La Fiscalía General del Estado no es partidaria de investigar conjuntamente el caso de los robos de niños que se registraron durante el franquismo, los primeros años de la democracia y hasta la década de los ochenta. Entiende que no hubo una mafia organizada que trabajara coordinada en todo el territorio nacional y, por eso, aunque aún estudia el asunto, su actuación previsiblemente consistirá en derivar cada caso concreto a la Fiscalía territorial que corresponda.

Es decir, enviará al ministerio público valenciano, por ejemplo, los casos denunciados que se produjeron en el País Valencià; al de Madrid, los de esta comunidad; y así sucesivamente. Estas fiscalías deberán entonces abrir diligencias como en su día hizo la Fiscalía de Cádiz con los casos que se denunciaron en esta provincia.

Los denunciantes recibirán esta semana la decisión definitiva

Fuentes fiscales recordaron que el único órgano que tendría competencia en todo el Estado para realizar una investigación como la solicitada sería la Audiencia Nacional, y su Fiscalía ya se mostró en contra de que asumiera el caso. Su fiscal jefe, Javier Zaragoza, informó el pasado 7 de diciembre de que los delitos que se habrían cometido con el robo de niños habrían prescrito y, en cualquier caso, no formarían parte de los que la ley pone bajo competencia de este tribunal.

En lugar de apoyar la investigación que le reclamaban los miembros de la plataforma Grupos de Afectados de Clínicas de Toda España de la Causa de Niños Robados, envió una carta al Ministerio de Justicia en la que abogaba por la creación de una oficina específica de atención a estas víctimas, 'por ser de estricta justicia'. En ella se podrían coordinar todas las actuaciones dirigidas a la identificación y concreción de los casos. También proponía adoptar medidas para facilitar la búsqueda en archivos públicos y privados.

Las asociaciones discrepan sobre las connotaciones políticas del delito

Casi dos meses después, el pasado 27 de enero, la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) también dio un paso adelante: presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia con 261 casos documentados de robos de niños.

La asociación aún no ha recibido una respuesta oficial según fuentes fiscales, se le comunicará esta misma semana, por lo que por la tarde declinó hacer declaraciones sobre el adelanto de la posición fiscal. Su abogado, Enrique Vila, se mostró optimista por la mañana ante los medios con el anuncio de la decisión que se prevé adoptará la Fiscalía; por la tarde, estaba ilocalizable.

Cuando presentó la denuncia, explicó que el objetivo era lograr que se abriera 'una investigación con un criterio unificado en todas las fiscalías'. Y eso también será posible si la Fiscalía General reparte entre los ministerios públicos territoriales los casos, aplicando el principio de territorialidad. Sólo hará falta que los fiscales jefes respectivos se coordinen entre sí, como ocurrió con el abandono de las torres de control por los controladores en el puente de la Constitución.

La reclamada coordinación de todas las fiscalías también se lograría con la designación de un fiscal coordinador que se ocupe en exclusiva del robo de niños que comenzó durante el franquismo y se prolongó hasta la década de los ochenta.

Aunque, a juicio de la Fiscalía, no existe una única organización que operaba en toda España con un único plan de actuación, todos los casos presentan similitudes. Se trataba de familias desfavorecidas a las que decían que el bebé que acababan de tener había fallecido. Les recomendaban no ver el cadáver y el niño era entregado a la familia compradora que lo inscribía a su nombre en otra provincia.

Pero, pese a esas similitudes, ni las propias organizaciones que representan a las víctimas comparten la misma sensibilidad en cuanto a las connotaciones políticas que podría rodear los delitos que denuncian.

Mientras que la plataforma Grupos de Afectados de Clínicas de Toda España de la Causa de Niños Robados vincula sus casos a los crímenes del franquismo que intentó investigar el juez Baltasar Garzón, Anadir rechaza esta posibilidad. Cuando presentó su denuncia en la Fiscalía General, algunas de las personas que se concentraron portaban pancartas con el lema 'No somos memoria histórica'. En lo que sí coinciden todas es en la necesidad de que se investigue lo que les pasó a sus familias.