Si las máquinas de apuestas incluyesen temas judiciales, la cita de este viernes en la Audiencia Nacional tendría un clarísimo favorito. Siguiendo lo marcado por la ley, el pleno de la Sección Primera de este tribunal se reunirá para analizar las peticiones individuales realizadas por 13 presos de ETA que reclaman el acercamiento a la cárcel de Zaballa, en Vitoria. Son las primeras, pero habrá muchas más. De esta manera, los reclusos buscan algo que, de momento, parece imposible: un cambio en la política penitenciaria del Gobierno, lo que supondría el fin de la dispersión carcelaria.

Estos recursos forman parte de la estrategia trazada por el denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, por sus siglas en euskera), que en diciembre de 2013 realizó una histórica declaración en la que reconocía “con toda sinceridad el sufrimiento y daño multilateral generados” y aceptaba que el “proceso de vuelta a casa” ─en el que situaban de “manera prioritaria” el traslado a cárceles vascas─ se efectuase “utilizando cauces legales, aun cuando ello conlleve implícitamente la aceptación de nuestra condena”.

Sólo cuatro de los 334
presos de ETA están en cárceles vascas

A partir de entonces, los presos de ETA y de otras organizaciones de la izquierda abertzale iniciaron el largo recorrido judicial para tratar de conseguir el cese de la política de dispersión, una medida de excepción que se impone únicamente a los reclusos condenados por delitos de terrorismo desde hace ya 25 años. Según datos de este colectivo, en la actualidad hay 334 presos en cárceles españolas. De ellos, sólo cuatro están en Euskadi, mientras que los restantes 330 se encuentren alejados del País Vasco. En aproximadamente 80 casos, las distancias rondan entre los 800 y los mil kilómetros.

En una primera instancia, 320 presos de este colectivo presentaron recursos individualizados ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que respondió de manera negativa a todas las demandas. Cerca de 30 de ellos recurrieron entonces al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, donde presentaron sendas quejas por “vulneración de derechos fundamentales”. Allí también recibieron un no rotundo por parte del juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, quien argumentó que la dispersión no atenta contra ninguno de sus derechos.

Sin esperanzas

Ahora es el turno de la Sección Primera Audiencia Nacional, donde ya están los primeros trece recursos. A pesar de que aún no se conoce la resolución que adoptará este tribunal, en el entorno de los reclusos se niegan a creer en los milagros. “Estamos ante un debate crucial, pero no tenemos muchas esperanzas”, indicó a Público el portavoz de Etxerat –asociación de familiares de presos de ETA-, Urtzi Errazkin. “Sabemos que la puesta en marcha de la dispersión fue una decisión política, por lo que su final también lo será”, remarca.

Si estos pronósticos se confirman, los presos abertzales seguirán su trayecto judicial en el Tribunal Constitucional, aunque las verdaderas expectativas están a unos 1.600 kilómetros de Madrid: una vez fracasados los intentos en España, los reclusos tienen previsto recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo. No en vano, fue allí donde en octubre de 2013 se decretó la anulación del alargamiento de condenas que se aplicaba gracias a la Doctrina Parot.

“Presunción de inocencia”

En los recursos que este viernes serán estudiados por la Audiencia Nacional, los abogados de los reclusos vascos insisten en la “vulneración de derechos” que provoca la dispersión, al tiempo que advierten que la propia ley penitenciaria española reconoce que los presos deben estar en prisiones cercanas a sus lugares de domicilio. Además, consideran que existe un “chantaje” contra sus defendidos y remarcan que distintas instituciones vascas –entre las que figura el Parlamento Vasco- ya se han pronunciado a favor del reagrupamiento.

"La dispersión se está aplicando a presos preventivos, no a gente condenada", denuncian

“Hay otro dato importante: la dispersión se está aplicando a presos preventivos, no a gente condenada. De esta manera, se viola la presunción de inocencia”, indicó a Público el abogado Iñaki Goioaga, uno de los encargados de la defensa jurídica de este colectivo. “Tenemos el caso de Idoia Zamakona, una mujer que estuvo cuatro años presa en la cárcel de Algeciras y posteriormente, cuando se celebró el juicio, fue absuelta”, subrayó.

Con esos antecedentes, Goioaga no ocultó su “escepticismo” ante lo que pueda ocurrir este viernes en la Sección Primera de la Audiencia, al tiempo que confirmó la intención de los presos de llegar, si es necesario, hasta Estrasburgo. Cree que entonces, y sólo entonces, habría ciertas esperanzas de terminar con la política de dispersión. “Ya existen al menos dos resoluciones del TEDH contra el alejamiento de presos en dos estados europeos”, recordó. El abogado se refiere a las sentencias dictadas contra Rusia y Ucrania por las medidas de dispersión que habían aplicado contra tres reclusos, quienes tuvieron que ser trasladados a cárceles próximas a sus hogares. De momento, España sigue siendo una excepción.