“En Madrid hay una desviación muy importante entre la población potencialmente dependiente y las personas valoradas y atendidas”. A la denuncia que hizo ayer la secretaria de Estado de Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, Amparo Valcarce, los sindicatos le ponen cifras.

Según denuncia UGT, unos 110.000 dependientes madrileños se deberían estar beneficiando de las prestaciones que ofrece la ley de Dependencia. La cifra de beneficiarios asciende a 15.821. Y según las cifras que baraja el Ministerio de Educación y Políticas Sociales, en la región hay unos 133.695 dependientes, aunque sólo los grandes dependientes y los dependientes severos de grado 2 se pueden acoger a la ley.

El Gobierno madrileño alegó problemas con el sistema informático, que le impedía poner al día los datos de la implantación de la ley en la región. Valcarce aseguró que cuando el ministerio se puso en contacto con el ejecutivo de Aguirre, “no se volvió a quejar”. Pese a todo, la secretaria de Estado aseguró que “está en la senda en que puede encontrar esa eficiencia”.

El dependiente que quiera solicitar la ayuda a la dependencia en la Comunidad de Madrid debe llamar al 012. No existen oficinas donde solicitar información e iniciar el trámite de forma presencial, según confirman en este número telefónico de atención. La secretaria de Políticas Sociales de CCOO, Pura García, denuncia que esto supone una falta de información y una traba a la implantación de la ley en la región.

Por otra parte, una de las principales críticas a la gestión madrileña que hace CCOO es que el Gobierno de Aguirre ha sacado del tradicional circuito de trabajadores sociales, en contacto directo con el ciudadano, la labor de reconocer el derecho a las prestaciones. Ahora la gestión recae en una dirección general, según CCOO, ajena al ciudadano.

Una de las críticas recurrentes a la gestión de la ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid se basa en el bajo número de ayudas económicas concedidas a cuidadores, 20. La Comunidad de Madrid recuerda, tal y como insisten los sindicatos, que la ley de dependencia persigue, más que conceder ayudas económicas, crear las infraestructuras y los servicios suficientes para atender a los ciudadanos dependientes, de forma que su cuidado no recaiga, como ocurre por tradición, en los familiares.

En la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, explican que la orden que regula estas ayudas en Madrid se aprobó en junio (fue la última del Estado) y destacan que la mitad de las prestaciones reconocidas consisten en plazas en residencias.