'El Gobierno quiere que haya un informe claro, independiente de los hechos', aseveró ayer la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad Jiménez, en su comparecencia ante los grupos parlamentarios para explicar lo ocurrido en el campamento Gdeim Izik. El estreno de Jiménez en el Congreso fue tenso, entre acusaciones de 'complicidad' con Marruecos y llamadas a que el Ejecutivo condene o sea más exigente con el país vecino.

Ante la confusión que existe en torno al número de víctimas, heridos y detenidos, la jefa de la diplomacia española señaló la necesidad de contar con un informe de carácter independiente que ayude a arrojar luz sobre el desmantelamiento del Campamento Dignidad y los hechos que sucedieron después en la ciudad de El Aaiún. En línea con la 'cautela' mostrada desde el principio, Jiménez insistió en huir de 'especulaciones'.

Por ello, apuntó que ese informe debería ser redactado por un organismo independiente 'que ambas partes acepten'. Tras concluir el debate, la ministra indicó a los periodistas que estaba pensando en organizaciones que trabajan en la zona, como Human Right Watch, ACNUR o la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO).

En este sentido, Jiménez reiteró la posición, mantenida por el Gobierno hace unos meses ante el Consejo de Seguridad de la ONU, de 'ampliar la vigilancia y el componente de derechos humanos' de esa misión. En tono contundente, la ministra subrayó que 'hay muchos interrogantes' y apostilló que en juego está 'poder dar una respuesta política y que se produzca el proceso de descolonización que aún está sin completar'.

Conocedora de la 'especial sensibilidad' que genera este tema en España, la titular de Exteriores recordó que el Sáhara Occidental es uno de los 16 territorios 'no autónomos' inscritos en la lista de la Asamblea General de la ONU. La solución, dijo, requiere 'el ejercicio de la libre autodeterminación del pueblo saharauí. El cómo, el cuándo y con qué opciones depende básicamente del acuerdo entre las partes y la comunidad internacional'. También recordó que 'España no es potencia administradora del Sáhara Occidental' desde 1976. Ahora bien, insistió en la 'vinculación histórica' y en la 'responsabilidad política' del país y del Gobierno para seguir trabajando por la resolución del conflicto, favoreciendo 'el diálogo' entre las dos partes.

Pero la defensa de Jiménez del papel del Gobierno de España no caló entre los partidos de la oposición.

El portavoz del PP en la Comisión de Exteriores, Gustavo de Arístegui, calificó el conflicto en el Sáhara Occidental como 'un punto de inflexión de la legislatura' y apuntó que 'esta es hoy una crisis de política interior'. Según Arístegui, los ciudadanos están 'demandando respuestas, transparencia y firmeza'. En su opinión, España 'no tiene credibilidad' como mediador porque el Gobierno 'ha matado el principio de neutralidad'. También se refirió a los derechos humanos, señalando que 'hay que defenderlos frente a todo y frente a todos venga de donde venga la agresión'. Por eso, pidió a la ministra y al Ejecutivo socialista que 'sean firmes con quien hay que ser firme'.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, criticó la tardanza del Gobierno en responder y lanzó una advertencia: 'Si para el PP Irak fue el Waterloo de su política exterior, el tema del Sáhara, si no rectifican, puede ser el Waterloo de su Gobierno'. Llamazares reprochó que el Ejecutivo 'entre de lleno en la complicidad' con Rabat y lamentó que haya perdido 'toda su autonomía'. Además, pidió a Jiménez que condene los hechos 'al nivel del Gobierno francés'.

Según el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, la política exterior del Gobierno ha 'dado un paso atrás' y criticó la 'absoluta hipocresía del Estado español y otras democracias' en su posición sobre el Sáhara Occidental. Desde el PNV, su portavoz, Josu Erkoreka, afirmó que su grupo no podía 'aprobar la gestión del Gobierno en esta crisis', ya que parece querer 'escurrir el bulto' en el conjunto de la comunidad internacional. En su opinión, 'no vale lamentar, hay que condenar'.

Más moderado en el tono, el portavoz de CiU, Jordi Xuclà, defendió una 'buena interlocución con Marruecos', pero echó en falta más información y se preguntó si la ministra 'no tiene o no puede' facilitarla. También señaló que España tiene que 'tomar decisiones' porque la UE está esperando que lo haga para trazar un camino.

En nombre del PSOE, Elena Valenciano insisitió en los relatos 'diametralmente opuestos' de las dos partes sobre lo ocurrido en el Sáhara y defendió que la MINURSO se ocupe también de 'la observación de los derechos humanos'. La dirigente socialista abogó por que el Gobierno siga cumpliendo con su 'responsabilidad' pese a la 'marea de críticas e incomprensión'.