La denuncia contra la Real Academia de la Historia llega a la Fiscalía General del Estado. El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que investigue los contenidos presuntamente injuriosos del Diccionario Biográfico Español.

García Calderón ha resuelto en un decreto abrir diligencias de investigación penal a raíz de la denuncia interpuesta por un grupo de ciudadanos de Granada contra la Real Academia de la Historia y los autores de las entradas del Diccionario Biográfico Español referidas al franquismo.

En el decreto, el fiscal superior de Andalucía entiende que la investigación es competencia de la Fiscalía General del Estado 'por la referencia a unos hechos que exceden completamente de su ámbito de actuación, por cuanto afectan a todo el Estado' y habida cuenta de la trascendencia 'de la denuncia que ha sido presentada'.

La resolución de la Fiscalía Superior de Andalucía destaca que, según la denuncia, los textos referidos en el Diccionario Biográfico Español no pueden ampararse en la libertad de expresión, información o cátedra y afirma que 'pueden constituir un delito', de acuerdo con el artículo 510 del Código penal, que, en su apartado segundo, 'castiga a los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre grupo o asociaciones en relación a su ideología, religión o creencias'.

El decreto de la Fiscalía Superior de Andalucía también alude al artículo 607, apartado segundo, del Código Penal, que 'sanciona la difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de distintas formas de genocidio'.

En los antecedentes, el fiscal superior cita, como argumentos favorables' las resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para la condena del régimen franquista, que se califican 'el régimen político imperante en España como un régimen de naturaleza fascista impuesto al pueblo español por la fuerza, que debe ser condenado'. Además, el decreto alude a la condena a la dictadura franquista realizada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 2006.

En los fundamentos, la Fiscalía Superior de Andalucía afirma que el Diccionario Biográfico Español es un proyecto lexicográfico 'extraordinariamente ambicioso iniciado en 1999 que alcanzará un total de 40.000 biografías' y destaca que la Real Academia de la Historia es 'una institución con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar que tiene como finalidad primordial la de ilustrar e investigar el pasado'.

García Calderón subraya expresamente al artículo 19 de los estatutos de la RAH, que se refiere a 'la responsabilidad de los autores de las obras publicadas, señalando que los autores de las obras que la Academia publique serán responsables de su contenido. La Academia, al imprimirlas, sólo reconocerá que son merecedoras de ver la luz pública'.

El decreto de la Fiscalía Superior de Andalucía responde a la denuncia presentada por un grupo de ciudadanos de Granada, encabezada por el catedrático de Lengua de la Universidad de Granada Emilio García Wiedemann, y suscrita por más de 800 ciudadanos, en la que solicitaban que se abriera una investigación para exigir responsabilidades a los dirigentes de la Real Academia de la Historia y autores de determinadas entradas del Diccionario Biográfico Español, que han difundido informaciones injuriosas sobre el golpe de Estado de 1936 y sus consecuencias, falseando la verdad, con el ánimo de rehabilitar las figuras de los sublevados y justificar el genocidio franquista.

En la denuncia, que consta de cincuenta folios, los denunciantes consideran que la Real Academia de la Historia, valiéndose de subvenciones públicas, ha promovido y difundido un documento de consulta muy importante con unos fines claramente manipuladores e injuriosos.