Accionar los frenos de emergencia del suburbano como señal de protesta por la subida de tarifas, con los convoyes parados en las estaciones y con las puertas abiertas, podría tener un castigo similar e incluso superior al que podría enfrentarse una persona que hubiera abusado de menores o cometido un homicidio por improducencia, delitos penados con entre cuatro y seis años de prisión y entre uno y cuatro respectivamente.

Hasta a ocho años de cárcel se enfrentan los seis jóvenes, la mayoría estudiantes, acusados de sendos delitos de coacción y desórdenes públicos por provocar durante entre diez y once minutos la parada de una decena de trenes de ocho líneas de la red de metro de Madrid el pasado 29 de mayo. Lo hicieron en una acción de protesta contra la subida de tarifas del suburbano y la disminución de la calidad del servicio. Ninguno de ellos tiene antecedentes penales ni policiales. 

Como consecuencia de esta acción no hubo daños personales ni materiales, ni se registraron incidentes graves, aunque sí hubo ligeras demoras en el servicio y, según Metro de Madrid, hubo 90.000 viajeros afectados. Además, el consejero delegado de la compañía, Ignacio González Velayos, aseguró que la acción de protesta puso 'en riesgo la seguridad ferroviaria'. A este precepto se acoge Metro de Madrid, la entidad denunciante, para acogerse al agravante de haber causado 'un grave daño para la circulación ferroviaria' que recoge el artículo 562. 2 del Código Penal y por el que el juez podría pedir hasta cinco años de prisión a los seis imputados sólo por el delito de desórdenes públicos. 

El abogado de los activistas, Erlantz Ibarrondo, considera 'complicado desde el punto de vista jurídico' que un juez pueda probar que se cometió un 'grave daño' en una acción en la que 'un grupo de personas activó los frenos de emergencia en vagones de metro parados y con las puertas abiertas'.

Además de hasta los cinco años de prisión por los supuestos desórdenes, los activistas se enfrentan a entre seis meses y tres años por otro presunto delito de coacciones, lo que sumaría una posible pena máxima total de hasta ocho años. Delitos como colaboración con banda armada o violación están penados con entre cinco y diez años de prisión o entre cuatro y diez años respectivamente.

'No entendemos quién pudo sentirse coaccionado. A nadie se le impidió hacer nada y tampoco hay denuncias de ningún particular', señala Ibarrondo. En este sentido, denuncia la 'desproporcionalidad' de los delitos que se les imputan e insiste en que existe una campaña política y mediática para desprestigiar estas acciones, tal y como señalaron ayer los propios activistas en una rueda de prensa. 

El letrado que asiste a cinco de los seis imputados, aunque ve 'difícil' la aplicación de estos delitos, no cree que el caso pueda llegar a archivarse 'por la trascendencia mediática que ha tenido'. La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, también avisó de que los promotores de este tipo de acciones en el metro de Madrid 'no se irían de rositas'.

Por otras acciones de protesta contra el tarifazo, las que se llevaron a cabo el 25 de abril de 2012, hay otras dos personas acusadas también de desórdenes públicos que además tienen vetado el acceso al suburbano.