La situación de inestabilidad en Libia (segundo proveedor de petróleo para el país) y otros estados productores de crudo ha llevado al Gobierno a activar el nivel 1 de alerta energética, tal y como marcan los protocolos de actuación de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

De momento, no hay problemas de suministro, pero sí 'inestabilidad de los mercados', lo que implica la puesta en marcha de 'medidas informativas, persuasivas y preventivas'. El Ministerio de Industria contempla otros dos escenarios si la situación empeora. El primero (nivel dos) se activaría en casos de interrupciones temporales de suministro y desequilibrios entre oferta y demanda. Supondría, entre otras medidas, la activación de las reservas mínimas de seguridad (la ley obliga a disponer del equivalente a 92 días de consumo de productos petrolíferos) y la adopción de restricciones temporales de la demanda (por ejemplo, el uso de matrículas alternas para restringir el tráfico rodado).

El tercer nivel de alerta, para la hipótesis de 'graves problemas de suministro', implicaría medidas de 'racionamiento' de la demanda, el uso de fueloil en las centrales de ciclo combinado (que habitualmente queman gas natural para producir electricidad) y la utilización 'máxima' de carbón en las centrales eléctricas. En esta hipótesis, se vería plenamente justificado el polémico decreto para incentivar el uso de carbón nacional en las centrales eléctricas. La norma está pensada para aliviar la crítica situación de la minería, pero el Gobierno siempre ha defendido que responde a razones 'estratégicas'.