la sociedad', pero optó por ignorar la cuestión.

En declaraciones a Público, Robles destacó además que la denuncia de los jueces contra la Ley Hipotecaria que permite los desahucios, claramente beneficiosa para los bancos, 'pone en evidencia al ministro Alberto Ruiz-Gallardón' cuando dice que el colectivo judicial sólo se preocupa de sus intereses corporativos. 'Lo que piden los jueces es más medios para trabajar en unos juzgados colapsados por miles de asuntos, mucho de ellos planteados por los bancos', ha agregado la vocal.

Margarita Robles se mostró 'muy decepcionada' por la postura adoptada por el Consejo General del Poder Judicial en este caso, en concreto con la decisión del Pleno del pasado 24 de octubre de 'no asumir' un estudio realizado por seis jueces, por encargo del propio Consejo, que denunciaba los abusos en los desahucios, la mala praxis bancaria y la 'extrema agresividad' de la regulación de las ejecuciones hipotecarias en España. 'No hubo la sensibilidad de abordar la cuestión' dentro del Consejo, destaca Robles, que explicó que muy pocos vocales, entre quienes se encontraba el coordinador del estudio, Manuel Almenar, y ella misma, pidieron que se abordase la cuestión y hubiese un pronunciamiento sobre el dictamen. 'La institución no ha estado a la altura de las circunstancias, y ha perdido el tren. En vez de ponerse a la cabeza de la reclamación social en este tema, estando unida a la sociedad y a los jueces de base, ha perdido el tiempo', señaló Robles.

Pero por otro lado, como jueza de carrera que es, se mostró orgullosa y encantada de que hayan sido los jueces, primero los redactores del informe, luego los presidentes de audiencias provinciales, y esta semana, los jueces decanos de toda España, quienes estén reclamando acabar con una legislación hipotecaria 'absolutamente favorable a los intereses de la banca'. De ese modo, han mostrado sensibilidad al drama social de los desahucios, que no encontró eco, sin embargo, en el Consejo.