Todos coinciden en que una ley que entró en vigor en 1882 necesita ser actualizada de una forma global para adecuarse a los tiempos que corren. Una situación que hasta ahora se ha ido salvando con reformas puntuales a modo de parche. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, confirmó ayer que hay un borrador avanzado para reformar en su totalidad la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que, aunque todavía queda 'mucho trecho' por recorrer, ve posible aprobarla esta legislatura.

Entre las principales novedades que incluye el borrador figuran dos especialmente significativas: que la figura del imputado, surgida como una garantía de defensa más, sea sustituida por la del investigado, al haberse asimilado por la sociedad que una imputación equivale poco menos que a una condena, cuando se acuerda en un momento en el que queda toda la instrucción por hacer y el juicio está aún lejano.

La otra es prácticamente un clásico: que la instrucción corra a cargo de los fiscales, para equiparar el sistema judicial español al de los países de nuestro entorno. Los que en la actualidad se encargan de la instrucción se convertirían en jueces de garantías, encargados de velar por el cumplimiento de los derechos de los imputados y las demás partes personadas en el proceso. El borrador también prevé la creación de un juez de Audiencia Preliminar, previo a los que celebrarán el juicio.

Pese a lo avanzado de la legislatura, Francisco Caamaño ve factible que salga adelante antes de la disolución de las Cortes previa a la celebración de las próximas elecciones generales, que, si no se adelantan, se celebrarán en marzo. Fuentes del Ministerio de Justicia señalaron que al borrador todavía le faltan algunos matices, por lo que descartaron que pueda presentarse como anteproyecto de ley a los consejos de ministros previstos para este mes de julio.

En cualquier caso, el titular de Justicia destacó la importancia de consenso para poder sacar adelante la ambiciosa reforma. 'Eso nos llevará los tiempos que nos tenga que llevar, pero queremos una ley mayoritariamente consensuada en el Congreso y el Senado para que sea estable y existan elementos comunes pactados por todos en el proceso penal', afirmó el ministro.

Todas las asociaciones de jueces comparten la necesidad de la reforma, pero también salvo Jueces para la Democracia (JpD) de la necesidad de aumentar la independencia de los fiscales, que pertenecen a un cuerpo jerarquizado en cuya cúspide se sitúa el fiscal general del Estado. Para la asociación Francisco de Vitoria, se dudaría de la tutela judicial si el fiscal de un caso no deja de estar dirigido por un superior.

JpD, que valoró 'muy positivamente' el borrador, lamentó que 'todo apunte a que, por falta de apoyos parlamentarios, la reforma no saldrá adelante'.

Por eso, hizo 'una llamada a la responsabilidad para que, al menos, aquellas partes del texto que tienen por objeto la regulación de las fuentes y medios de prueba y sus condiciones de admisibilidad, validez y eficacia den lugar a una tramitación parlamentaria urgente para su aprobación inmediata, pues no debieran ser problemáticas en un Estado que se dice Constitucional'.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, calificó el anuncio de 'acto de vistosidad' del Ministerio de Justicia para diluir la polémica creada con laFiscalía con las enmiendas al Proyecto de Ley de Agilización Procesal.